El Rey Felipe VI clausuró el pasado martes la conferencia anual de embajadores, un encuentro que sirvió de plataforma para que los 130 diplomáticos españoles acreditados en el extranjero tomaran el pulso a los retos y oportunidades que presenta el panorama internacional. En su discurso final, Don Felipe subrayó que la democracia es un bien preciado que requiere no solo ser defendido, sino también cultivado a través de un esfuerzo constante. Resaltó que «la democracia no es solo la conquista de una ocasión histórica, sino el fruto de una exigente y delicada labor diaria«, recordando la responsabilidad colectiva que recae sobre autoridades y ciudadanos.
En una intervención que resonó en el contexto político actual de España, el monarca enfatizó que el respeto por las normas democráticas son fundamentales, instando a todos a ejercer esta responsabilidad con seriedad. Este mensaje adquiere especial relevancia en días donde la tensión política ha surgido, como se evidenció en las recientes declaraciones del Gobierno, que tildó de «elucubraciones» el último auto del juez del Supremo en relación a presuntas filtraciones de información delicada. La intervención judicial recalca la necesidad de mantener la integridad en la gestión pública, un principio que Felipe VI defendió con energía.
Más allá de los desafíos internos, el Rey dirigió su atención hacia el ámbito internacional, afirmando que «saber defender el estado de derecho y alzar la voz en condena contra violaciones de derechos humanos debe ser una parte intrínseca del compromiso democrático». Esta declaración se produce en un momento donde las tensiones geopolíticas marcan la agenda mundial, y donde la voz de España en entornos como la OTAN es más relevante que nunca.
Además, Felipe VI enfatizó la importancia de la lengua española como vehículo para promover los valores democráticos y humanitarios, sugiriendo que el idioma merecía un papel destacado en las instituciones internacionales, no solo por su número de hablantes, cerca de 600 millones, sino por su carga cultural y su capacidad de conexión entre pueblos. Intrigantemente, sus palabras contrastan con las prioridades establecidas por el Gobierno, que ha señalado la inclusión de lenguas cooficiales en las instituciones europeas como su objetivo para el presente año.
El Jefe del Estado también dedicó parte de su intervención a resaltar el continuo fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, especialmente en el contexto de la nueva legislatura de Donald Trump. «Debemos encararla con el ánimo de ahondar en esta relación, sobre la base de una agenda positiva que abarque temas de prosperidad y seguridad», declaró el Rey, apuntando a la importancia de la base naval de Rota como muestra del compromiso entre ambos países.
El mensaje transmitido por Felipe VI durante la clausura de la conferencia anual de embajadores se revela como un llamado a la acción, un recordatorio de que la democracia y la cohesión internacional no son solo menesteres de los gobiernos, sino responsabilidades compartidas que deben ser defendidas y promovidas por todos, en el hogar y en el extranjero. Este discurso no solo busca orientar a los diplomáticos, sino que también invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el papel que juegan en la defensa de los valores democráticos que son esenciales para la convivencia y la paz.
La intervención del Rey Felipe VI en la clausura de la conferencia de embajadores es un recordatorio oportuno de que la defensa de la democracia debe ser un esfuerzo colectivo y constante. Sin embargo, sus palabras parecen flotar en un contexto donde la tensión política y la polarización están en aumento, lo que hace que este llamado a la responsabilidad ciudadana suene como un eco distante. En lugar de simplemente proferir discursos que exaltan la importancia de las normas democráticas, sería más eficaz que la Corona adoptara un papel activista, promoviendo un diálogo más abierto y transparente entre las diversas fuerzas políticas del país. Como monarca, Felipe VI no debe limitarse a ser un observador del juego democrático, sino que tiene la posibilidad de ser un mediador que articule un mensaje de unidad y cohesión en tiempos de discordia.
