El presidente del Gobierno español se prepara para una crucial reunión con el lehendakari Imanol Pradales el próximo miércoles en Madrid. Este encuentro, en el marco de la Comisión Bilateral de la Cooperación Permanente, es un paso decisivo en el contexto del acuerdo de investidura con el PNV, que, a diferencia de la anterior legislatura, presenta un calendario más claro y bien estructurado para implementar los compromisos adquiridos. La necesidad de cumplir con estos plazos adquiere una relevancia especial, ya que será determinante para desbloquear los Presupuestos y avanzar en las negociaciones con otros socios políticos, como Junts.
Entre los principales objetivos de esta reunión se encuentra el impulso de un paquete que busca concretar transferencias de competencias esenciales, como la gestión del litoral, la autorización del trabajo para extranjeros y el salvamento marítimo. Estas competencias se enmarcan dentro de las reivindicaciones históricas del PNV, que aspira a completar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika antes de que termine el año. Este proceso es clave no solo para el desarrollo autonómico de Euskadi, sino también para fortalecer la estabilidad del actual Gobierno español.
La importancia del apoyo del PNV para el Gobierno va más allá de una simple cuestión numérica en el Congreso; se trata también de un aspecto simbólico que refleja la renovada interlocución entre Sabin Etxea y Carles Puigdemont. La colaboración entre ambos en negociaciones fiscales, que incluyen temas tan sensibles como la gestión de impuestos a las energéticas y a los bancos, es un ejemplo de la sinergia que buscan establecer en un entorno político complejo. En este sentido, la consolidación de alianzas se vuelve fundamental para abordar la reforma del Estatuto de Gernika, que ha sido un tema pendiente en anteriores legislaturas.
A poco más de dos meses de finalizar el año, el Gobierno ya ha realizado tres traspasos de competencias a Euskadi, incluyendo la homologación de títulos extranjeros y el sistema de acogida para inmigrantes, pero el foco ahora se centra en concretar y calendarizar al menos otras seis transferencias. El polémico traspaso del Régimen Económico de la Seguridad Social permanece como una piedra de toque. Aunque el Gobierno argumenta que requiere más tiempo para abordar su complejidad, el PNV insiste en un plazo «improrrogable» de dos años para activar todas las competencias estipuladas en el Estatuto.
Con el contexto actual, con un Gobierno que navega entre alianzas fragmentadas y la presión de las diversas comunidades autónomas, el desarrollo de esta agenda no solo es crucial para Euskadi, sino que se convierte en un termómetro del clima político en toda España. Las expectativas están puestas en la próxima reunión, que podría allanar el camino hacia una mayor autonomía para la comunidad vasca e influir en las dinámicas de poder en el conjunto del país.
El avance en las negociaciones del Gobierno español con el PNV acerca de un nuevo paquete de transferencias no solo representa un momento decisivo para la comunidad autónoma del País Vasco, sino que también subraya una dinámica política preocupante en el ámbito nacional. Con un calendario más claro para el cumplimiento de los compromisos adquiridos, parece que el Ejecutivo busca apaciguar a sus socios, pero esta relación de dependencia puede llevar a un desbalance de poder en España, donde las comunidades autónomas más fuertes se sientan legitimadas para exigir más competencias y recursos. La urgencia que rodea estas transferencias refleja no solo la coyuntura actual del Gobierno, sino también un riesgo inherente al flechazo entre la política autonómica y la central, que podría poner en jaque la cohesión del Estado.
Además, la insistencia del PNV en el cumplimiento de los plazos establecidos, en especial con respecto al Régimen Económico de Seguridad Social, plantea serias interrogantes sobre cómo se manejarán futuras crisis y negociaciones en el marco de un gobierno fragmentado. Este tipo de alianzas, aunque necesarias, pueden resultar en un escenario donde las decisiones políticas se tomen bajo la premisa del «todo vale» por mantenerse en el poder. Es fundamental que el Gobierno recupere la perspectiva de un proyecto nacional sólido, donde la autonomía de cada comunidad se gestione de manera equitativa, sin favorecer a aquellas que amenazan con imponer su agenda a costa del bienestar general del país. Si no se establece un equilibrio, corremos el riesgo de ver un mapa político donde las exigencias autonómicas marquen el compás de la gobernabilidad en toda España.
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