El debate en el Congreso de los Diputados sobre el futuro de los saharauis ha vuelto a poner de manifiesto las tensiones existentes dentro del Gobierno de coalición. La iniciativa de Sumar para otorgar la nacionalidad española a saharauis nacidos en el territorio durante el periodo colonial ha avanzado a pesar del rechazo del PSOE. Con estimaciones que apuntan a que entre 180.000 y 200.000 personas podrían beneficiarse, la propuesta se abre a la posibilidad de que también sus descendientes opten por la nacionalidad.
Durante la sesión, la diputada de Sumar, Tesh Sidi, ardió en críticas hacia el PSOE, preguntándose retóricamente qué había hecho su pueblo para ser borrados de la memoria histórica española. Su intervención no solo resonó entre los presentes, sino que también evidenció la creciente fractura dentro del Ejecutivo. La audaz propuesta, que contrasta con el giro diplomático tomado por Pedro Sánchez hace casi tres años, ha encontrado un apoyo firme en fuerzas como PP, ERC, PNV y otros grupos regionales, quienes ven el reconocimiento de los derechos de los saharauis como una cuestión de justicia.
El PSOE, por su parte, sostiene que la tramitación de esta ley carece de la base jurídica necesaria, defendiendo la necesidad de un proceso más consensuado y orientado a mantener la coherencia con las decisiones históricas respecto a países como Guinea Ecuatorial. Este argumento ha llevado al partido a quedar aislado en la votación, donde 195 votos a favor contrastaron con los 116 en contra de su postura.
En el corazón del debate, la reivindicación de un ejercicio de memoria restaurativa se ha presentado como un clamor. La diputada Tesh Sidi ha enfatizado que la propuesta de Sumar no solo busca justicia para los saharauis nacidos cuando el territorio estaba bajo control español, sino también un acto de igualdad que permita a generaciones posteriores acceder a los beneficios de otros colectivos, como los latinoamericanos o los sefardíes, en un plazo de dos años.
La respuesta del PSOE subraya una postura calculada, enfocada en evitar contradicciones jurídicas, pero al costo de quedar en la incomodidad dentro del propio Gobierno. Su enfoque centrado en “volver al punto de partida” no ha dejado de ser criticado por los otros partidos, que abogan por un avance audaz y directo hacia la resolución de esta injusticia histórica. La jornada no solo ha sido una victoria para los impulsores de la iniciativa, sino un recordatorio de que la política española sigue afrontando retos significativos en la búsqueda de la reconciliación con sus pasados coloniales.
La reciente fractura dentro del Gobierno de coalición a raíz de la propuesta de Sumar sobre el Sáhara Occidental revela no solo las tensiones políticas internas, sino también un conflicto ético más profundo que abarca las responsabilidades históricas de España. La defensa del PSOE de una posición más cautelosa respecto a la nacionalidad española para saharauis nos recuerda que la política no se puede desmarcar de su historia colonial. Sin embargo, esta postura, que se enfoca en la coherencia jurídica y el respeto a decisiones pasadas, puede interpretarse como un intento de eludir una obligación moral de justicia. En tiempos donde el clamor por la igualdad y el reconocimiento de derechos se intensifica, el PSOE parece atarse a una lógica que, si bien puede ser prudente, es incapaz de responder a las demandas de una sociedad que aspira a cerrar heridas del pasado.
Por otro lado, la iniciativa de Sumar, aunque fracturante, debe ser vista como un intento valiente de avanzar hacia una memoria restaurativa que no solo busca reparar injusticias, sino también definir el futuro de España en un contexto global cada vez más consciente de sus sombras históricas. La actuación de Tesh Sidi en el Congreso refleja una necesidad urgente de reconocer la voz de aquellos cuyos derechos han sido sistemáticamente ignorados. La polarización generada en el debate debe ser transformada en una oportunidad para que el Gobierno reevalúe sus prioridades y busque un consenso que respete tanto el espíritu de la ley como las exigencias de justicia social. Así, se convertiría en un simbolismo de progreso social y, por ende, un paso esencial hacia una reconciliación que, hasta ahora, parece esquiva.
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