Por otro lado, la mención del Rey sobre el compromiso con los derechos humanos en un escenario internacional es fundamental en un mundo donde las violaciones de estos derechos son demasiado comunes. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo puede España erigirse como un faro de justicia cuando las dificultades internas se manifiestan en su propio suelo? La conexión que establece entre la lengua española y la promoción de valores democráticos, aunque loable, no puede enmascarar el hecho de que las prioridades del Gobierno español, centradas en la inclusión de lenguas cooficiales en la esfera europea, podrían interpretarse como un intento de ignorar las arraigadas tensiones políticas internas. Para un efecto real, las palabras de Felipe VI deben traducirse en acciones concretas que fortalezcan la legitimidad de la democracia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
El Partido Popular va a impulsar una reforma exprés del Reglamento del Senado para que los ministros tengan que justificar sus ausencias en las sesiones de control de la Cámara Alta.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que la iniciativa se va a registrar esta semana y que se aprobará a la mayor brevedad posible para que esté en vigor en el próximo período de sesiones, según un comunicado del PP.
Los populares pedirán que los ministros tengan la obligación de justificar sus ausencias 24 horas antes del plazo fijado para la presentación de preguntas y, si una vez que los grupos parlamentarios registran sus preguntas orales e interpelaciones, el ministro anuncia su ausencia del Pleno, deberá responder otro ministro por él.
En la próxima sesión de control del Senado del próximo martes 20 de mayo estarán ausentes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que lo anunciaron una vez registradas las preguntas del grupo popular, según denuncian estos últimos.
García ha recordado que esta semana el grupo popular registró un escrito en la Cámara «ante la ausencia masiva de ministros» en la próxima sesión de control donde estarán ausentes 13 ministros -«récord esta legislatura», destaca el PP- y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva más de 14 meses sin acudir al Senado.
«Estas ausencias, que son una constante durante toda la Legislatura, responden a la estrategia del Gobierno del avestruz, es decir, esconderse y no dar la cara para dar explicaciones ante las Cortes. Es todo un despropósito y roza prácticas de países de otras latitudes y desde el PP haremos todo lo posible para evitarlo», según la portavoz popular.
Ante la «incesante lluvia de escándalos que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez y que están provocando una gran alarma social, el Ejecutivo pretende silenciar a los senadores, que han votado todos los españoles», ha denunciado García, quien ha denunciado que existe «una clara maniobra de obstrucción parlamentaria sin ningún precedente».
«En definitiva, ni transparencia, ni rendición de cuentas, que son las señas de identidad de Pedro Sánchez y sus ministros», ha señalado García.
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a dos de sus barones con más peso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; para liderar la ponencia política del Congreso que los populares celebrarán en julio en Madrid. Junto a ambos, y completando la lista de los principales nombres del Congreso a falta de conocer quién ocupará la presicencia, estarán dos mujeres, la eurodiputada Alma Ezcurra y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, según ha informado el PP en una nota de prensa.
«Es un honor que asumo con máximo compromiso», ha señalado el popular en su cuenta de X, agradeciendo a Feijóo su «confianza» y asegurando que en el PP tienen «líder y principios claros». «Daremos lo mejor para construir el futuro de España», ha expresado el presidente de la Junta de Castilla y León.
Sus designaciones se someterán este lunes a la consideración de la Junta directiva del PP, junto a las del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, encargados de la ponencia de estatutos.
Se completa así, a falta de saber quién presidirá el cónclave, la lista de los principales nombres de cara al Congreso, cuya comisión organizadora estará en manos del senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, a quien acompañará como vicepresidenta la diputada por Melilla, Sofía Acedo.
La propuesta de Serrano se interpreta como un guiño a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que será la anfitriona de la cita y es, además, una de las puntas de lanza del PP en su estrategia de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.
A ella se une la de los dos hombres fuertes del partido, Moreno y Mañueco, encargados, junto a Chueca y Ezcurra, del rearme ideológico y de definir las principales líneas políticas del partido, tarea pendiente ya que en los anteriores congresos, centrados en los cambios en la presidencia de la formación, no se abordó esta tarea. El último congreso donde hubo ponencia política fue el celebrado en febrero de 2017.
