El Gobierno de España se enfrenta a una derrota significativa en el cierre del año parlamentario, tras perder la batalla por el impuesto complementario a las grandes compañías energéticas. En una votación marcada por la división política, la alianza entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts, el Partido Popular (PP) y Vox fue decisiva para frenar esta medida, con un total de 183 votos en contra, lo que evidencia la creciente fragilidad del bloque de investidura que ha sostenido al Ejecutivo en los últimos años.
La anulación de este gravamen, que el Gobierno había prometido prorrogar a partir del 1 de enero, representa no solo un revés económico, sino también político. Desde su implementación, este impuesto había generado una recaudación de 1.100 millones de euros en el presente ejercicio, contribuyendo al financiamiento de diversas políticas públicas. La decisión del PNV y Junts de unirse a las fuerzas de la derecha pone de manifiesto la dificultad del Gobierno para mantener una mayoría sólida, lo que podría comprometer su capacidad legislativa en el futuro.
Ambas formaciones nacionalistas justificaron su oposición argumentando que la medida generaría inseguridad jurídica y podría amenazar los empleos y las inversiones en un sector energético que enfrenta desafíos cruciales en la transición hacia una economía más verde. La presión para implementar planes de reconversión se intensifica en un contexto donde las empresas deben adaptarse a normativas medioambientales cada vez más estrictas.
Ante esta situación, el Gobierno considera ahora la posibilidad de trasladar el impuesto a un decreto ley, una opción que enfrenta serias dudas legales, dado que la creación de nuevos impuestos mediante decreto es un asunto complicado y potencialmente inviable. Tal decreto, de concretarse, podría convertirse en un «papel mojado», sin la garantía de ser convalidado en el Parlamento debido a la oposición unificada de PP, Vox, Junts y PNV.
Además, el PP ha logrado introducir enmiendas que, aunque de menor calibre, también contribuyen a erosionar la agenda fiscal del Ejecutivo. Entre estas se encuentran la reducción del IVA al 4% para productos lácteos fermentados y deducciones fiscales vinculadas a ayudas para los afectados por desastres naturales. La sumatoria de los votos en contra de las propuestas más ambiciosas del Gobierno ilustra la creciente coalición que se está formando en el Parlamento, en la que la oposición ha encontrado un terreno fértil para desafiar la narrativa gubernamental.
Con la aprobación de la derogación del impuesto a las grandes energéticas, el PP se atribuye un logro considerable, alegando que gracias a sus esfuerzos, los ciudadanos ahorrarán 6.500 millones de euros en impuestos. No obstante, lo que parece ser un éxito económico podría ocultar un dilema político más profundo para el Gobierno: la falta de cohesión en su bloque de investidura y la creciente dificultad para gestionar una agenda legislativa que refleje sus promesas de cambio. El camino que queda por delante para el Ejecutivo se vislumbra complejo, con la necesidad urgente de reformular su estrategia y reconstruir puentes con aliados cada vez más distantes.
La derogación del impuesto a las grandes energéticas representa un profundo golpe a la credibilidad del Gobierno de España. A medida que la situación política se torna cada vez más fragmentada, la unión de fuerzas entre el PNV, Junts, PP y Vox evidencia la fragilidad que atraviesa el bloque de investidura. Este tipo de fracasos legislativos no solo refleja una falta de apoyo en el Parlamento, sino que también siembra dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para llevar a cabo su programa. ¿Es posible gobernar un país en el que la diversidad de intereses regionales y partidistas se traduce en una deterioración de los acuerdos básicos y fundamentales? La economía podría ser la que más sufra las consecuencias de esta falta de consensos, ya que medidas que favorecen la recaudación y el bienestar social quedan relegadas ante una oposición cada vez más cohesionada.
Por otro lado, el intento del Gobierno de trasladar el impuesto a un decreto ley es un movimiento arriesgado que podría convertirse en un fiasco legal y político. La idea de salvar la cara mientras el bloque gubernamental se fragmenta podría resultar errónea. La capacidad del Ejecutivo de mantener una agenda legislativa efectiva se ve amenazada no solo por la presión de la oposición, sino también por la necesidad imperiosa de hacer frente a retos estructurales como la transición energética. La promesa de un futuro más verde no debe convertirse en un sacrificio por la falta de una política fiscal coherente; más bien, debe ser el motor para una reforma que reactive la confianza en nuestras instituciones. La tarea de reconstruir puentes con aliados lejanos parece monumental, pero es necesario que el Gobierno tome su responsabilidad en serio, el tiempo para eludir debates cruciales ha llegado a su fin.
