El grupo político Sumar ha anunciado la presentación de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con un objetivo claro: prohibir la entrada de menores en espectáculos taurinos, así como su participación como toreros profesionales o en escuelas de tauromaquia. Este impulso legislativo se basa en argumentos sólidos sobre la protección de la infancia y la adolescencia frente a lo que el partido califica como la violencia inherente a la tauromaquia. La propuesta, que ya ha sido registrada, lleva por título «Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia de la Tauromaquia».
En una rueda de prensa, el diputado Nahuel González, representando a la Izquierda Unida, ha destacado la necesidad de este tipo de medidas, subrayando que la exposición a actos violentos no solo afecta el bienestar físico de los menores, sino que también tiene un impacto en su salud psicológica y emocional. «Los estudios muestran que la normalización de la violencia en la infancia y la adolescencia puede tener consecuencias devastadoras en su desarrollo», argumentó el diputado, instando a los demás partidos a considerar la gravedad de la situación.
La proposición de ley modifica varios artículos existentes para establecer una barrera de edad clara: únicamente los mayores de 18 años podrán acceder a eventos taurinos. Esta medida es contundente; no se aceptará el consentimiento parental ni se permitirá la asistencia de menores bajo la supervisión de adultos. La ley contempla sanciones severas para aquellos que incumplan esta prohibición, clasificando la entrada de un menor como una infracción «muy grave». Así, la ley se presenta como un esfuerzo decidido para moralizar el enfoque hacia la tauromaquia en España.
Entre los artículos modificados, uno de los más llamativos se refiere al acceso de los menores a las plazas de toros y la implicación en escuelas taurinas. Actualmente, muchos jóvenes aspirantes a toreros comienzan su formación a los 14 años, mientras que esta nueva legislación elevaría la mayoría de edad para participar en dichas actividades a los 18 años, cerrando así un acceso que ha sido tradicionalmente más temprano. Además, la normativa se extiende a la regulación audiovisual, estableciendo que los contenidos relacionados con el maltrato animal en espectáculos taurinos sean clasificados como «perjudiciales», limitando su difusión y promoción en medios de comunicación.
Sumar, satisfecho con el respaldo que ha ido obteniendo de otros grupos políticos, confía en que esta iniciativa será admitida a trámite en los próximos meses. Con partidos como Junts y PNV, tradicionalmente alineados en temas de protección animal, el equipo de González ve oportunidades para avanzar en esta lucha que, según afirman, debería unir a todos los sectores progresistas. Este movimiento se sitúa en un contexto más amplio de creciente sensibilidad hacia el bienestar animal en la sociedad española, marcando un posible punto de inflexión en la percepción pública de la tauromaquia y su lugar en la cultura nacional.
La proposición de ley presentada por Sumar para prohibir el acceso de menores a espectáculos taurinos es un paso valiente y necesario hacia un cambio de paradigma en la percepción de la tauromaquia en España. Este tipo de iniciativas son vitales en un momento de creciente concienciación sobre el bienestar animal y la necesidad de proteger a los más jóvenes de la violencia normalizada que emana de estos espectáculos. La visión de un futuro donde los menores no estén expuestos a estas prácticas debe convertirse en una prioridad en una sociedad que se dice avanzada. Al poner en duda el valor cultural de la tauromaquia, que con demasiada frecuencia se ha defendido como una tradición inamovible, Sumar invita a la reflexión sobre qué tipo de legado queremos dejar a las futuras generaciones.
Es notable cómo, en aspectos legislativos como este, los partidos políticos pueden encontrar puntos de convergencia en torno a cuestiones de protección y respeto hacia la infancia. Si bien hay quien defenderá la tauromaquia como parte de nuestra cultura, no se puede ignorar el riesgo que implica permitir el acceso de menores en un entorno donde la violencia está presente. La prohibición de su acceso y formación a edades tempranas fortalece el mensaje de que hay alternativas culturales más constructivas y que la violencia no debe ser una opción normalizada. Este movimiento es, sin duda, una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más consciente y sensible, y representa un cambio significativo que, esperemos, inspire más políticas que prioricen la ética y el bienestar sobre la tradición anacrónica.
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