La sombra de la controversia vuelve a cernirse sobre Juana Rivas. La Audiencia Provincial de Granada ha decidido abrir un nuevo procedimiento penal contra ella, esta vez por la presunta sustracción de su hijo Daniel durante siete meses. La decisión, comunicada hoy, coloca a Rivas de nuevo en el ojo del huracán judicial, reabriendo un capítulo ya doloroso y polémico de su historia.
El detonante de esta nueva imputación ha sido la denuncia presentada por el abogado de la expareja de Rivas, Francesco Arcuri. Según el auto, al que ha tenido acceso este medio, la Audiencia Provincial ha adoptado una postura firme, haciendo suyas las consideraciones de la corte civil italiana, la cual acusa a Rivas de haber «sacado al niño arbitrariamente de su vida en Cerdeña sin importarle el impacto psicológico sobre él». La justicia italiana considera que Rivas ha mantenido una «conducta tendente a alterar el régimen de custodia, reteniendo al menor en su compañía con incumplimiento de lo ordenado por la autoridad italiana», aun sabiendo que debía devolverlo.
La Audiencia, en un tono crítico, cuestiona la decisión de una juez de guardia en Granada que, el pasado 7 de enero, permitió a Rivas quedarse con el niño, calificándola de «precipitada». El tribunal pone en duda la veracidad de la declaración del menor, quien, según la juez, expresó su deseo de permanecer con su madre, argumentando que, apenas un mes antes, el mismo Daniel había manifestado al juez de Cagliari su deseo de vivir en Cerdeña con su padre. Además, recuerdan que sentencias anteriores ya señalaban «manipulaciones» por parte de la madre para «destruir el vínculo padre/hijo».
La situación se complica aún más para Juana Rivas al recordar su condena anterior por la sustracción de sus hijos en 2016/2017. Aunque recibió un indulto condicionado a no reincidir en un plazo de cuatro años, este plazo aún no ha expirado, lo que podría conllevar la revocación del indulto y el cumplimiento de la pena original.
La Audiencia Provincial destaca la «gravedad de la conducta» de Rivas y su «deliberada voluntad de incumplir» las sentencias judiciales. Este nuevo proceso penal abre un nuevo frente judicial para Juana Rivas, quien deberá enfrentarse a la justicia una vez más en un caso que ha generado un intenso debate sobre los derechos de los menores y la protección de las víctimas de violencia de género. El futuro de Daniel y el destino de Juana Rivas quedan ahora en manos de la justicia.
El nuevo proceso contra Juana Rivas, imputada por la sustracción de su hijo Daniel, arroja una sombra aún más alargada sobre un caso ya de por sí turbio y doloroso. Más allá de la literalidad de las leyes y las sentencias, este nuevo capítulo evidencia la **profunda fractura existente entre los sistemas judiciales de diferentes países y la dificultad de aplicar un enfoque verdaderamente centrado en el bienestar del menor** cuando existen acusaciones cruzadas de manipulación y violencia. Si bien es imperativo el cumplimiento de las resoluciones judiciales, no podemos obviar la necesidad de una perspectiva que considere la complejidad de las dinámicas familiares en contextos de alta conflictividad, donde la búsqueda de la verdad y la protección del menor se diluyen en un laberinto de interpretaciones legales y testimonios contradictorios.
La insistencia en penalizar a Rivas, pese a la condena anterior y el indulto concedido, plantea interrogantes sobre la eficacia de la justicia para abordar las raíces del problema. ¿Se está ofreciendo a Daniel el apoyo psicológico necesario para gestionar la difícil situación que atraviesa? ¿Se están considerando de forma exhaustiva las denuncias de violencia que, aunque no probadas en un juicio, han sido una constante en el relato de Rivas? **Reducir el caso a un mero incumplimiento de sentencias ignora la dimensión humana del drama** y corre el riesgo de perpetuar un ciclo de sufrimiento. Se precisa, con urgencia, una revisión profunda de los protocolos judiciales en casos de custodia transfronteriza, priorizando el diálogo, la mediación y la protección integral del menor, evitando convertirle en rehén de una batalla legal sin fin.
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