La tensión en el Congreso de los Diputados alcanza nuevos niveles este jueves, cuando se debatirá el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La formación liderada por Ione Belarra, Podemos, ha dejado claro que su apoyo es crucial para que el Gobierno de Pedro Sánchez logre deshacer el veto impuesto por el Senado. Sin embargo, los morados exigen una contrapartida: la eliminación de los «desahucios exprés» que podrían materializarse debido a una enmienda del PNV en la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
La reciente fractura de la confianza entre Podemos y el Ejecutivo pone en jaque la estabilidad parlamentaria, a medida que el partido asume una postura de fuerza en el debate legislativo. Con solo cuatro votos que podrían decidir el destino del proyecto, Podemos ha enfatizado su disposición a no levantar el veto del Senado si el Gobierno no se compromete formalmente a eliminar la parte de la ley que contempla procedimientos de desalojo acelerados en circunstancias de ocupación. Esta estrategia marca un giro significativo en la relación entre los dos bloques, que hasta ahora habían mantenido un pacto de gobernabilidad.
Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, ha expresado la necesidad de que el Ejecutivo ofrezca garantías concretas. «No solo sirven las buenas palabras. Tiene que encontrarse una vía clara para asegurarnos de que la legalización de los desahucios exprés no suceda», ha afirmado, exigiendo un compromiso que trascienda las discusiones superficiales y planteen soluciones efectivas ante la falta de confianza en la palabra del Gobierno.
Podemos considera que debe evitar repetir experiencias pasadas, como la decepcionante negociación sobre el impuesto a las energéticas, donde el Gobierno buscó alinear apoyos a costa de compromisos ambiguos. “El Gobierno se tiene que acostumbrar a cumplir lo que pacta», ha remarcado Sánchez Serna, dejando entrever que los morados no están dispuestos a ofrecer más «cheques en blanco».
Mientras se intensifican las negociaciones, la posible debacle del Gobierno amenaza con desatar una crisis política, con consecuencias que podrían ir más allá del mero desencuentro entre ambas fuerzas. Este episodio resalta la fragilidad del apoyo parlamentario y subraya la creciente radicalización de las posturas de Podemos en un contexto en el que las promesas de estabilidad parecen desvanecerse, lo que pone en la cuerda floja a un Ejecutivo que ya opera en un ambiente de incertidumbre.
La reciente amenaza de Podemos de tumbar un proyecto clave del Gobierno de Pedro Sánchez pone de relieve la precaria situación política en la que nos encontramos. A medida que el país enfrenta desafíos monumentales, como los desahucios exprés, observar cómo este partido eleva su tono en las negociaciones revela una profunda fractura en la confianza que, paradójicamente, podría perjudicar a quienes buscan justicia social. La exigencia de garantías concretas más allá de «buenas palabras» es totalmente válida, pero también plantea la pregunta sobre si el actual Gobierno está dispuesto a aceptar demandas razonables sin comprometer su estabilidad. La realidad es que la presión que ejerce Podemos podría ser un salvavidas para los más vulnerables, pero también puede llevar a una crisis política que podría dejar a la población en una posición aún más desventajosa.
Este episodio evidencia que la gobernabilidad no puede basarse en una fachada de unidad. La exigencia de compromisos claros por parte de Podemos ilustran la necesidad urgente de que el Gobierno tome en serio las promesas hechas y actúe de manera responsable al abordar problemáticas como el bienestar habitacional. Ignorar las advertencias de Podemos, basadas en experiencias pasadas decepcionantes, podría resultar en un error estratégico que dejaría a la gente aún más expuesta a los desahucios. En este contexto, debemos cuestionarnos si el Ejecutivo realmente prioriza los intereses de los ciudadanos o si los compromisos adquiridos son meramente tácticos. La estabilidad política es crucial, pero no a costa de los derechos fundamentales de la población.
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