El Partido Popular va a impulsar una reforma exprés del Reglamento del Senado para que los ministros tengan que justificar sus ausencias en las sesiones de control de la Cámara Alta.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que la iniciativa se va a registrar esta semana y que se aprobará a la mayor brevedad posible para que esté en vigor en el próximo período de sesiones, según un comunicado del PP.
Los populares pedirán que los ministros tengan la obligación de justificar sus ausencias 24 horas antes del plazo fijado para la presentación de preguntas y, si una vez que los grupos parlamentarios registran sus preguntas orales e interpelaciones, el ministro anuncia su ausencia del Pleno, deberá responder otro ministro por él.
En la próxima sesión de control del Senado del próximo martes 20 de mayo estarán ausentes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que lo anunciaron una vez registradas las preguntas del grupo popular, según denuncian estos últimos.
García ha recordado que esta semana el grupo popular registró un escrito en la Cámara «ante la ausencia masiva de ministros» en la próxima sesión de control donde estarán ausentes 13 ministros -«récord esta legislatura», destaca el PP- y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva más de 14 meses sin acudir al Senado.
«Estas ausencias, que son una constante durante toda la Legislatura, responden a la estrategia del Gobierno del avestruz, es decir, esconderse y no dar la cara para dar explicaciones ante las Cortes. Es todo un despropósito y roza prácticas de países de otras latitudes y desde el PP haremos todo lo posible para evitarlo», según la portavoz popular.
Ante la «incesante lluvia de escándalos que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez y que están provocando una gran alarma social, el Ejecutivo pretende silenciar a los senadores, que han votado todos los españoles», ha denunciado García, quien ha denunciado que existe «una clara maniobra de obstrucción parlamentaria sin ningún precedente».
«En definitiva, ni transparencia, ni rendición de cuentas, que son las señas de identidad de Pedro Sánchez y sus ministros», ha señalado García.
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a dos de sus barones con más peso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; para liderar la ponencia política del Congreso que los populares celebrarán en julio en Madrid. Junto a ambos, y completando la lista de los principales nombres del Congreso a falta de conocer quién ocupará la presicencia, estarán dos mujeres, la eurodiputada Alma Ezcurra y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, según ha informado el PP en una nota de prensa.
«Es un honor que asumo con máximo compromiso», ha señalado el popular en su cuenta de X, agradeciendo a Feijóo su «confianza» y asegurando que en el PP tienen «líder y principios claros». «Daremos lo mejor para construir el futuro de España», ha expresado el presidente de la Junta de Castilla y León.
Sus designaciones se someterán este lunes a la consideración de la Junta directiva del PP, junto a las del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, encargados de la ponencia de estatutos.
Se completa así, a falta de saber quién presidirá el cónclave, la lista de los principales nombres de cara al Congreso, cuya comisión organizadora estará en manos del senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, a quien acompañará como vicepresidenta la diputada por Melilla, Sofía Acedo.
La propuesta de Serrano se interpreta como un guiño a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que será la anfitriona de la cita y es, además, una de las puntas de lanza del PP en su estrategia de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.
A ella se une la de los dos hombres fuertes del partido, Moreno y Mañueco, encargados, junto a Chueca y Ezcurra, del rearme ideológico y de definir las principales líneas políticas del partido, tarea pendiente ya que en los anteriores congresos, centrados en los cambios en la presidencia de la formación, no se abordó esta tarea. El último congreso donde hubo ponencia política fue el celebrado en febrero de 2017.
En la junta directiva de este lunes se ratificará la convocatoria del Congreso y los nombres propuestos para su organización y las dos ponencias, la de política y la de estatutos.
El partido quiere abordar durante el encuentro, que finalmente será del 4 al 6 de julio, la reforma del sistema de primarias para profundizar en la democracia interna.
