Madrid se convirtió hoy en el epicentro de la defensa del Estado de Derecho. Cientos de ciudadanos, jueces y fiscales se congregaron frente al Tribunal Supremo en una manifestación que ya se califica como histórica. El grito unánime: «¡Sin Estado de Derecho no hay democracia!», resonó en las calles, denunciando la creciente «injerencia política» en el Poder Judicial y alertando sobre el peligro que supone para la separación de poderes. La protesta, convocada por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales, evidencia una profunda grieta entre la judicatura y el Gobierno, con acusaciones directas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su iniciativa legislativa.
La atmósfera era tensa, pero a la vez cargada de determinación. Rostros serios, pero también la firme convicción de defender un pilar fundamental de la democracia. Los asistentes, llegados de distintos puntos de España, portaban pancartas con lemas contundentes: «Justicia independiente, ciudadanos protegidos», «La justicia no se negocia, se defiende», eran algunos de los mensajes que se podían leer. La indignación era palpable, no solo por la reforma en sí, sino por lo que consideran una estrategia para debilitar la independencia del Poder Judicial y socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Ante la falta de diálogo y la persistencia del Gobierno en seguir adelante con sus reformas, las asociaciones convocantes han anunciado una medida drástica: una huelga los días 1, 2 y 3 de julio. Una decisión difícil, reconocen, pero inevitable. «Nos duelen los justiciables, abogados y procuradores», declararon representantes de las asociaciones, pero aseguran que no les queda «más remedio» que recurrir a esta medida extrema para hacer oír su voz. La huelga, sin duda, paralizaría la actividad judicial en todo el país, generando un colapso en los juzgados y tribunales. Las consecuencias serían significativas para miles de ciudadanos que tienen asuntos pendientes en la Justicia.
La defensa de la separación de poderes fue otro de los ejes centrales de la manifestación. En un comunicado leído entre aplausos, los representantes de las asociaciones recordaron que «todos estamos sometidos a las leyes, también la clase política». Advirtieron sobre los peligros de la concentración de poder y reivindicaron un Poder Judicial independiente «de toda injerencia política para servir a los derechos fundamentales de la ciudadanía». El futuro inmediato se presenta incierto. El Gobierno mantiene su postura, la judicatura se prepara para la huelga y la ciudadanía observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. La batalla por la independencia judicial ha comenzado, y su resultado marcará el rumbo de la democracia en España.
La histórica movilización frente al Supremo, lejos de ser una simple rabieta corporativa, refleja la **profunda erosión de la confianza en nuestras instituciones**. Si bien es comprensible la defensa de la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado de Derecho, la crispación exacerbada y la amenaza de huelga masiva no contribuyen precisamente a serenar el debate ni a generar soluciones constructivas. La sociedad malagueña, ya de por sí desencantada con la política, observa con preocupación cómo esta escalada de tensión puede traducirse en una ralentización aún mayor de los procesos judiciales, afectando directamente a la vida cotidiana de ciudadanos que buscan amparo en la justicia.
Es imperativo que tanto el Gobierno como la judicatura depongan actitudes beligerantes y apuesten por un diálogo sincero y constructivo. La **defensa de la independencia judicial no debe convertirse en un pretexto para bloquear reformas necesarias y urgentes**. La ciudadanía exige una justicia ágil, transparente y eficaz, y eso pasa por modernizar un sistema que, en ocasiones, se muestra anquilosado y distante de las necesidades reales. Resulta irónico que, en nombre de la defensa del Estado de Derecho, se amenace con paralizar la actividad judicial, perjudicando precisamente a aquellos a quienes se pretende proteger. El futuro de nuestra democracia pasa por encontrar un equilibrio entre la independencia judicial y la necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos.
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