La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha hecho un llamado urgente a las Administraciones competentes para que se doten de los recursos necesarios a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Su discurso, pronunciado en la inauguración de las XX Jornadas anuales de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, celebradas en Palma de Mallorca, ha sido el eco de una preocupación creciente dentro del ámbito judicial ante los desafíos que plantea la próxima entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La nueva legislación, que transformará significativamente la estructura judicial al reducir de más de 3.800 juzgados unipersonales a 436 tribunales de instancia, ha suscitado alarmas entre los jueces encargados de la violencia de género. Según un comunicado de un centenar de magistrados, la reforma legislativa les asignará nuevos y complejos casos, aumentando así la carga de trabajo sin un aumento correspondiente de medios o personal. “El colapso es inminente si no se actúa de forma decidida”, alerta el comunicado donde se enfatiza el reto adicional que supondrá asumir todos los delitos contra la libertad sexual, una competencia que hasta ahora recaía en este tipo de juzgados solo cuando existía un vínculo afectivo con el agresor.
Durante su intervención, Perelló subrayó la importancia de que la adecuación de funciones vaya acompañada de una dotación presupuestaria adecuada. “Sin inversión, no habrá avance real hacia una justicia más ágil y eficaz”, enfatizó, poniendo en claro que un cambio de nomenclatura no puede sustituir la necesidad de recursos para una efectiva implementación del nuevo modelo judicial.
Además, la presidenta del Consejo realizó un llamamiento a la unidad y colaboración entre las diversas instancias del poder judicial y el gobierno, afirmando que la transición hacia el nuevo marco debe ser fluida para evitar confusiones y contratiempos que podrían afectar la atención a las víctimas de violencia sexual, lo que podría desdibujar los avances logrados en la protección de los derechos de estas personas.
En sus conclusiones, Perelló reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de un poder judicial independiente y robusto, señalando que “no hay sociedad libre y democrática sin jueces independientes, responsables e inamovibles”. Un mensaje claro que resuena en el colectivo judicial y que apela a la responsabilidad de todos los actores sociales frente a un problema tan acuciante como es la violencia de género.
La declaración de Isabel Perelló sobre la necesidad de una justicia más eficiente, especialmente en el contexto de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, muestra un amplio entendimiento del problema. Sin embargo, se torna inquietante que las soluciones propugnadas no parezcan ir acompañadas de un compromiso real por parte de las Administraciones competentes. La promesa de una mayor agilidad y efectividad fiscal es vana si no se resuelve la desconexión entre la ley y los recursos necesarios para su implementación. La alarmante carga adicional de trabajo que se prevé para los magistrados, sobre todo en un área tan delicada como la violencia de género, podría conducir a un sistema judicial completamente colapsado, que no solo fallaría a las víctimas, sino que deslegitimaría los esfuerzos hechos hasta ahora para erradicar esta lacra social.
Además, el llamado a la colaboración y unidad de Perelló es un eco de una realidad que muchos ya conocen: sin un esfuerzo conjunto, el nuevo marco judicial solo obligará a los jueces a lidiar con una avalancha de casos sin los medios suficientes. La justicia no debería ser una entelequia, sino un servicio público fundamental que contemplara tanto la dignidad de las víctimas como la capacidad de respuesta del sistema. La inversión en recursos no es un capricho, es una exigencia ineludible. Si verdaderamente aspiramos a que la justicia sea un baluarte en la lucha contra la violencia de género, es imprescindible que los fondos sean asignados con visión y urgencia. Solo así, con un poder judicial verdaderamente robusto y adecuado, podremos avanzar hacia una protección real de los derechos de todas las mujeres.
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