Madrid, 4 de noviembre de 2025 – El Congreso de los Diputados ha sido testigo hoy de un torrente de dolor y acusaciones durante las comparecencias de las víctimas de la devastadora DANA que azotó la Comunidad Valenciana. En un ambiente cargado de emotividad, los testimonios han coincidido en un señalamiento directo al Gobierno de la Generalitat, y en particular, al presidente en funciones, Carlos Mazón, responsabilizándolo de la magnitud de la tragedia. Las familias, destrozadas por la pérdida de sus seres queridos, claman por justicia y exigen responsabilidades políticas, elevando la voz para que no se repita una catástrofe de tal magnitud.
Desde las primeras horas de la mañana, el Salón de Comisiones se convirtió en un escenario de desolación. Rosa María Álvarez Gil, visiblemente afectada, lideró el primer embate contra la gestión de Mazón. «Tenían las herramientas, pero eligieron no usarlas», sentenció, refiriéndose a la falta de alertas tempranas y planes de evacuación efectivos. Su testimonio fue respaldado por Carmina Gil, quien perdió a su suegra en la riada. «La gestión fue nula, una cadena de errores imperdonables», afirmó con la voz entrecortada. Ambas, junto a otros comparecientes, insistieron en que la tragedia no fue un mero desastre natural, sino el resultado de decisiones políticas erróneas y una alarmante falta de previsión.
La tensión en la sala aumentó con la declaración de Ernesto Martínez, tío de Elisabeth Gil, aún desaparecida. Su experiencia como técnico en prevención lo llevó a realizar una crítica implacable: «Mazón no estuvo al frente de la emergencia, abandonó su responsabilidad». Martínez no dudó en calificar al presidente en funciones de «asesino», sumándose a la exigencia de prisión para el principal señalado. El eco de sus palabras resonó en el Congreso, dejando una profunda huella en los presentes.
Pero fue el testimonio de Dolores Ruiz, quien perdió a su marido e hijos en la riada, el que más conmovió a los miembros de la comisión. Sin papeles ni discursos preparados, su dolor crudo y desgarrador inundó la sala. Entre lágrimas, clamó: «Me los han matado». Sus palabras, simples y directas, encapsularon el sentimiento de todas las víctimas presentes: la DANA no fue un accidente, sino una consecuencia evitable de la negligencia y la inacción.
Mientras las víctimas relataban sus experiencias, los grupos parlamentarios exhibían una profunda división. ERC, Sumar, Podemos y PSOE lanzaron duras críticas contra Mazón, Feijóo y el PP, acusándolos de inacción y falta de empatía. Por su parte, PP y Vox intentaron desviar la atención hacia las responsabilidades del Gobierno central, generando un clima de tensión y confrontación.
La comisión de investigación continúa su curso, con la promesa de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades políticas correspondientes. Sin embargo, para las víctimas, la verdadera justicia reside en la asunción de responsabilidades y en la implementación de medidas efectivas que prevengan futuras tragedias. La exigencia de «Mazón a prisión» resuena con fuerza en la sociedad valenciana, marcando un punto de inflexión en la política regional y nacional. El futuro político de Carlos Mazón pende de un hilo, mientras las víctimas aguardan con esperanza un veredicto que les permita cerrar este doloroso capítulo. La memoria de los fallecidos y el clamor por justicia son ahora el motor de un cambio inevitable.
Las dramáticas comparecencias en el Congreso, con el eco atronador de «negligencia» y el grito desgarrador de «me los han matado», no deberían servir como mero ejercicio catártico o, peor aún, como arma arrojadiza en la arena política. La búsqueda de culpables, aunque comprensible ante la magnitud de la tragedia, corre el riesgo de eclipsar lo fundamental: una profunda reflexión sobre la cultura de la prevención y la gestión de riesgos en nuestro país. Resulta imprescindible analizar con rigor los protocolos existentes, identificar las fallas estructurales y destinar los recursos necesarios para garantizar una respuesta eficaz ante futuras emergencias. Reducir todo a una cuestión de nombres y apellidos, por más tentador que sea, podría ser un error fatal, condenándonos a repetir los mismos errores una y otra vez.
La exigencia de responsabilidades políticas, legítima y necesaria, no debe convertirse en un linchamiento público que impida un análisis sereno y objetivo de los hechos. El señalamiento directo a Carlos Mazón, aunque comprensible a la luz de los testimonios, requiere un escrutinio exhaustivo y transparente, que vaya más allá del clamor popular y se base en evidencias sólidas y contrastadas. Es fundamental determinar si existió una negligencia real, una falta de previsión culpable o, simplemente, una serie de errores en la gestión de una crisis de proporciones inéditas. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir la justicia en venganza y la búsqueda de la verdad en un mero ajuste de cuentas político.
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