En la junta directiva de este lunes se ratificará la convocatoria del Congreso y los nombres propuestos para su organización y las dos ponencias, la de política y la de estatutos.
El partido quiere abordar durante el encuentro, que finalmente será del 4 al 6 de julio, la reforma del sistema de primarias para profundizar en la democracia interna.
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Emiliano García-Page y Javier Lambán apoyaron a Susana Díaz en su pulso fallido con Pedro Sánchez por el liderazgo del PSOE en 2017. Ahora que EL MUNDO ha publicado los mensajes que el secretario general del partido envió posteriormente a su lugarteniente, José Luis Ábalos, para que acallara las críticas internas, el barón castellanomanchego y el ex dirigente aragonés han querido dejar claro que las discrepancias con la dirección de Ferraz no son personales, sino «de fondo».
En concreto, apuntan al Comité Federal de 2015, el año en el que los socialistas sacaron el que hasta ese momento había sido su peor resultado electoral -90 diputados- , en el que impulsaron la aprobación de una resolución política de forma mayoritaria que le estrechaba el margen de negociación de posibles pactos con Podemos y con los independentistas. Se quería evitar así la posibilidad de que se alcanzara el Gobierno «a cualquier precio», como consideran que acabó ocurriendo.
Según Page, los whatsapps en los que el presidente dio instrucciones a Ábalos de que hablara con él para que dejara de «tocar los cojones» evidencian que «las opiniones discrepantes disgustaban arriba más de lo que es habitual» porque, asegura, en el PSOE siempre ha habido «una razonable tolerancia» a las mismas. «Llegó hasta a estar regulado en los Estatutos que sólo se podía hablar para criticar, la alabanza estaba prohibida por completo. Se entraba en los debates con intención de convencer, no con la de silenciar», argumenta con un deje de melancolía.
En la misma línea, Lambán considera que las conversaciones reveladas por EL MUNDO realzan que desde hace unos años «se ha tratado de imponer un modelo de partido basado en la eliminación de la disidencia y sometido a las decisiones de la dirección». «Este empeño ha sido un éxito y la organización ahora está adormecida, con una militancia entregada a Sánchez que justifica todo lo que hace en el Gobierno, aunque de un día para otro cambie de opinión», lamenta.
El presidente de Castilla-La Mancha, el único socialista que gobierna con mayoría absoluta, argumenta que él siempre ha intentado «ir al fondo de los problemas» y, además, «para mantener la misma posición» que él mismo le ha escuchado «en muchas ocasiones» al propio líder del partido. A lo que agrega: «La incomodidad con la discrepancia es inversamente proporcional a la facilidad para cambiar de opinión que se tiene».
«La sociedad es evidente que está teniendo más problemas para identificarse con el modelo actual, con el proyecto actual o con la imagen actual del PSOE que en el pasado. Ésa es la realidad. Los puros resultados electorales son la mejor manifestación», incide Page. «No podemos pensar que nuestro handicap está en el 30% del voto. Es un partido que tiene que aspirar siempre al máximo posible. Y eso significa optar a grandes mayorías», agrega negándose aceptar la teoría «moderna» de que ahora hay que «sumar minorías». «No se trata de eso. Se trata de que un mensaje sea suficientemente incluyente para que en él se vean representado cómodamente un amplio sector social», recalca.
Sobre dicho cambio de planteamiento que corrija lo que en el sector crítico se considera como un escoramiento hacia «la extrema izquierda», Lambán asegura que «muchos» están tratando de «reactivar ese debate desde fuera del partido», porque «dentro» ahora no es posible: «Mientras no se active ese debate, la rehabilitación de vuelta a la socialdemocracia que muchos pretendemos queda descartada».
