En un contexto de creciente preocupación por la privacidad y la seguridad de los derechos fundamentales, Sumar ha dado un golpe sobre la mesa al presentar una proposición de ley destinada a prohibir la introducción de agentes infiltrados en colectivos sociales. La iniciativa, liderada por Gerardo Pisarello de los Comunes, busca restringir el uso de policías encubiertos exclusivamente a casos de delitos graves, tales como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de seres humanos y el tráfico de armas. Este movimiento se enmarca en la creciente controversia que rodea la infiltración policial en grupos pacíficos, especialmente aquellos relacionados con causas sociales como la vivienda y el independentismo.
La proposición, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), se fundamenta en las recientes revelaciones sobre abusos de poder por parte de los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, en el uso de tácticas de infiltración. Pisarello ha calificado de «alarmante» el patrón de abusos que ha emergido y ha afirmado que tales prácticas vulneran no solo la intimidad de las personas, sino también el derecho de reunión, considerados pilares de una sociedad democrática.
La nueva propuesta introduce un marco riguroso que busca revertir la “inseguridad jurídica” generada por el uso indiscriminado de agentes encubiertos, creando un espacio para un control judicial más estricto y una autorización administrativa más detallada. La reforma estipula la obligación de justificar la necesidad y proporcionalidad de cada intervención policial, además de establecer revisiones periódicas para garantizar la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Este enfoque pone un énfasis significativo en evitar abusos y asegurar que la protección de los ciudadanos no se vea comprometida por prácticas policiales invasivas.
Sumar ha argumentado que, a pesar de que el Ministerio del Interior sostiene que el uso de agentes infiltrados se justifica por los fines perseguidos, en la práctica, esta justificación ha estado marcada por la falta de claridad. Además, han señalado que el uso de tales tácticas ha llevado a la erosión de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Con su propuesta, buscan poner fin a este estado de cosas y garantizar que las intervenciones de la policía se realicen de manera que respete los derechos humanos y las libertades civiles.
La iniciativa de Sumar ha suscitado un amplio debate en el ámbito político y social, poniendo de relieve la tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y la obligación de proteger las libertades individuales en una democracia. Con el avance de esta proposición de ley, se abre una nueva etapa en la discusión sobre el papel y los métodos de la policía en el contexto social español, donde la defensa de los derechos humanos y la seguridad son cuestiones que deben ser abordadas con rigor y respeto.
La propuesta de Sumar para limitar la infiltración policial en movimientos sociales es un gesto valiente que refleja una creciente preocupación por la protección de los derechos fundamentales en un contexto donde la vigilancia estatal parece haberse normalizado. Al desterrar prácticas abusivas y establecer un marco legal que priorice la necesidad y proporcionalidad, se realiza un primer paso hacia la recuperación de la confianza en las instituciones. No obstante, este enfoque no está exento de desafíos. La implementación rigurosa de un control judicial efectivo y revisiones periódicas son esenciales, pero la historia ha demostrado que los gobernantes pueden eludir la legalidad bajo parapetos de seguridad. La propuesta debe ser acompañada de una educación profunda sobre derechos humanos, tanto en las fuerzas del orden como en la sociedad civil, para que la reforma no se convierta en un mero formalismo que no resuelva las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos.
Asimismo, resulta fundamental abordar la inquietante relación entre la seguridad pública y las libertades individuales. La iniciativa de Sumar pone de manifiesto la necesidad de delinear con claridad cuándo es realmente justificable el uso de agentes infiltrados. Sin embargo, el riesgo de que esta regulación sea aprovechada como herramienta de represión en lugar de protección es palpable. La historia reciente ha sido testigo de excesos en el uso de la fuerza y la criminalización de las protestas pacíficas, lo cual debe ser un recordatorio constante de que la defensa de los derechos fundamentales no puede ser una cuestión secundaria. La regulación del uso de agentes encubiertos debe ser solo una parte de un debate más amplio sobre cómo construir una sociedad que priorice tanto la seguridad como la libertad, garantizando que el Estado actúe como un protector y no como un opresor de sus ciudadanos.
Una decena de militantes del movimiento antisistema Frente Obrero ha irrumpido en un acto de celebración de los derechos laborales poco antes de intervenir el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y ha increpado a los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, lo que ha provocado un enfrentamiento a gritos con los presentes y la interrupción del evento.
Tras abroncar a los líderes sindicales, que en ese momento participaban en una mesa redonda, los ‘ultra’ han sido desalojados sin oponer resistencia del Teatro Monumental de Madrid, donde se celebraba el encuentro.
