Madrid, 4 de diciembre de 2025 – La cumbre hispano-marroquí que se celebra hoy en La Moncloa se presenta como un campo de batalla diplomático donde las concesiones pasadas se convierten en exigencias presentes. Mientras el Gobierno español busca consolidar una relación bilateral "profunda" que abarque desde la ciberseguridad hasta la sostenibilidad, Marruecos llega con una lista de peticiones que amenazan con redefinir las fronteras marítimas y aéreas, poniendo a prueba la resistencia del ejecutivo de Pedro Sánchez.
La reciente publicación en Atalayar, un medio cercano al gobierno marroquí, ha encendido las alarmas al revelar las aspiraciones de Rabat sobre la territorialidad de las aguas canarias y la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental. Estas demandas, lejos de ser sorpresas, se interpretan como la lógica consecuencia del giro histórico de España en 2022, cuando reconoció la iniciativa de autonomía marroquí para el Sáhara. Un gesto que, si bien cerró una crisis diplomática en su momento, ahora se percibe como el punto de partida para una serie de reclamaciones que podrían socavar la soberanía española en el Atlántico.
La sombra del monte submarino Tropic, un tesoro de telurio y cobalto estratégicos, se cierne sobre las negociaciones. Ubicado en la zona marítima en disputa, este antiguo volcán se ha convertido en un símbolo de los intereses contrapuestos entre ambos países. Mientras España busca proteger sus derechos de explotación en nombre de Canarias, Marruecos podría argumentar que su control sobre el Sáhara le otorga una ventaja en la carrera por este recurso esencial para la transición energética.
Pero la controversia no se limita al mar. La gestión del espacio aéreo saharaui, actualmente bajo la responsabilidad de los centros de control de Canarias, es otro punto de fricción. La confirmación del ministro marroquí de Industria y Comercio, Ryad Mezzour, de que esta será una de las peticiones de su país, añade presión al Gobierno español. Ceder el control del espacio aéreo implicaría un reconocimiento de facto de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, un paso que podría generar críticas internas y tensiones con Argelia.
El control de la inmigración, un tema recurrente en la agenda bilateral, servirá como telón de fondo para las negociaciones. La cooperación marroquí en este ámbito ha sido clave para reducir la presión migratoria en las fronteras españolas, pero esta colaboración tiene un precio. A cambio de su apoyo, Rabat podría exigir más concesiones en materia económica y política, reforzando su posición como un socio estratégico indispensable para España.
Mientras tanto, la promesa de la reapertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, un compromiso adquirido en 2022, sigue sin cumplirse plenamente. A pesar de los anuncios de reapertura inminente, el tráfico comercial se ha visto interrumpido y las condiciones de intercambio podrían ser menos favorables para España. Esta deuda pendiente añade un elemento de desconfianza a las relaciones bilaterales y podría influir en el resultado de las negociaciones de hoy.
En definitiva, la RAN España-Marruecos se presenta como un desafío para el Gobierno español, que deberá equilibrar la necesidad de mantener una buena relación con su vecino del sur con la defensa de sus intereses nacionales. Las próximas horas serán cruciales para determinar si la "profundización" de la relación bilateral se traducirá en una nueva cesión de soberanía o en un acuerdo mutuamente beneficioso.
La cumbre hispano-marroquí, lejos de ser un mero trámite protocolario, se revela como un peligroso juego de equilibrios donde España parece cada vez más dispuesta a ceder ante las presiones de Rabat. El reconocimiento tácito de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que se vislumbra tras la petición del control aéreo, no es solo una traición a los principios de autodeterminación, sino también una irresponsabilidad estratégica. Al ceder en este punto, el Gobierno central está abriendo la puerta a una escalada de exigencias que podrían poner en jaque la soberanía española en el Atlántico, comprometiendo no solo los intereses económicos de Canarias, sino también la estabilidad regional. El oportunismo político cortoplacista, disfrazado de realismo pragmático, puede terminar costándonos caro.
Resulta alarmante la facilidad con la que se normaliza la negociación bajo la amenaza implícita, donde la cooperación en materia migratoria se utiliza como moneda de cambio para obtener concesiones territoriales y políticas. Esta dinámica perversa no solo socava la credibilidad de España como socio confiable, sino que también alimenta el chantaje y la desconfianza. La eterna promesa de la reapertura de las aduanas en Ceuta y Melilla, incumplida sistemáticamente, es un síntoma de la falta de reciprocidad y de la asimetría en las relaciones bilaterales. Urge una revisión profunda de la estrategia diplomática, priorizando la defensa de los intereses nacionales y el respeto al derecho internacional, antes de que las concesiones se conviertan en irreversibles pérdidas.
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