«No estamos, ni de lejos, en el momento de apuntar un líder alternativo a Sánchez», reconoce, además, el ex presidente de Aragón. «La militancia está con él, el liderazgo que ejerce es incontestable, y si ya no se da el debate de las ideas normales, sobre el modelo del partido, sobre la reforma de la Constitución o sobre Sanidad, ¿cómo vamos a debatir sobre un liderazgo que la militancia no pone en cuestión?», agrega. Page también cree que su liderazgo es «legítimo» y que es «evidente» que tiene «un amplio respaldo entre las bases».
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El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, serán los encargados de redefinir la organización interna del partido en la Ponencia de Estatutos del Partido Popular de cara al XXI Congreso Nacional de los populares el 4,5 y 6 de julio en Madrid.
Este documento abordará, entre otros asuntos, una posible reforma del sistema actual de primarias del partido, vigente desde la etapa del expresidente Mariano Rajoy, que en pleno debate sobre la democracia interna y ante el ascenso de Ciudadanos implantó una suerte de doble vuelta.
En una primera votación, los militantes eligen entre todos los candidatos y los dos más votados se quedan en manos de los compromisarios en un segundo escrutinio. Este sistema aupó a Pablo Casado como presidente del PP en 2018 y frenó a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a pesar de que fue la más apoyada entre las bases.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya expresó su voluntad en 2022 por modificar este sistema. Entonces, apostó por un modelo centrado en los compromisarios, que daría más margen de maniobra al aparato del partido. Esta semana, en cambio, puso el foco en los afiliados. «Es un poco raro de explicar que todos los militantes pueden votar, pero que la votación de esos militantes puede quedar anulada por una segunda votación de los compromisarios», dijo.
Los presidentes de Andalucía y Murcia, Juanma Moreno y López Miras, secundan la opinión de Feijóo y ven necesario hacer ajustes en las primarias. En concreto, el murciano expresó hace unos días que habrá que ver «si hay una propuesta y si mejora el sistema actual», aunque reconoció que «todo es mejorable» y el sistema del PP «también».
Queda por dilucidar la posición del PP de Madrid, que extraoficialmente apuesta por dar peso a la militancia. Isabel Díaz Ayuso ha defendido que las cuestiones internas se deliberen en secreto: «Lo que pase en el partido se queda en el partido, como en Las Vegas». En Génova esperan a conocer las propuestas de los ponentes, que serán quienes marquen el camino. La certeza es que Feijóo tendrá que enfrentarse al sistema actual de primarias para revalidar su liderazgo.
Sobre los elegidos para esta ponencia, del presidente murciano en el PP destacan su «capacidad de parar con habilidad la moción de censura» con la que el PSOE «intentó derrocarle durante la pasada legislatura», y cómo «ganó ampliamente las elecciones autonómicas de 2023, quedándose a solo dos escaños de la mayoría absoluta».
De Guardiola, primera presidenta de la Junta de Extremadura, valoran que «es una dirigente valiente y con criterio que ha plantado cara a unos y otros en la defensa de sus principios y sus ideas», además de su visión «municipalista» por haber sido concejala.
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El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha advertido este sábado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB sería «inasumible» y supondría «la ruina» del país.
En declaraciones a los medios en Cartagena, el líder de IU se refería así a las palabras del secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, mostrándose convencido de que España llegará a ese porcentaje que podría fijarse en la Cumbre que la OTAN va celebrar en junio en La Haya.
«Eso no es solo inasumible, sino que significaría la ruptura de cualquier política de carácter social o de sostenimiento de la propia infraestructura que da el Estado a través de los servicios», ha enfatizado el líder de IU, cuya formación está integrada en Sumar, socio minoritario del Ejecutivo de coalición.
Tras destacar que el 5% del PIB es lo que España destina a educación, Maíllo ha incidido en que «el carril del rearme es incompatible con los derechos sociales» y ha llamado a la movilización social contra el aumento del gasto militar.
