Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha sacudido el panorama político nacional al anunciar su intención de contactar con los presidentes autonómicos socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias) para forjar una «alianza en defensa de la igualdad». La iniciativa, según ha explicado, responde a su profunda preocupación por las recientes cesiones del Gobierno central a las demandas independentistas catalanas, a las que tilda de «cupo separatista».
El líder andaluz, en un coloquio organizado por el diario La Razón y presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez está erosionando la «multilateralidad» inherente al Estado español, priorizando en su lugar acuerdos «bilaterales» que, a su juicio, socavan la equidad y la cohesión territorial. «Esto no va ni de Cataluña ni de Andalucía, sino del conjunto de España», aseveró Moreno, argumentando que la redistribución justa de la riqueza es un pilar fundamental de cualquier estado moderno, y que este principio está siendo vulnerado.
La Junta de Andalucía ha manifestado su inquietud de forma oficial. El Gobierno andaluz ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigiendo un retorno inmediato al diálogo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), el foro constitucionalmente establecido para abordar estas cuestiones. Moreno se ha mostrado inflexible: «Iremos a donde tengamos que ir para evitar que el afán de poder de una sola persona -Sánchez- cambie por la puerta de atrás la Constitución española». El presidente andaluz ha apelado a la necesidad urgente de construir una «alternativa» de gobierno que emane de la centralidad política.
Por su parte, Núñez Feijóo ha arremetido duramente contra la política de financiación del Gobierno, acusando a Pedro Sánchez de utilizar el dinero de todos los españoles como «moneda de cambio» para aferrarse al poder. «La igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos no puede depender del código postal», sentenció Feijóo, comprometiéndose a no ceder ante las «minorías políticas» si llega a la Moncloa. El líder popular ha insistido en que los recursos de todos los españoles no pueden ser repartidos por una minoría, haciendo alusión directa al acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.
La jugada de Moreno, buscando un frente común con barones socialistas contra lo que denomina «cupo separatista», huele más a estrategia de desgaste que a sincero espíritu de concertación. Si bien es cierto que la opacidad en las negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat genera legítimas dudas sobre la equidad en la distribución de recursos, resulta hipócrita que el PP, artífice en el pasado de pactos similares con nacionalistas catalanes y vascos, se erija ahora como defensor de la «igualdad». Esta repentina preocupación por la multilateralidad, curiosamente aireada en un foro organizado por La Razón y presentado por Feijóo, parece más un intento de capitalizar el descontento territorial que una genuina voluntad de fortalecer la cohesión nacional.
Sin embargo, no se puede desestimar por completo la validez de la reivindicación andaluza. La insistencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como espacio de debate multilateral es crucial, y la exigencia de transparencia en la negociación de los pactos territoriales resulta imperativa para evitar la sensación de agravio comparativo. El problema reside en la instrumentalización política de esta demanda, convertida en arma arrojadiza contra Sánchez y en plataforma para un PP ávido de recuperar el poder. Urge, por tanto, un debate sereno y constructivo sobre la financiación autonómica, alejado de intereses partidistas y centrado en garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
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