Los asistentes al acto les han respondido con pitidos, gritos de «¡fuera!» y cánticos durante los minutos en los que ha estado interrumpido.
En su intervención, el ministro ha vinculado el incidente con el ataque de anoche a una sede socialista en Cantabria y con la manifestación carlista que ha tenido lugar a las puertas del Congreso.
«Nos estamos acercando a los años 30 pero del siglo XXI, no del siglo XX, así que ni un paso atrás en la lucha antifascista», ha proclamado el ministro, que ha reivindicado el papel del gobierno de coalición y de las organizaciones sindicales para que «millones de personas hayan mejorado sus condiciones de vida».
López ha dicho que no tiene «ninguna duda» de que «habrá reducción de jornada laboral, de la mano de los sindicatos y con un Gobierno de izquierdas y ha criticado a la derecha y a la ultraderecha, por «alimentar el individualismo y la antipolítica».
Por su parte, Sordo ha afirmado que «cuatro frikis y cuatro sectores fanatizados que siguen a telepredicadores no van a acogotar a las organizaciones sindicales de clase», mientras que Álvarez ha llamado a la participación en la manifestación del próximo 1 de mayo, para que sea una protesta «absolutamente internacionalista y de defensa de valores».
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Por difícil que parezca ya Podemos sigue aumentando el tono de beligerancia contra Pedro Sánchez. La secretaria general de los morados, Ione Belarra, ha acusado al presidente del Gobierno de perpetrar «un robo a mano armada a la gente común» con el plan de rearme de 10.500 millones de euros impulsado esta semana y llama a los ciudadanos a la «insumisión».
Así lo ha dicho en la primera reunión del Consejo Ciudadano Estatal del partido después de la celebración de su quinto congreso a mediados de abril. Una cita que ha servido, por un lado, para posicionar políticamente al partido en una semana de máxima convulsión y, por otro, para nombrar a la nueva Ejecutiva de Podemos.
En cuanto a esto último, sólo hay novedades cosméticas. Belarra ha dado continuidad a su equipo de máxima confianza en las principales áreas, repitiendo Irene Montero como número dos en la Secretaría Política y Pablo Fernández como número tres en la siempre complicada Secretaría de Organización y portavocía. Isa Serra también sigue de portavoz.
Así, lo más destacado del Consejo Ciudadano ha sido la dureza empleada por Podemos contra Sánchez. De hecho ha definido la situación como «un momento crítico de la historia» de España, una vez que el pasado martes el Gobierno anunció un plan de 10.500 millones de euros para elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB, como exigía la OTAN.
«El rearme es un robo a mano armada a la gente común», ha denunciado Belarra en su intervención en abierto. «Con esta decisión antidemocrática, radicalmente contraria al mandato de las urnas y a lo que esperaban quienes le votaron el 23 de julio del 2023, Pedro Sánchez ha dejado claro esta semana que este es un Gobierno de la guerra. Y quiero dejar claro que lo lidere quien lo lidere, un Gobierno de la guerra va a tener siempre a Podemos enfrente», ha advertido.
En esta situación, la secretaria general de Podemos ha hecho un llamamiento a la «insumisión» frente al «rearme». «Los insumisos desobedecen las imposiciones ilegítimas e inmorales como este régimen de guerra. Las insumisas se rebelan ante la injusticia que supone que estén gastándose nuestro dinero en armas y gasto militar», ha dicho.
«Hacemos un llamamiento a la insumisión de todas las personas que no quieren que el dinero de sus impuestos, ese dinero ganado con tanto esfuerzo diario y que debería ir destinado a que todas tengamos vidas buenas, se gaste en armas y guerra», ha insistido.
En esta retórica, una mención importante, «a los millones de personas que se movilizaron por el No a la guerra» contra Aznar en el año 2003.
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Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han encabezado la comitiva española que ha acudido al funeral del Papa Francisco. Una delegación de la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido no formar parte sin mediar más explicación, porque este sábado no tiene agenda pública.
Acompañando a los Reyes a las exequias han acudido también las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, así como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; y la embajadora ante la Santa Sede, Isabel Celáa.
Los Reyes han aprovechado los minutos previos a que el cuerpo del Papa fuera trasladado al exterior de la Basílica para presentar sus respetos ante el Sumo Pontífice. Así, Don Felipe y Doña Letizia llegaron a la iglesia ocho minutos antes de las 10 de la mañana. Permanecieron en torno a dos minutos ante el ataúd del Papa y a continuación se dirigieron hasta el exterior, donde la delegación se separó, cada uno hacia sus asientos.
