La investigación judicial en torno al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido popularmente como Tito Berni, ha dado un giro significativo. La magistrada del Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Farizo, ha afirmado que Fuentes se encuentra «a la cabeza» de una presunta trama de extorsión dirigida a empresarios ganaderos de Canarias, un escándalo que resuena intensamente en la comunidad local y más allá. Este nuevo desarrollo se desvela en un auto que concierne a una pieza separada del caso Mediador, donde se asientan las bases de una serie de acusaciones graves, incluyendo los delitos de cohecho, estafa y revelación de secretos.
La magistrada subraya la sorprendente agilidad con la que Tito Berni gestionaba sus operaciones mientras formaba parte de una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Mensajes enviados a empresarios en noviembre de 2020 revelan una actividad inusitada: el exdiputado, en pleno ejercicio de sus funciones, se conectaba con ganaderos con el fin de facilitarles proyectos potenciales en el sector de energía solar fotovoltaica. Este accionar arroja serias dudas sobre la ética de su desempeño y su uso de información privilegiada para beneficiarse personalmente.
La relación entre Fuentes Curbelo y su sobrino, Taishet Fuentes, quien fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, complican aún más la trama. Taishet, cuyo nombramiento le otorgó acceso a datos esenciales sobre las compañías ganaderas de las Islas, supuestamente operaba bajo las directrices de su tío, utilizando su cargo para recopilar información que sería posteriormente empleada en los planes de extorsión. La magistrada observa cómo el exdiputado aprovechó su trayectoria previa como director general del Ejecutivo canario y su experiencia como empresario en el ámbito ganadero para manejar la situación a su favor.
La dinámica de esta presunta red de extorsión también involucra a otros personajes como el empresario Antonio Bautista y el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte. Este último aparece como una figura clave en la entrega de dádivas y pagos, permitiendo que la trama funcione bajo la apariencia de legalidad. La magistrada describe cómo estos actores se valían de su posición y conexiones para convencer a los ganaderos de que sus aspiraciones empresariales podrían hacerse realidad, siempre y cuando estuvieran dispuestos a ceder a las exigencias de la red.
Las revelaciones de esta investigación no solo ponen en entredicho la integridad de figuras públicas en Canarias, sino que también generan inquietud en el sector ganadero, que se siente amenazado por un sistema que, en teoría, debería velar por sus intereses. Con la fiscalía ya en alerta, el desarrollo de esta historia continúa cautivando la atención de la opinión pública, a medida que se desentrañan los entresijos de una trama que podría cambiar el panorama político y empresarial de las Islas Canarias.
La reciente revelación sobre la presunta trama de extorsión liderada por Juan Bernardo Fuentes Curbelo plantea inquietantes interrogantes sobre la ética y la moralidad en el ejercicio del poder público en Canarias. El hecho de que un exdiputado pueda vincularse a actividades delictivas como el cohecho y la extorsión mientras ocupaba un cargo de responsabilidad en el Congreso de los Diputados no solo mancha su figura, sino que también deslegitima las instituciones que deberían ser un bastión de la transparencia y la confianza ciudadana. La utilización de información privilegiada, especialmente si proviene de un familiar en una posición de relevante influencia como Taishet Fuentes, evidencia un sistema que, lejos de defender la igualdad y la justicia, parece más inclinado a beneficiar a unos pocos a expensas de los intereses de la comunidad. Esta situación, además de ser éticamente reprobable, sugiere una falta de controles internos efectivos que permitan detectar y sancionar este tipo de corruptelas en el entorno político.
Es imperativo que esta situación se convierta en un catalizador de cambio y reflexión en la política canaria. La identificación de actores como Antonio Bautista y Marco Antonio Navarro Tacoronte, que parecen haber operado con una impunidad alarmante, subraya la necesidad de implementar reformas estructurales que aseguren no solo la rendición de cuentas, sino también una mayor vigilancia sobre los vínculos entre el poder político y el sector empresarial. Si bien las investigaciones judiciales son un primer paso hacia la justicia, es crucial que la sociedad civil se mantenga alerta y activa, exigiendo una no solo recuperación de la integridad institucional, sino también un nuevo marco cultural que valore la ética en el servicio público. A través de medidas proactivas y una educación cívica renovada, se puede luchar contra la corrupción y restituir la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
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