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Emiliano García-Page y Javier Lambán apoyaron a Susana Díaz en su pulso fallido con Pedro Sánchez por el liderazgo del PSOE en 2017. Ahora que EL MUNDO ha publicado los mensajes que el secretario general del partido envió posteriormente a su lugarteniente, José Luis Ábalos, para que acallara las críticas internas, el barón castellanomanchego y el ex dirigente aragonés han querido dejar claro que las discrepancias con la dirección de Ferraz no son personales, sino «de fondo».
En concreto, apuntan al Comité Federal de 2015, el año en el que los socialistas sacaron el que hasta ese momento había sido su peor resultado electoral -90 diputados- , en el que impulsaron la aprobación de una resolución política de forma mayoritaria que le estrechaba el margen de negociación de posibles pactos con Podemos y con los independentistas. Se quería evitar así la posibilidad de que se alcanzara el Gobierno «a cualquier precio», como consideran que acabó ocurriendo.
Según Page, los whatsapps en los que el presidente dio instrucciones a Ábalos de que hablara con él para que dejara de «tocar los cojones» evidencian que «las opiniones discrepantes disgustaban arriba más de lo que es habitual» porque, asegura, en el PSOE siempre ha habido «una razonable tolerancia» a las mismas. «Llegó hasta a estar regulado en los Estatutos que sólo se podía hablar para criticar, la alabanza estaba prohibida por completo. Se entraba en los debates con intención de convencer, no con la de silenciar», argumenta con un deje de melancolía.
En la misma línea, Lambán considera que las conversaciones reveladas por EL MUNDO realzan que desde hace unos años «se ha tratado de imponer un modelo de partido basado en la eliminación de la disidencia y sometido a las decisiones de la dirección». «Este empeño ha sido un éxito y la organización ahora está adormecida, con una militancia entregada a Sánchez que justifica todo lo que hace en el Gobierno, aunque de un día para otro cambie de opinión», lamenta.
El presidente de Castilla-La Mancha, el único socialista que gobierna con mayoría absoluta, argumenta que él siempre ha intentado «ir al fondo de los problemas» y, además, «para mantener la misma posición» que él mismo le ha escuchado «en muchas ocasiones» al propio líder del partido. A lo que agrega: «La incomodidad con la discrepancia es inversamente proporcional a la facilidad para cambiar de opinión que se tiene».
«La sociedad es evidente que está teniendo más problemas para identificarse con el modelo actual, con el proyecto actual o con la imagen actual del PSOE que en el pasado. Ésa es la realidad. Los puros resultados electorales son la mejor manifestación», incide Page. «No podemos pensar que nuestro handicap está en el 30% del voto. Es un partido que tiene que aspirar siempre al máximo posible. Y eso significa optar a grandes mayorías», agrega negándose aceptar la teoría «moderna» de que ahora hay que «sumar minorías». «No se trata de eso. Se trata de que un mensaje sea suficientemente incluyente para que en él se vean representado cómodamente un amplio sector social», recalca.
Sobre dicho cambio de planteamiento que corrija lo que en el sector crítico se considera como un escoramiento hacia «la extrema izquierda», Lambán asegura que «muchos» están tratando de «reactivar ese debate desde fuera del partido», porque «dentro» ahora no es posible: «Mientras no se active ese debate, la rehabilitación de vuelta a la socialdemocracia que muchos pretendemos queda descartada».
«No estamos, ni de lejos, en el momento de apuntar un líder alternativo a Sánchez», reconoce, además, el ex presidente de Aragón. «La militancia está con él, el liderazgo que ejerce es incontestable, y si ya no se da el debate de las ideas normales, sobre el modelo del partido, sobre la reforma de la Constitución o sobre Sanidad, ¿cómo vamos a debatir sobre un liderazgo que la militancia no pone en cuestión?», agrega. Page también cree que su liderazgo es «legítimo» y que es «evidente» que tiene «un amplio respaldo entre las bases».
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El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, serán los encargados de redefinir la organización interna del partido en la Ponencia de Estatutos del Partido Popular de cara al XXI Congreso Nacional de los populares el 4,5 y 6 de julio en Madrid.