La Reina Letizia ha prescindido del privilegio que le permite acudir con mantilla y peineta española. Vestida de riguroso luto, ha lucido en el lado izquierdo del vestido el broche de perla y rodeado de diamantes que la reina Victoria Eugenia dejó en el lote de joyas de pasar, las alhajas reservadas para las Reinas de España. Ha llevado además una discreta pieza de encaje negro cubriendo su melena.
El protocolo vaticano ha decidido colocar a los líderes internacionales por orden alfabético en francés, con lo que Don Felipe y Doña Letizia se han sentado entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el de Estonia, Alar Karis. A continuación estaban dispuestos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania.
Los Reyes han saludado en primer lugar a sus compañeros de fila, pero numerosos mandatarios, al advertir la presencia del Jefe del Estado español, se han acercado a presentar sus respetos, convirtiéndose en una suerte de besamanos al más alto nivel. Han estrechado la mano de los Reyes el francés Emmanuel Macron y el heredero de Abu Dhabi, entre otros.
España es la única monarquía parlamentaria a la que el jefe del Gobierno no ha acompañado a la Corona al funeral. Han estado Keir Starmer junto al príncipe Guillermo y Alexander de Croo junto a los reyes de Bélgica.
Es cierto que si Pedro Sánchez hubiera acudido, no estaría sentado por protocolo en la misma fila que los Reyes. Pero también lo es que desde que el pasado viernes comenzaron a llegar a Roma los mandatarios internacionales, se han celebrado encuentros informales, en un momento clave para el orden internacional, pues se está negociando la paz entre Rusia y Ucrania.
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Cuando nos encontramos a punto de entrar en el ecuador de esta legislatura cargada de vaivenes, que Izquierda Unida, tras años sumida en un profundo letargo, decidiese amenazar con su posible salida del Gobierno era algo que no parecía estar en el guion. Pero, tras anunciarse el aumento de 10.500 millones de euros en el gasto en Defensa y conocerse que Interior había firmado un acuerdo de compra de munición con Israel por valor de 6 millones de euros, Antonio Maíllo y Enrique Santiago valoraron romper su acuerdo con el PSOE para defender los valores fundacionales de su partido, aunque, eso sí, de forma tímida y solo por unas horas. En este contexto cobran importancia voces críticas como la de Alberto Cubero, quien estuvo a punto de liderar al PCE (fuerza troncal en IU) en 2022, cayendo derrotado contra el propio Santiago con un 46% de los votos, y que, ahora, llama a recuperar «la esencia» ideológica de su formación.
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Quienes están en el día a día de los gobiernos explican que en el hacer de un Ejecutivo suceden con cotidianidad situaciones derivadas de disfunciones, errores, falta de comunicación… Y que, en la mayoría de los casos, no salen a la luz pública, se solucionan y aquí no ha pasado nada. Pero cuando saltan a la esfera pública suelen generar tensiones y crisis. Así sucedió esta semana con el contrato de 15 millones de balas por valor de seis millones a una empresa de Israel. Después de que Pedro Sánchez tomara las riendas del «problema» y desautorizase a Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, el departamento que formalizó el contrato, la hoja de ruta pasa por lanzar una operación para no matar al ministro, rebajarlo todo a un mero «error» y no hacer sangre del titular de la cartera.
«Fue un error», defienden fuentes del Gobierno, pese a que las personas consultadas explican que en La Moncloa no tenían conocimiento de que este contrato, que se dijo que se iba a rescindir, se formalizó en plena Semana Santa. Consideran que no hay premeditación ni «traición» y que todo se debió a un «error en el proceso administrativo». «Fernando no ha traicionado a nadie. Es más, es una persona de confianza del presidente», retratan distintas personas del Ejecutivo. Pero es innegable que la figura del ministro del Interior sale muy herida de este trance. Hasta última hora, incluso cuando en La Moncloa ya se admitía que se buscaban fórmulas para rescindir el contrato, Interior insistía en que todo seguía «adelante» porque no se podía revertir. La desautorización de Sánchez evidenció lo contrario.
