Madrid, 4 de diciembre de 2025 – En una jornada crucial para el futuro del Ministerio Público, Teresa Peramato, la candidata propuesta por el Gobierno para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, ha comparecido hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Su discurso, cargado de intenciones y promesas, ha estado inevitablemente marcado por la reciente condena del Tribunal Supremo a su predecesor, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Peramato ha reconocido que este episodio ha supuesto una "profunda herida en la Fiscalía" y ha expresado su firme determinación de "subsanarla" mediante un diálogo abierto y constructivo con todos los miembros de la institución.
La futura Fiscal General ha delineado su visión para una Fiscalía renovada, destacando la necesidad de fortalecer su independencia y autonomía. En este sentido, ha abogado por una reforma estructural del sistema de Justicia Penal, que otorgue a la Fiscalía la instrucción y la investigación de los casos. Esta medida, según Peramato, es "crucial" para garantizar una mayor eficiencia y transparencia en la administración de justicia. Ha añadido, además, que buscará el "consenso parlamentario" para llevar a cabo esta ambiciosa reforma.
Peramato, reconocida experta en la lucha contra la violencia de género, ha reafirmado su compromiso con la erradicación de esta lacra social. Ha incidido en la importancia de visibilizar y denunciar los feminicidios, calificándolos como "cifras del horror". Asimismo, ha mostrado su preocupación por la violencia vicaria y la violencia sexual, y ha manifestado su deseo de crear una "justicia amigable" para niños y niñas, que minimice el impacto del proceso penal en sus vidas.
Más allá de la violencia de género, Peramato ha abordado otros temas de gran relevancia social, como la inmigración, el cambio climático y el narcotráfico. En materia de extranjería, ha prometido velar por la garantía de los derechos humanos y combatir el racismo, la xenofobia y la LGTBIfobia. En cuanto al medio ambiente, ha anunciado que fortalecerá la unidad de la Fiscalía encargada de perseguir los delitos contra el entorno. Y en relación con el narcotráfico y el crimen organizado, ha subrayado la necesidad de reforzar la cooperación internacional.
La comparecencia de Peramato no ha estado exenta de tensión política. El portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha cargado duramente contra el Tribunal Supremo y su fallo contra García Ortiz, calificándolo de "caso de libro de guerra sucia, de lawfare". Por su parte, el representante de Junts ha cuestionado la independencia de la Fiscalía, acusándola de ser una "agencia de inteligencia artificial que promueve relatos interesados". Junts ha advertido que Peramato llega "con el estigma de ser la sucesora de García Ortiz", instándola a demostrar que no se debe a "ningún grupo ni al Consejo de Ministros que la ha propuesto".
A pesar de las críticas, Peramato ha mantenido la compostura y ha defendido su trayectoria profesional y su compromiso con la justicia. Ha insistido en que su objetivo es "sanar la herida" en la Fiscalía y garantizar su independencia y autonomía. El Congreso deberá ahora evaluar su idoneidad para el cargo y decidir si le otorga su confianza. La decisión final marcará un punto de inflexión en la historia reciente del Ministerio Público y determinará el rumbo de la justicia en España.
La promesa de Teresa Peramato de «sanar la herida» en la Fiscalía, tras la condena de García Ortiz, suena, a estas alturas, a **un mantra repetido hasta la saciedad por cada nuevo Fiscal General**. La cuestión no es tanto reconocer la existencia de una herida, algo que parece obvio tras la erosión de la imagen pública y la palpable desconfianza interna, sino cómo se pretende suturar. Peramato habla de diálogo y consenso, conceptos loables pero insuficientes si no se acompañan de medidas concretas que garanticen una real independencia del Ministerio Público, blindándolo frente a injerencias políticas. El problema reside en la percepción, cada vez más extendida entre la ciudadanía, de que la Fiscalía, lejos de ser un ente autónomo, actúa como correa de transmisión del poder ejecutivo.
El planteamiento de Peramato sobre la necesidad de reformar el sistema de Justicia Penal y otorgar la instrucción a la Fiscalía podría ser un avance significativo, pero **genera legítimas dudas sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias**. ¿Se cuenta con el consenso político necesario para una reforma de tal envergadura? ¿Se han previsto los recursos humanos y materiales imprescindibles para asumir esta nueva responsabilidad? Y, sobre todo, ¿esta medida contribuirá realmente a una mayor eficiencia y transparencia, o simplemente trasladará el foco de las críticas hacia la Fiscalía, acusándola de parcialidad en las investigaciones? Mientras no se aborden estas cuestiones con honestidad y rigor, la promesa de una Fiscalía renovada corre el riesgo de quedarse en un mero brindis al sol.
Compartir en...
Completa el formulario o escríbenos a [email protected] y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