Este documento abordará, entre otros asuntos, una posible reforma del sistema actual de primarias del partido, vigente desde la etapa del expresidente Mariano Rajoy, que en pleno debate sobre la democracia interna y ante el ascenso de Ciudadanos implantó una suerte de doble vuelta.
En una primera votación, los militantes eligen entre todos los candidatos y los dos más votados se quedan en manos de los compromisarios en un segundo escrutinio. Este sistema aupó a Pablo Casado como presidente del PP en 2018 y frenó a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a pesar de que fue la más apoyada entre las bases.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya expresó su voluntad en 2022 por modificar este sistema. Entonces, apostó por un modelo centrado en los compromisarios, que daría más margen de maniobra al aparato del partido. Esta semana, en cambio, puso el foco en los afiliados. «Es un poco raro de explicar que todos los militantes pueden votar, pero que la votación de esos militantes puede quedar anulada por una segunda votación de los compromisarios», dijo.
Los presidentes de Andalucía y Murcia, Juanma Moreno y López Miras, secundan la opinión de Feijóo y ven necesario hacer ajustes en las primarias. En concreto, el murciano expresó hace unos días que habrá que ver «si hay una propuesta y si mejora el sistema actual», aunque reconoció que «todo es mejorable» y el sistema del PP «también».
Queda por dilucidar la posición del PP de Madrid, que extraoficialmente apuesta por dar peso a la militancia. Isabel Díaz Ayuso ha defendido que las cuestiones internas se deliberen en secreto: «Lo que pase en el partido se queda en el partido, como en Las Vegas». En Génova esperan a conocer las propuestas de los ponentes, que serán quienes marquen el camino. La certeza es que Feijóo tendrá que enfrentarse al sistema actual de primarias para revalidar su liderazgo.
Sobre los elegidos para esta ponencia, del presidente murciano en el PP destacan su «capacidad de parar con habilidad la moción de censura» con la que el PSOE «intentó derrocarle durante la pasada legislatura», y cómo «ganó ampliamente las elecciones autonómicas de 2023, quedándose a solo dos escaños de la mayoría absoluta».
De Guardiola, primera presidenta de la Junta de Extremadura, valoran que «es una dirigente valiente y con criterio que ha plantado cara a unos y otros en la defensa de sus principios y sus ideas», además de su visión «municipalista» por haber sido concejala.
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El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha advertido este sábado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB sería «inasumible» y supondría «la ruina» del país.
En declaraciones a los medios en Cartagena, el líder de IU se refería así a las palabras del secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, mostrándose convencido de que España llegará a ese porcentaje que podría fijarse en la Cumbre que la OTAN va celebrar en junio en La Haya.
«Eso no es solo inasumible, sino que significaría la ruptura de cualquier política de carácter social o de sostenimiento de la propia infraestructura que da el Estado a través de los servicios», ha enfatizado el líder de IU, cuya formación está integrada en Sumar, socio minoritario del Ejecutivo de coalición.
Tras destacar que el 5% del PIB es lo que España destina a educación, Maíllo ha incidido en que «el carril del rearme es incompatible con los derechos sociales» y ha llamado a la movilización social contra el aumento del gasto militar.
«Necesitamos que la voz del pueblo de España se levante desde esa tradición pacifista que nos ha caracterizado para decir no a esa dinámica de rearme y para construir el Gobierno de la esperanza democrática frente a la reacción y el autoritarismo», ha aseverado.
A su juicio, si el Gobierno de coalición se alinea con «la extrema derecha y la derecha de los países de la Unión Europea» no se diferenciará de ello «en nada».
Además, Maíllo se ha referido a la situación de Gaza y ha vuelto a reclamar «un alto el fuego inmediato» y una «posición independiente» de la Unión Europea que exija al «Gobierno genocida de Israel» el cese de las «actividades de exterminio» sobre la población de los territorios ocupados.
«La prioridad en estos momentos es de carácter humanitario. Es un exterminio a cámara lenta y a la vista de todos y necesitamos una respuesta inmediata», ha enfatizado, a la vez que ha demandado de nuevo que se «rompa todo tipo de relación» con el Gobierno de Benjamin Netanyahu para que «aprenda que no puede avanzar en la acción exterminadora que está cometiendo con un pueblo entero».
