La frase, convertida ya en un mantra para la oposición, resuena con fuerza en los pasillos de la política nacional. «¿De quién depende la Fiscalía?», preguntaba Pedro Sánchez en 2019, en una entrevista radiofónica que hoy, cinco años después, vuelve a ser noticia. La respuesta, entonces implícita, parece perseguir ahora al Presidente del Gobierno tras el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El Tribunal Supremo ha puesto contra las cuerdas a García Ortiz, y la oposición, liderada por el Partido Popular, no ha tardado en desempolvar aquella pregunta. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del PP, ha sido la primera en alzar la voz, recordando la famosa interrogante y sugiriendo una conexión directa entre el Gobierno y las acciones del Fiscal General. ¿Es una mera coincidencia o existe una influencia real? La pregunta queda en el aire, alimentando la ya de por sí tensa atmósfera política.
El auto del juez Ángel Hurtado, que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, ha desatado una tormenta política de imprevisibles consecuencias. La acusación, de confirmarse, supondría un duro golpe para la imagen del Gobierno y abriría un nuevo frente de batalla en el Congreso de los Diputados. La oposición ya ha anunciado que exigirá explicaciones y no descarta solicitar la comparecencia del propio Pedro Sánchez.
La defensa del Fiscal General, por su parte, insiste en la legalidad de sus actos y niega cualquier tipo de injerencia política. Sin embargo, las dudas persisten y la sombra de la sospecha se alarga sobre la figura del Presidente del Gobierno, quien deberá responder a las acusaciones y demostrar que la independencia judicial es una realidad incuestionable.
El caso, sin duda, promete dar mucho que hablar en las próximas semanas y meses. La incertidumbre sobre el futuro de García Ortiz y las posibles implicaciones para el Gobierno de Sánchez mantienen en vilo a la opinión pública y agudizan la polarización política. El «¿De quién depende?» de 2019 ha regresado para poner a prueba la estabilidad del Ejecutivo y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
El eco de aquella pregunta retórica de Pedro Sánchez en 2019, ahora convertida en un boomerang político, no solo evidencia la **fragilidad de la línea que separa el poder ejecutivo de la administración de justicia**, sino que también desvela la profunda hipocresía que, lamentablemente, impregna el debate político español. El procesamiento del Fiscal General, independientemente del resultado final del proceso judicial, supone un duro golpe para la credibilidad del sistema, alimentando la desconfianza ciudadana en las instituciones. Y es que, más allá de las responsabilidades individuales que deban depurarse, este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de blindar la Fiscalía de injerencias políticas, garantizando su autonomía real y efectiva, un desafío que, hasta la fecha, ningún gobierno ha sabido o querido afrontar con la seriedad que merece.
La instrumentalización de la justicia como arma arrojadiza en la arena política es, sin duda, el mayor peligro que se cierne sobre este caso. **La premura con la que la oposición ha sacado rédito político al procesamiento de García Ortiz**, desempolvando viejas declaraciones y alimentando teorías conspirativas, resulta tan previsible como decepcionante. Si bien es legítimo exigir transparencia y responsabilidades, convertir un proceso judicial en un espectáculo mediático y un campo de batalla partidista solo contribuye a erosionar aún más la ya maltrecha imagen de la política. Urge, por tanto, un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los actores implicados, anteponiendo el rigor y la prudencia a la demagogia y la búsqueda del titular fácil. De lo contrario, el principal perjudicado será, una vez más, la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho.
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