La Moncloa ha echado el cerrojo a una inversión millonaria en defensa que marcará el futuro económico de España hasta 2035. Sin debate parlamentario, y a través de una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente Pedro Sánchez se compromete a alcanzar los objetivos de capacidad defensiva exigidos por la Alianza Atlántica. Un acuerdo que, según las interpretaciones, podría suponer un desembolso anual de entre 35.000 y 55.000 millones de euros, es decir, hasta el doble de lo invertido en la década anterior. La pregunta que resuena en los pasillos del poder es: ¿a qué precio?
El compromiso, sellado con juegos de palabras y cálculos ambiguos, implica un gasto mínimo del 2,1% del PIB hasta 2035, aunque la cifra podría ascender hasta el 3,5% según Rutte, quien parece tener una visión más realista de los costes asociados al rearme. Lo más inquietante es la aceptación implícita de Sánchez a ir más allá de ese 2,1%, asumiendo la compra de armamento y el refuerzo de capacidades «con independencia de los porcentajes». Una carta blanca para un gasto militar sin precedentes que, inevitablemente, competirá con otras partidas cruciales del Estado.
La maniobra de Sánchez ha sido interpretada por algunos como un hábil ejercicio de marketing político, presentando como seguro un listón de gasto que aún está sujeto a la evaluación futura de la Alianza. La primera revisión no tendrá lugar hasta 2029, momento en el que, previsiblemente, otro inquilino ocupará el Palacio de la Moncloa. Este compromiso, sin embargo, no ha generado una gran oposición por parte de Sumar, socio de Gobierno con una tradicional postura antiatlantista. ¿Acaso el pragmatismo político ha prevalecido sobre los principios ideológicos?
La ambigüedad del acuerdo permite a Sánchez jugar con la flexibilidad que también buscan otros líderes europeos, como Giorgia Meloni en Italia, quienes enfrentan similares restricciones presupuestarias. Sin embargo, esta opacidad ha generado malestar en socios de la OTAN más sensibles a la amenaza rusa, como Polonia. La promesa de una «excepción española» ha sido desmentida por Rutte, quien solo admite una «flexibilidad» general, lo que añade más incertidumbre sobre el verdadero impacto económico de este compromiso. La verdad del coste, al parecer, tardará en salir a la luz.
La decisión unilateral de Sánchez de blindar el gasto militar hasta 2035, sin un debate parlamentario profundo y transparente, resulta alarmante. No cuestiono la necesidad de una inversión en defensa responsable, dados los tiempos convulsos que vivimos, pero sí la forma opaca en la que se ha perpetrado este compromiso con la OTAN. ¿Acaso la urgencia geopolítica justifica sacrificar el escrutinio democrático y relegar otras prioridades sociales urgentes? La salud, la educación o la transición ecológica, pilares de un estado del bienestar que tanto nos ha costado construir, podrían verse seriamente comprometidas por esta inyección masiva de recursos al complejo militar-industrial.
La ambigüedad calculada en las cifras y la permisividad, disfrazada de pragmatismo, de un socio de gobierno tradicionalmente contrario al incremento del gasto militar, revelan un preocupante cortoplacismo político. ¿Estamos ante una estrategia electoralista que busca contentar a Bruselas a costa de hipotecar el futuro de la economía española? La falta de transparencia en este acuerdo, sumada a la laxitud con la que se abordan las posibles consecuencias socioeconómicas, no solo socava la confianza ciudadana, sino que abre la puerta a un escenario incierto donde las necesidades reales de la población podrían quedar relegadas en pos de un rearme que, quizás, responda más a intereses geopolíticos ajenos que a una auténtica necesidad de defensa nacional. La historia nos enseña que las decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía suelen acabar pasando una factura muy alta.
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