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El expediente de expulsión definitiva de José Luis Ábalos del PSOE sigue sin resolverse casi 15 meses después de su apertura y, según ha podido saber este periódico, no está previsto que vaya a cerrarse de forma inminente. Quien fue nombrado secretario de Organización por Pedro Sánchez al recuperar el liderazgo del partido 2017 se encuentra en situación de suspensión cautelar de militancia desde el 27 de febrero de 2024 tras la detención de Koldo García, su mano derecha en el Ministerio de Transportes, por la presunta trama de cobro de comisiones millonarias en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid.
En medio ahora de la polémica por la difusión de sus mensajes con el presidente del Gobierno -publicados en exclusiva por EL MUNDO-, desde la dirección de Ferraz reconocen que el procedimiento para la retirada definitiva del carnet de su ex número tres «no es sencillo» porque el interesado ha presentado varios recursos en contra de una decisión que considera «arbitraria». Además, añaden como elemento adicional de la complejidad que no se trata de un afiliado cualquiera -tuvo el control del aparato durante cuatro años- y sostienen que el caso tiene que resolverse «con todas las garantías» para evitar que pueda acabar judicializado.
La cúpula socialista tardó cinco días en exigir públicamente a Ábalos la entrega del acta de diputado en un plazo de 24 horas por su «responsabilidad política» en el caso Koldo, a pesar de admitir que en aquel momento no había contra él «ningún reproche penal», y al negarse a hacerlo se pasó al Grupo Mixto. No fue hasta 10 meses después cuando el Tribunal Supremo le abrió una causa imputándole los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación por la contratación irregular de material sanitario.
Aun así, en aplicación del Código Ético y de Conducta del partido en vigor, ni siquiera este cambio en su situación judicial hubiera sido motivo automático para apartarlo: según el documento que establece los principios que rigen el comportamiento del afilado, sólo debe solicitar su baja voluntaria y renunciar a sus cargos públicos si los tienen cuando se dicte auto de apertura de juicio oral. De no hacerlo, «podrá ser suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido» en una serie de supuestos, incluidos los que supuestamente se le atribuyen al ex ministro.
El PSOE informó de la apertura de un expediente disciplinario a Ábalos justo después de la rueda de prensa en la que comunicó que no iba a acatar la orden de entregar el acta, que es personal. En una resolución de seis páginas, Ferraz argumentó que podría haber incurrido en tres faltas muy graves por «abandono de cargo público», «actuación en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido» y por «menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas».
En un primer escrito de alegaciones contra su suspensión de militancia remitido a la Comisión Federal de Ética y Garantías -que es el organismo, sobre el papel, independiente del actual secretario de Organización, Santos Cerdán, que tiene que decidir sobre su expulsión-, el ex dirigente solicitó el cierre de las actuaciones y la inmediata devolución de su condición de afiliado al denunciar que el instructor no había llevado a cabo ninguna actuación en más de seis meses . Posteriormente, y antes de su imputación, presentó un segundo escrito en el que argumentaba que su castigo se había adoptado de forma «arbitraria» por basarse en «una apreciación subjetiva» que no se ajusta a la realidad.
Desde su nuevo escaño el Grupo Mixto, Ábalos ha seguido hasta ahora la disciplina de voto del PSOE, partido por el que concurrió a las elecciones generales de 2023 como número dosen la lista por Valencia. La última vez lo hizo el pasado 8 de mayo, en la convalidación del decreto antiaranceles, cuando su sí además podía haber resultado decisivo ya que el Gobierno no tenía asegurado al 100% el respaldo de Junts.
Esta semana, sin embargo, el ex ministro no ha acudido al hemiciclo ni tampoco ha solicitado poder intervenir en los plenos de forma telemática coincidiendo con la publicación de los mensajes con Sánchez tanto antes de que dejara de ser su hombre fuerte en 2021 como después. A través de su cuenta de X, ha explicado que EL MUNDO se puso en contacto con él para preguntarle por unos mensajes de 2023 y que no se opuso a su publicación: «Esto no quiere decir que yo haya filtrado nada, solo contrasto una información que me llega».
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