Las personas consultadas por este diario reconocen que en La Moncloa existe malestar con Marlaska, con su departamento, por este capítulo. Evitan centrar los focos en él y señalan a la cadena del procedimiento administrativo en un asunto tan delicado, pero inevitablemente la marca queda para el ministro. «Hay enfado sí, pero no deja de ser un error», dicen. Hay un intento de salvar a Marlaska, auparle por una escalera de emergencia para que no se queme más en este fuego, porque de hacerlo también podría quemarse Sánchez. Las fuentes gubernamentales consultadas no prevén que el presidente del Gobierno cese al ministro. Fuentes de Interior tampoco contemplan la dimisión de Marlaska. Creen que aguantará y que sólo dará un paso al lado si se lo pide el jefe del Ejecutivo.
Sánchez no suele poner el foco en un ministro de forma inmediata, para señalarlo, quitándoselo de en medio. Sí ha habido casos como los de Máxim Huerta o Carmen Montón a los que se les invitó a dimitir por escándalos relativos a sus finanzas y su formación. Pero el presidente del Gobierno aprovecha crisis de Gobierno más amplias, con la excusa de dar un nuevo impulso al gabinete, para enmascarar ceses, como sucedió en 2021 con José Luis Ábalos. Sí es habitual que haya salidas cuando un ministro se marcha a otro destino.
Pero cesar a Marlaska sería como admitir que no se queda en un mero «error», lo que podría sepultar el discurso que lanza el Gobierno y lastrar el crédito internacional del presidente del Gobierno, que ha sido el líder europeo que más ha empujado y defendido la causa palestina. Por tanto, reducir la crisis a un «problema mínimo» no sólo no hiere más a Marlaska, sino que busca blindar el discurso y la credibilidad el propio Sánchez. Porque, además, el jefe del Ejecutivo presume, siempre que puede, de «estabilidad política». Cesar ahora a Marlaska sería entregar la cabeza que pide el PP y dar la razón a sus socios de Sumar, sobre todo IU, que hablan del «trágala Marlaska».
En La Moncloa también creen que ayudará a que esta crisis no vaya a más la convicción de que no tendrán que sufragar los seis millones del contrato para balas con la empresa israelí pese a la decisión de rescindirlo de «manera unilateral». Defienden que tienen cobertura legal que les daría la razón y que están «cubiertos» ante un previsible litigio. Interior defendió que hizo una consulta a la Abogacía del Estado, que desaconsejó romperlo porque dada la altura del proceso podría suponer una importante responsabilidad patrimonial.
La gravedad e incomodidad del asunto lo releva que la mayoría de ministros consultados este viernes por su compañero de gabinete optaron por pasar palabra. Tampoco hacer sangre de su colega. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez se limitó a dar por «resuelto» este asunto de los contratos, sin contestar cuando se le preguntó por la situación de Marlaska. Idéntica posición que el titular de Transportes, Óscar Puente, que esquivó balones defiendo el compromiso de España con la paz y el pueblo palestino. Algo más allá fue el ministro de Transformación Digital, Óscar López, para quien su colega es una «persona extraordinaria y un excelente ministro», «uno de los mejores ministros de Interior».
Curiosamente, quien hizo una defensa más cerrada de la permanencia de Marlaska fue Yolanda Díaz, líder de Sumar en el Gobierno, y desde cuya formación esta semana se llegó a pedir la dimisión. La vicepresidenta se mostró favorable a la continuidad del titular de Interior argumentando que ya se ha rectificado lo que era un «error grave».
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«Es algo muy serio. Se rescinde un contrato sin causa para ello, sólo por interés personal del presidente, y la normativa contable eso no lo permite». El Partido Popular va a denunciar ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de compra a una empresa de Israel (IMI Systems) de 15 millones de balas, al considerarla «arbitraria» y, por tanto, contraria a la normativa contable, que no permite destinar fondos públicos para resolver un contrato «sin causa legal». Al revocar el contrato, el Gobierno recibirá las balas, pero tendrá que pagar a la empresa israelí adjudicataria una indemnización que en principio ascendería al 3% del total del contrato. O sea, unos 180.000 euros.
Lo que denunciará el PP es que «ante ese pago sin contraprestación, nos encontraremos frente a una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos con incumplimiento de las normas presupuestarias». Estas normas «exigen entrega de algo» cuando se formaliza un contrato. Esto, según el principal partido de la oposición, es algo que «conoce toda autoridad o funcionario público», y que supondría incurrir en una «responsabilidad contable» a la que «tendrán que hacer frente patrimonialmente quienes la ocasionen, no el bolsillo de los españoles como pretende el Gobierno».
