Jumilla, Murcia – 6 de agosto de 2025 – La tranquila localidad murciana de Jumilla se ha visto sacudida por una polémica decisión municipal que ha trascendido las fronteras regionales y resonado en todo el país. El Ayuntamiento, liderado por Severa González del Partido Popular, ha aprobado una moción, impulsada por Vox y respaldada tras una enmienda por el PP, que prohíbe la celebración de festividades musulmanas como el Ramadán o la Fiesta del Cordero en espacios públicos municipales. La medida, inédita en España, ha levantado ampollas y desatado un encendido debate sobre la laicidad, la libertad religiosa y la convivencia intercultural.
La justificación oficial de la moción, defendida con vehemencia por el concejal de Vox, Juan Agustín Carrillo, alude a la defensa de las "tradiciones" e "identidad" españolas, argumentando que ciertas conmemoraciones del rito islámico son "ajenas" a las costumbres locales. Esta postura, que ha sido calificada de islamófoba por algunos sectores, ha encontrado eco en el Partido Popular, que, si bien suavizó el texto original mediante una enmienda, finalmente votó a favor de la prohibición. La alcaldesa, Severa González, necesitaba el apoyo del concejal de Vox para aprobar los presupuestos municipales, lo que según fuentes internas del Ayuntamiento, fue un factor determinante en la decisión.
La aprobación de la moción no ha estado exenta de tensiones y controversias. El PSOE e IU-Podemos-AV votaron en contra, denunciando lo que consideran un ataque a la libertad religiosa y un intento de instrumentalizar la política local con fines ideológicos. La abstención inicial de Vox, justificada por la enmienda del PP, refleja la complejidad de las negociaciones y el delicado equilibrio político en el Ayuntamiento. Mientras tanto, la portavoz popular, Mari Carmen Cruz, ha tratado de minimizar el impacto de la medida, asegurando que "en ningún momento aparece la palabra ‘musulmanes’, ‘comunidad islámica’ ni ‘prohibición’" y que se trata simplemente de regular el uso de las instalaciones deportivas.
Sin embargo, la realidad es que, más allá de la retórica oficial, la moción tiene un claro destinatario: la comunidad musulmana de Jumilla, que hasta ahora había utilizado espacios municipales, como polideportivos, para celebrar sus festividades religiosas. La reforma del reglamento para el uso de las instalaciones deportivas, prevista en la moción, limita su uso al "ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento", dejando fuera de juego a las celebraciones religiosas islámicas.
La medida ha generado una ola de reacciones en la sociedad jumillana y en el resto del país. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos musulmanes han expresado su profunda preocupación y han anunciado movilizaciones para denunciar lo que consideran un acto de discriminación y una vulneración de la libertad religiosa. El futuro de la convivencia intercultural en Jumilla se presenta incierto, y la polémica promete seguir dando que hablar en los próximos meses. La decisión del Ayuntamiento ha puesto a la localidad murciana en el punto de mira y ha reabierto el debate sobre la gestión de la diversidad religiosa en España.
La deriva de Jumilla, con el beneplácito del Partido Popular, hacia una restricción velada de la libertad religiosa es un síntoma preocupante de los tiempos que corren. **No se trata ya de discutir si la laicidad implica la ausencia total de símbolos religiosos en el espacio público, sino de constatar cómo se utiliza la excusa de la defensa de la identidad para discriminar y excluir a una comunidad, la musulmana, que forma parte intrínseca de nuestra sociedad.** Asistimos, en definitiva, a una instrumentalización política que recuerda a estrategias de otros países con un marcado tinte autoritario. El trueque de la aprobación presupuestaria por la limitación de derechos es una práctica deleznable que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Más allá del debate jurídico y la posible impugnación de la moción, la cuestión de fondo reside en la pérdida de oportunidades para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. **En lugar de vetar celebraciones, Jumilla podría haber optado por un diálogo abierto y constructivo con la comunidad musulmana, buscando fórmulas para compatibilizar sus tradiciones con las del resto de la población.** La gestión de la diversidad no pasa por la prohibición, sino por la pedagogía y la promoción de la interculturalidad. Este tipo de decisiones, lejos de proteger la identidad local, la empobrecen y la encierran en un imaginario pasado que poco tiene que ver con la realidad plural de la España del siglo XXI.
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