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Sánchez se defiende: «No beneficiamos a etarras con rebajas de condenas»

Según el líder del gobierno, la modificación legal ha sido exigida por la Unión Europea y ser parte de este bloque implica no solo beneficios, sino también responsabilidades.

El debate sobre la reforma que rebaja penas a etarras ha generado fuertes tensiones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ambos políticos han intercambiado duras acusaciones en el pleno del Congreso, con Sánchez defendiendo la medida como una trasposición de una directiva europea y Feijóo exigiendo su retirada por considerarla una injusticia que deja sin efecto años de prisión para terroristas de ETA.

La polémica se ha extendido más allá de la política, llegando a tocar fibras sensibles como el dolor de las víctimas del terrorismo. Tanto Sánchez como Feijóo han intentado empatizar con el sufrimiento de aquellos que han sido afectados por la violencia de ETA, pero han interpretado de manera diferente el impacto de esta reforma en la memoria de las víctimas.

Por un lado, el Gobierno se defiende argumentando que no se está rebajando ninguna condena, sino que se están teniendo en cuenta los años cumplidos en el extranjero por los etarras. Por otro lado, el PP insiste en que se está permitiendo la reducción de penas a terroristas que han causado un gran sufrimiento a la sociedad española.

Mientras tanto, en un clima de tensión y acusaciones mutuas, la reforma seguirá su curso en el Senado, donde se espera que sea aprobada la próxima semana sin mayores contratiempos. La sociedad española sigue dividida ante esta polémica medida, que ha reabierto heridas del pasado y ha puesto a prueba la capacidad de diálogo y entendimiento entre los diferentes sectores políticos.

Sánchez se ampara en el derecho europeo y niega beneficiar a etarras: “No hay rebaja de condenas”

El debate sobre la reforma que rebaja penas a etarras ha generado una profunda división en la sociedad española, evidenciando las diferencias ideológicas y sensibilidades políticas respecto al tema del terrorismo. Mientras el Gobierno defiende la medida como una cuestión de justicia y cumplimiento de normativas europeas, el Partido Popular la rechaza rotundamente por considerarla una afrenta a las víctimas del terrorismo. La polémica ha trascendido al ámbito político, tocando emociones y heridas aún abiertas en la sociedad.

En este contexto de confrontación y confrontación, es necesario que se busque un diálogo constructivo que permita llegar a consensos y acuerdos que respeten la memoria de las víctimas y garanticen la justicia para todos los implicados. La reforma seguirá su curso en el Senado, pero es fundamental que se abra un espacio de reflexión y debate sereno que permita comprender las diversas perspectivas y encontrar soluciones que contribuyan a la reconciliación y al fortalecimiento del estado de derecho en España. En definitiva, esta polémica pone a prueba la madurez democrática y la capacidad de los políticos para dialogar y buscar puntos de encuentro en cuestiones tan delicadas como el terrorismo y la memoria histórica.

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