La gestión del traslado de menores migrantes desde Canarias a la península se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre el Gobierno central y el autonómico. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respondido con contundencia a las declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo, quien denunció una supuesta «improvisación» por parte del Ejecutivo central en la ejecución del mandato del Tribunal Supremo sobre la acogida de estos jóvenes. La ministra ha calificado las palabras de Clavijo como «un ejercicio de deslealtad», elevando el tono de la confrontación en un asunto de alta sensibilidad.
Las declaraciones de Clavijo, vertidas en una entrevista radiofónica, no solo apuntaban a la falta de planificación, sino también al retraso en la puesta en marcha del programa de traslados y a la ausencia de un protocolo claro. Según el presidente canario, esta situación generaba un «descontento» palpable en el seno de su gobierno. La réplica de Saiz no se hizo esperar, recordando que ambas administraciones mantienen reuniones semanales para coordinar el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo, que instaba al Gobierno central a hacerse cargo de 827 menores migrantes solicitantes de asilo. La ministra ha defendido la transparencia y la diligencia del Ejecutivo en la gestión de este complejo proceso.
El cumplimiento de la resolución judicial ha estado marcado por los plazos. Si bien algunos de los menores ingresaron en el sistema de protección internacional estatal el pasado 23 de julio –con un retraso de casi cuatro meses–, no fue hasta este lunes que se produjo la primera derivación a la península, con el traslado de los diez primeros jóvenes a Gijón. Este primer traslado, cinco meses después del plazo inicial fijado por el Tribunal Supremo, pone de manifiesto las dificultades y los desafíos logísticos que implica la gestión de este flujo migratorio. La elección de Gijón como primer destino ha generado un debate sobre la distribución de la acogida a nivel nacional y la necesidad de una mayor implicación de todas las comunidades autónomas.
La tensión entre el gobierno central y el autonómico canario por la gestión de los menores migrantes es, lamentablemente, un reflejo más de la politización de un drama humano. Mientras las administraciones se enzarzan en un intercambio de acusaciones sobre «deslealtad» e «improvisación», se pierde de vista el interés superior de estos jóvenes, que se convierten en peones de un juego político que les es ajeno. La falta de coordinación y el retraso en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo no solo demuestran una alarmante ineficacia administrativa, sino también una preocupante falta de empatía hacia una población especialmente vulnerable. Urge un pacto de Estado que priorice la protección y la integración de estos menores, alejándolos del foco mediático y la confrontación partidista.
El caso de los menores migrantes trasladados a Gijón, cinco meses después de lo estipulado por el Tribunal Supremo, es un claro ejemplo de cómo la burocracia y la falta de previsión pueden obstaculizar incluso las decisiones judiciales. Si bien la derivación a la península es un paso necesario, la elección de un único destino como Gijón plantea interrogantes sobre la distribución equitativa de la acogida a nivel nacional. ¿Están preparadas todas las comunidades autónomas para asumir esta responsabilidad? ¿Existe un plan de integración a largo plazo que garantice el bienestar y la autonomía de estos jóvenes? La respuesta a estas preguntas determinará si estamos ante una solución real o un simple parche que traslada el problema a otro territorio. Es fundamental una mayor implicación de todas las administraciones y una estrategia integral que aborde no solo la acogida, sino también la educación, la salud y el futuro laboral de estos menores.
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