La responsabilidad contable en la posible rescisión del contrato dependerá de la motivación que le dé el Gobierno al acto formal de rescisión. Para que se condene a quienes infrinjan la normativa presupuestaria contable (la Ley del Tribunal de Cuentas) por existir «daño o menoscabo a los fondos públicos» también deben demostrarse que han incurrido en dolo o negligencia.
De considerar el Tribunal que esto ha sido así, quienes firmen la resolución del contrato se enfrentarían a una pena económica, para reponer, de sus propios bolsillos, la cantidad abonada a la empresa israelí. Pero el Tribunal de Cuentas también podrá actuar contra quienes intervengan en esta posible irregularidad «en función de sus competencias». Esto podría abrir las sanciones a los ministerios implicados: Interior, Defensa y la Vicepresidencia Segunda, que son a los que se les atribuyó la decisión en la nota oficial del Gobierno.
Pero hay que repetir una vez más que todo dependerá de cómo se articule la resolución del contrato, ya que en el Tribunal de Cuentas no son habituales en absoluto las demandas por rescisión unilateral de contrato.
Algunas fuentes del tribunal son más escépticas sobre el recorrido que pueda tener la denuncia del PP o alguna otra que pueda llegarles. Resaltan que para iniciar un procedimiento, primero es necesario que haya habido un pago de dinero público, algo que aún no se ha producido. Y que, de producirse, es probable que se demore mucho tiempo.
Si la empresa reclama una compensación -podría descartarlo para mantener buena relación con la administración o por no haber incurrido aún en gastos- es probable que el Gobierno rechazara el pago y el asunto terminase en los juzgados de contencioso-administrativo. Una eventual sentencia condenatoria firme podría demorarse años. Con la obligación de pagar, el Ejecutivo abonaría lo estipulado judicialmente. Las fuentes consultadas resaltan que sería difícil hacer responder por la vía contable a quien paga porque así lo impone una sentencia, al margen del juicio político que su actuación pueda merecer.
Precisamente en este campo, el PP sostiene que estamos ante «una muestra más del abuso de poder que practica Sánchez y, en ese caso, como ha sido público y notorio, por motivos únicamente políticos y, por tanto, arbitrarios, en una adjudicación ya publicada hasta en el BOE». Pero Génova no actuará sólo contra los políticos. «Vamos a ir, patrimonialmente, contra quien lo firme», apuntan las fuentes. Hay que recordar que quien rubricó la formalización del contrato en el BOE fue el General Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, Miguel Garijo Pintos.
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La Comunidad de Madrid ha pedido formalmente a la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, que cancele la Conferencia Sectorial en la que se establecerá el reparto de menores migrantes no acompañados, programada para el próximo lunes en Madrid, porque la considera «ilegal». Así se desprende de una misiva dirigida a la ministra, en la que la consejera de Asuntos Sociales de la región madrileña, Ana Dávila, sostiene que el encuentro «viciado de nulidad» infringe el artículo 17 de esta reunión, que dispone que la convocatoria podrá celebrarse «de forma extraordinaria para tratar asuntos urgentes y que surjan de forma inesperada». De igual forma, Aragón ha recurrido la convocatoria por considerarla «inconstitucional».
«Las circunstancias alegadas no pueden considerarse ni sobrevenidas, ni urgentes al haberse producido hace más de un mes, coincidiendo con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley en cuestión», señala la consejera en la carta. De no cancelar la reunión, «la Comunidad de Madrid se verá obligada a emprender las acciones que correspondan», indica la consejera en la misiva, ahondando en que la norma cuya aplicación ha de estudiarse, ya que ha sido llevada ante los tribunales por «muchas regiones».
Desde la consejería madrileña han afeado que el departamento de Rego busque «evitar dar información para preparar la reunión», pero también que en el encuentro se vayan «a adoptar acuerdos sobre cuestiones que están expresamente prohibidas en este tipo de convocatoria extraordinaria». Además, Dávila lamenta que desde el Ministerio se esté tratando a las comunidades autónomas «como súbditos» a pesar de que son las autonomías las que tienen las competencias de proteger los derechos de los menores.
Aragón, por su parte, ha interpuesto un recurso contra esta convocatoria por considerar que la misma se deriva del Real Decreto Ley que impone a las autonomías los criterios para la distribución de los menores migrantes no acompañados y que, a su juicio, «establece un trato favorable a los intereses de Cataluña en esta cuestión».
