En una jugada que tensa aún más las cuerdas del debate político, el Partido Popular ha lanzado un órdago al Gobierno, exigiendo la aprobación inmediata de una Ley Integral contra la Trata de Personas. La presión llega en un momento especialmente delicado, con el PSOE batallando por impulsar una controvertida ley abolicionista de la prostitución, un tema que ha desatado profundas divisiones en el seno del propio ejecutivo y en la sociedad española.
El manifiesto del PP, divulgado coincidiendo con el Día Mundial contra la Trata de Personas, acusa al Gobierno de «dar la espalda» a las víctimas, señalando el incumplimiento del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo argumenta que la aprobación de esta ley, prometida desde 2017 en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es una «urgencia» que no puede seguir demorándose.
La ofensiva popular se produce en un contexto marcado por los recientes escándalos que han salpicado al PSOE, como el caso Ábalos-Koldo, donde las sombras de la corrupción se mezclan con acusaciones sobre el uso de prostitución. Estos episodios, sumados a las tensiones internas en el Gobierno y a la controversia generada por la posible implicación del suegro del presidente Sánchez en negocios relacionados con la prostitución, han convertido el debate sobre la regulación de esta actividad en un auténtico campo de minas político.
Desde Génova insisten en la necesidad de un marco legal que aborde la trata de personas de manera integral y transversal, garantizando no solo la persecución de las mafias y la protección de las víctimas, sino también la prevención de este delito. Piden un enfoque de género y derechos humanos, más herramientas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el refuerzo de la cooperación internacional.
Además, el PP aboga por potenciar el rol de las entidades competentes en la lucha contra la trata, con el objetivo de «devolver la dignidad a muchas personas que son sometidas en nuestro país». La formación subraya la importancia de la educación y la sensibilización de la ciudadanía como pilares fundamentales para erradicar esta lacra.
Mientras tanto, el Gobierno, liderado por Ana Redondo, se prepara para presentar su ley abolicionista de la prostitución en el Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. Las divergencias con Sumar, su socio minoritario, son evidentes, y la reciente votación en la que la formación morada se desmarcó de la propuesta socialista ha dejado en evidencia la fragilidad del consenso.
La ofensiva del PP, con su exigencia de una Ley Integral contra la Trata, añade un nuevo elemento de presión al Gobierno, que se ve atrapado entre la necesidad de responder a las demandas de la opinión pública, las tensiones internas en la coalición y las críticas de la oposición. El debate sobre la prostitución y la trata de personas promete ser uno de los puntos calientes del panorama político español en los próximos meses.
La repentina urgencia del PP por «desempolvar» la Ley Integral contra la Trata no debería verse como un gesto puramente altruista, sino como una **oportunista maniobra política**. En un contexto marcado por la erosión de la imagen del PSOE debido a escándalos recientes, la exigencia de esta ley se convierte en un arma arrojadiza. Si bien la necesidad de un marco legal integral contra la trata es innegable y, de hecho, inexplicablemente demorada, la sincronización con el debate sobre la prostitución revela una estrategia para debilitar al gobierno y capitalizar las divisiones internas. ¿Dónde estaba esta misma vehemencia cuando gobernaban y tenían la capacidad real de impulsar esta legislación? La pregunta, lamentablemente, responde por sí sola.
No obstante, la presión del PP también sirve como un **necesario toque de atención** para el gobierno. La retórica abolicionista, aunque con nobles intenciones, no debe eclipsar la urgencia de abordar la trata de personas con la seriedad que merece. Independientemente de la postura que se adopte respecto a la prostitución, la trata es un delito gravísimo que requiere una respuesta contundente e inmediata. Es imperativo que el ejecutivo de Ana Redondo demuestre que su compromiso va más allá del debate ideológico y que la protección de las víctimas de la trata es una prioridad real y tangible, no solo un eslogan político. De lo contrario, corremos el riesgo de que el debate sobre la prostitución, por legítimo que sea, termine por invisibilizar y marginar aún más a quienes ya viven en la más absoluta vulnerabilidad.
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