La polvareda levantada por el séptimo aniversario de la moción de censura que catapultó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno no cesa de expandirse. El Partido Popular ha alzado la voz con una virulencia inusitada, denunciando una supuesta normalización de la mentira, la colonización de las instituciones y una extendida corrupción. Borja Sémper, portavoz popular, no ha escatimado en adjetivos calificativos, describiendo al Gobierno como un sistema «en colapso total», vaticinando su pronto final a través de «una moción ciudadana». Las acusaciones resuenan con fuerza en un ambiente político ya de por sí crispado.
El debate sobre la ley de amnistía ha vuelto a tomar protagonismo, especialmente tras la filtración de una ponencia del Tribunal Constitucional (TC) que, según fuentes, avalaría su constitucionalidad. Esta filtración ha provocado la indignación del PP, que considera la amnistía una «inmoralidad y una indecencia política», un «pago político» a Junts a cambio de la investidura de Sánchez. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha sido tajante al afirmar que la amnistía fue «un instrumento a través del cual Sánchez compró la investidura», salvando a «delincuentes» de la cárcel. Un panorama sombrío que anima a la movilización ciudadana.
Desde Vox, las críticas a la ley de amnistía no son menos severas, aunque dirigen sus dardos hacia un objetivo adicional: el Partido Popular. Santiago Abascal y José Antonio Fúster han cuestionado la postura del TC y han criticado al PP por haber «aceptado la renovación del TC», un acto que, según Vox, ha contribuido al actual panorama político. Fúster ha llegado a afirmar que el «asalto» al Tribunal Constitucional se cometió «con el beneplácito del PP», una acusación que añade leña al fuego en una ya tensa relación entre ambas formaciones políticas.
Para Sémper, los recientes audios que involucran presuntas «cloacas del PSOE» en un intento de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil representan «el punto definitivo de la descomposición de un partido». El portavoz popular ha denunciado que estas «mentiras y patrañas» contra la Guardia Civil buscan «tapar la corrupción propia», extendiendo la sombra de la sospecha a los socios parlamentarios del PSOE. En un contexto político marcado por la desconfianza y las acusaciones cruzadas, el futuro se presenta incierto y convulso.
El espectáculo de la política española, exacerbado tras siete años de Sánchez en Moncloa, se ha convertido en un bucle de acusaciones cruzadas donde la búsqueda del bien común parece extraviarse en el laberinto de la confrontación partidista. La virulencia con la que el PP ataca la legitimidad del Gobierno, invocando fantasmas de corrupción y colonización institucional, no es nueva, pero sí alarmante. Este tacticismo, que busca erosionar la imagen del Ejecutivo a cualquier precio, ignora que la estabilidad democrática se construye sobre el respeto a las instituciones y a la voluntad popular expresada en las urnas, independientemente de lo que uno considere «moral» o «indecente». Se echa de menos una oposición constructiva, que critique con argumentos sólidos, pero que también sea capaz de ofrecer alternativas viables y de alcanzar acuerdos en los temas cruciales para el país.
La insistencia de Vox en señalar al PP como cómplice de la deriva institucional, al «permitir» la renovación del Tribunal Constitucional, revela una estrategia aún más preocupante: la deslegitimación total del sistema. Al alimentar la narrativa de que las instituciones están «asaltadas» y al sembrar la duda sobre la imparcialidad del TC, Vox busca dinamitar los cimientos del Estado de Derecho. Este populismo de extrema derecha, que se nutre de la polarización y el descontento ciudadano, representa un peligro real para la convivencia democrática. Mientras los partidos se enzarzan en una guerra sin cuartel, la ciudadanía observa con desánimo cómo se dilapidan oportunidades para construir un futuro mejor para Málaga y para España.
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