Cabe recordar que este no es primer litigio iniciado por el Ejecutivo de Jorge Azcón tras la aprobación de la norma, ya que activó el mismo procedimiento cuando el Ministerio de Infancia reclamó datos sobre la ocupación y las plazas de los centros de menores. Sin embargo, el Gobierno aragonés, quien también solicitaba como medida cautelar, la suspensión de dicho requerimiento, ya ha sido informado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de que la Abogacía del Estado ha solicitado la inadmisión del recurso.
Con todo ello, la consejería de Bienestar Social y Familia de la Administración regional ha informado de que su titular, Carmen Susín, acudirá a la Conferencia Sectorial, mientras los servicios jurídicos siguen trabajando para presentar el recurso en el Tribunal Constitucional en contra del Real Decreto Ley, ya que lo consideran «un ejemplo más de la sumisión del actual Gobierno de España respecto a sus socios independentistas».
Como respuesta, Sira Rego, desde Bruselas, ha pedido la «buena participación» de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial. «Vamos a poner en común, de manera coordinada y participada con el conjunto de las Comunidades Autónomas, este real decreto, cuáles son los criterios, algo que nos permite ponernos a trabajar», ha indicado la ministra.
En adición, la ministra de IU ha argumentado que «buena parte de los criterios» son «los mismos» que operaban en 2022 y que «se asumieron por unanimidad por parte de las comunidades autónomas». Así, ha llamado a poner unas bases que «son absolutamente aceptadas por el conjunto de las regiones», recalcando que esta labor servirá para «dimensionar» los sistemas de acogida de las comunidades y no tensionarlos. Sin embargo, para el Partido Popular, los criterios mencionados (población, renta per cápita, esfuerzo previo…), eran «injustos y arbitrarios», por lo que votó en contra de la iniciativa en sede parlamentaria.
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La formalización de un contrato para la compra de balas a una empresa israelí, y su posterior rescisión por la presión del ala de Sumar en el Ejecutivo, ha despertado también la reacción de la oposición, que se pregunta qué precio tendrá para España esa marcha atrás. Si el PP hacía saber a primera hora de este viernes que llevará dicho procedimiento al Tribunal de Cuentas, a mediodía Vox ha desplegado también su ofensiva, esta vez por la vía parlamentaria.
El partido de Santiago Abascal quiere saber qué dijeron la Abogacía del Estado y otros órganos de la Administración sobre las consecuencias que acarrearía la rescisión unilateral del contrato por parte del Ministerio del Interior. En un primer momento, la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska justificó seguir adelante con la compra por el dictamen de la Abogacía del Estado, que había desaconsejado anularla dada su avanzada fase de tramitación. Ahora, este órgano estudia cómo afrontar la posible reclamación de la empresa israelí.
Ante esto, mediante una solicitud de datos al Gobierno registrada en el Congreso, Vox ha solicitado acceder a una copia de aquel informe de la Abogacía, «así como de todos los que se hayan expedido por parte de cualquier órgano de la Administración». Asimismo, el grupo parlamentario ha pedido la publicación del contrato firmado con la empresa israelí Guardian Homeland Security S.A y ha requerido conocer las «comunicaciones y reuniones» mantenidas con esa sociedad a fin de formalizar, y luego rescindir, el acuerdo para la compra de balas. Vox ha exigido, además, una copia del expediente administrativo completo del contrato de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Asimismo, el grupo parlamentario comandado por el diputado José María Figaredo ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre este asunto que el Gobierno deberá responder por escrito. Todas ellas van dirigidas a ahondar en las razones de la rescisión del contrato y conocer las consecuencias económicas de dicha decisión. Vox señala en su escrito que Pedro Sánchez decidió revocar la compra «cediendo a las presiones de su socio, Sumar» y cuestiona la repercusión de esa maniobra.
«¿Qué razones aduce el Gobierno para justificar la rescisión?, ¿cuál es el coste que asumirá el erario por razón de la rescisión del contrato?», se pregunta el partido. Como ya hacía en su solicitud de documentación, Vox se interesa también por la valoración que la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado.
Además, el grupo parlamentario pregunta al Gobierno si «tiene previsto romper o evitar toda relación contractual de productos o servicios en materia de seguridad cuyo país de origen sea Israel». En La Moncloa ayer sostuvieron que «desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes». Fuentes del Ejecutivo trasladan que los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y que, «los que sean armamento, no se van a ejecutar».
Tras lo sucedido, Vox lanza una última pregunta al Gobierno: «¿Qué impacto tendrá de cara a posibles futuras contrataciones la imagen que se proyecta sobre la fiabilidad del Gobierno español tras la rescisión de manera unilateral al poco tiempo de formalizar su contratación?».
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