Granada, 24 de julio de 2025 – El eco de un caso que sacudió España hace años resurge con fuerza, dejando al descubierto las cicatrices aún latentes de una batalla legal y emocional. Un informe del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Granada, al que ha tenido acceso eldiariodemalaga.es, revela un episodio rocambolesco ocurrido en 2017, donde un niño, Daniel Arcuri, se convirtió en el involuntario protagonista de un drama judicial que trascendió las paredes del centro y se propagó por los medios de comunicación.
La escena, digna de una obra de teatro del absurdo, se desarrolla con Francisca Granados, asesora legal de Juana Rivas, y la propia Rivas, llegando al PEF sin el menor, en un intento, según el informe, de entorpecer la entrega del niño a su padre, Francesco Arcuri, ordenada por la justicia italiana. «¿Y el niño? ¿Dónde está el niño?», preguntaban las psicólogas del centro, desconcertadas ante la ausencia del elemento central de la ecuación. La respuesta, un tanto surrealista, dejó entrever una estrategia premeditada: el niño, según Granados, se había quedado «atrapado entre la prensa».
Las palabras del informe pintan un cuadro desolador: mientras Daniel, presa del pánico, gritaba a las puertas del centro su negativa a reunirse con su padre, acosado por una nube de periodistas, su madre y su asesora parecían más preocupadas por la puesta en escena mediática que por el bienestar emocional del menor. La tensión era palpable, la atmósfera irrespirable. Mientras tanto, en el interior, Juana Rivas simulaba una crisis de ansiedad, distrayendo la atención del equipo técnico y alimentando el caos reinante.
El informe del PEF detalla cómo las profesionales del centro intentaron, en vano, reconducir la situación, insistiendo en la necesidad de que Daniel entrara a las dependencias para poder trabajar con él. Sin embargo, se encontraron con una férrea resistencia por parte de Granados, quien argumentaba que el niño no quería entrar y que no se le podía obligar. La escena, descrita como «surrealista» por las psicólogas, revela una preocupante manipulación del menor y una flagrante desobediencia a las resoluciones judiciales.
Este incidente, lejos de ser un caso aislado, pone de manifiesto la complejidad de los conflictos parentales y el impacto devastador que pueden tener en los niños. La imagen de Daniel, perdido entre la multitud, gritando su desesperación, es un triste recordatorio de las secuelas emocionales que pueden dejar las batallas legales libradas en nombre del «interés superior del menor». Un interés que, en este caso, parece haber quedado relegado a un segundo plano, eclipsado por la necesidad de proyectar una imagen pública favorable.
Este episodio granadino, rescatado del pozo de las disputas legales, no sólo remueve el barro de un conflicto parental particularmente doloroso, sino que también nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la búsqueda de justicia justifica la instrumentalización de un menor? El informe del PEF, más allá de detallar un incidente concreto, pone de manifiesto la obscena utilización de Daniel como peón en una partida de ajedrez mediática y judicial. La imagen del niño, «atrapado entre la prensa», vociferando su angustia, debería sonrojar a todos los implicados, incluyendo a aquellos medios que, con su voraz cobertura, contribuyeron a crear esa atmósfera asfixiante. Es un fracaso colectivo, una herida abierta en el sistema de protección infantil.
La responsabilidad, por supuesto, no recae únicamente en las partes directamente involucradas. El sistema judicial, a menudo lento y burocratizado, también tiene su cuota de culpa. La incapacidad para proteger a Daniel de la exposición pública y la manipulación emocional evidencia una preocupante desconexión entre las resoluciones judiciales y la realidad cotidiana del menor. Urge una revisión profunda de los protocolos de actuación en casos de alta conflictividad parental, donde la protección del niño no sea un mero eslogan, sino una prioridad tangible y verificable. Quizás, como sociedad, deberíamos plantearnos si la persistencia en judicializar cada aspecto de las relaciones familiares rotas es siempre la mejor opción, o si existen vías alternativas de mediación y acompañamiento psicológico que puedan minimizar el daño colateral.
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