El Tribunal Supremo ha lanzado un contundente aviso al Gobierno central, exigiéndole que tome medidas urgentes para garantizar el acceso a la protección internacional de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que se encuentran en Canarias. La decisión, anunciada este jueves, llega tras constatar el "claro incumplimiento" de una orden previa del Alto Tribunal, emitida el pasado 25 de marzo, que instaba a las administraciones central y canaria a actuar para garantizar los derechos de estos menores. El Supremo no solo ha fijado plazos perentorios, sino que ha advertido de que, en caso de incumplimiento, impondrá "medidas coercitivas" a los responsables, señalando directamente a los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Elma Saiz Delgado (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).
La situación en Canarias, donde se estima que hay más de un millar de menores esperando acceder a la protección internacional, es crítica. El Supremo lamenta que, tras dos meses, no se haya evaluado a ningún menor ni se haya elaborado una relación precisa de los mismos, negándoles los derechos que la legislación les otorga, especialmente en su condición de vulnerabilidad. Los magistrados han sido especialmente críticos con la inacción del Estado, señalando que no se ha implicado "eficazmente" en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que son de su competencia, ni ha adoptado medidas para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, una situación que, según el tribunal, es la raíz del problema.
El auto del Supremo impone cuatro medidas al Gobierno central, estableciendo plazos "improrrogables" para su cumplimiento. En primer lugar, se exige que, en un plazo de 30 días, se dote a las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes de protección internacional de los medios personales y materiales necesarios para agilizar los trámites, fijando un máximo de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección y la formalización de la solicitud. En segundo lugar, se requiere al Gobierno que, en un plazo de 15 días, articule una colaboración "eficaz" con Canarias, poniendo a su disposición los recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al sistema de protección internacional, incluyendo un calendario de reuniones.
La decisión del Supremo pone de manifiesto la urgencia de abordar la situación de los menores migrantes en Canarias y la necesidad de que el Gobierno central asuma su responsabilidad en la garantía de sus derechos. El ultimátum lanzado por el Alto Tribunal deja claro que no tolerará más demoras y que está dispuesto a tomar medidas drásticas para asegurar que estos menores, en situación de extrema vulnerabilidad, reciban la protección que les corresponde. La pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo, que deberá actuar con celeridad y eficacia para evitar las "medidas coercitivas" anunciadas por el Supremo.
El Tribunal Supremo ha lanzado un contundente aviso al Gobierno central, exigiéndole que tome medidas urgentes para garantizar el acceso a la protección internacional de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que se encuentran en Canarias. La decisión, anunciada este jueves, llega tras constatar el "claro incumplimiento" de una orden previa del Alto Tribunal, emitida el pasado 25 de marzo, que instaba a las administraciones central y canaria a actuar para garantizar los derechos de estos menores. El Supremo no solo ha fijado plazos perentorios, sino que ha advertido de que, en caso de incumplimiento, impondrá "medidas coercitivas" a los responsables, señalando directamente a los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Elma Saiz Delgado (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).
La situación en Canarias, donde se estima que hay más de un millar de menores esperando acceder a la protección internacional, es crítica. El Supremo lamenta que, tras dos meses, no se haya evaluado a ningún menor ni se haya elaborado una relación precisa de los mismos, negándoles los derechos que la legislación les otorga, especialmente en su condición de vulnerabilidad. Los magistrados han sido especialmente críticos con la inacción del Estado, señalando que no se ha implicado "eficazmente" en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que son de su competencia, ni ha adoptado medidas para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, una situación que, según el tribunal, es la raíz del problema.
El auto del Supremo impone cuatro medidas al Gobierno central, estableciendo plazos "improrrogables" para su cumplimiento. En primer lugar, se exige que, en un plazo de 30 días, se dote a las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes de protección internacional de los medios personales y materiales necesarios para agilizar los trámites, fijando un máximo de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección y la formalización de la solicitud. En segundo lugar, se requiere al Gobierno que, en un plazo de 15 días, articule una colaboración "eficaz" con Canarias, poniendo a su disposición los recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al sistema de protección internacional, incluyendo un calendario de reuniones.
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