«Necesitamos que la voz del pueblo de España se levante desde esa tradición pacifista que nos ha caracterizado para decir no a esa dinámica de rearme y para construir el Gobierno de la esperanza democrática frente a la reacción y el autoritarismo», ha aseverado.
A su juicio, si el Gobierno de coalición se alinea con «la extrema derecha y la derecha de los países de la Unión Europea» no se diferenciará de ello «en nada».
Además, Maíllo se ha referido a la situación de Gaza y ha vuelto a reclamar «un alto el fuego inmediato» y una «posición independiente» de la Unión Europea que exija al «Gobierno genocida de Israel» el cese de las «actividades de exterminio» sobre la población de los territorios ocupados.
«La prioridad en estos momentos es de carácter humanitario. Es un exterminio a cámara lenta y a la vista de todos y necesitamos una respuesta inmediata», ha enfatizado, a la vez que ha demandado de nuevo que se «rompa todo tipo de relación» con el Gobierno de Benjamin Netanyahu para que «aprenda que no puede avanzar en la acción exterminadora que está cometiendo con un pueblo entero».
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El expediente de expulsión definitiva de José Luis Ábalos del PSOE sigue sin resolverse casi 15 meses después de su apertura y, según ha podido saber este periódico, no está previsto que vaya a cerrarse de forma inminente. Quien fue nombrado secretario de Organización por Pedro Sánchez al recuperar el liderazgo del partido 2017 se encuentra en situación de suspensión cautelar de militancia desde el 27 de febrero de 2024 tras la detención de Koldo García, su mano derecha en el Ministerio de Transportes, por la presunta trama de cobro de comisiones millonarias en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid.
En medio ahora de la polémica por la difusión de sus mensajes con el presidente del Gobierno -publicados en exclusiva por EL MUNDO-, desde la dirección de Ferraz reconocen que el procedimiento para la retirada definitiva del carnet de su ex número tres «no es sencillo» porque el interesado ha presentado varios recursos en contra de una decisión que considera «arbitraria». Además, añaden como elemento adicional de la complejidad que no se trata de un afiliado cualquiera -tuvo el control del aparato durante cuatro años- y sostienen que el caso tiene que resolverse «con todas las garantías» para evitar que pueda acabar judicializado.
La cúpula socialista tardó cinco días en exigir públicamente a Ábalos la entrega del acta de diputado en un plazo de 24 horas por su «responsabilidad política» en el caso Koldo, a pesar de admitir que en aquel momento no había contra él «ningún reproche penal», y al negarse a hacerlo se pasó al Grupo Mixto. No fue hasta 10 meses después cuando el Tribunal Supremo le abrió una causa imputándole los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación por la contratación irregular de material sanitario.
Aun así, en aplicación del Código Ético y de Conducta del partido en vigor, ni siquiera este cambio en su situación judicial hubiera sido motivo automático para apartarlo: según el documento que establece los principios que rigen el comportamiento del afilado, sólo debe solicitar su baja voluntaria y renunciar a sus cargos públicos si los tienen cuando se dicte auto de apertura de juicio oral. De no hacerlo, «podrá ser suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido» en una serie de supuestos, incluidos los que supuestamente se le atribuyen al ex ministro.
El PSOE informó de la apertura de un expediente disciplinario a Ábalos justo después de la rueda de prensa en la que comunicó que no iba a acatar la orden de entregar el acta, que es personal. En una resolución de seis páginas, Ferraz argumentó que podría haber incurrido en tres faltas muy graves por «abandono de cargo público», «actuación en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido» y por «menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas».
En un primer escrito de alegaciones contra su suspensión de militancia remitido a la Comisión Federal de Ética y Garantías -que es el organismo, sobre el papel, independiente del actual secretario de Organización, Santos Cerdán, que tiene que decidir sobre su expulsión-, el ex dirigente solicitó el cierre de las actuaciones y la inmediata devolución de su condición de afiliado al denunciar que el instructor no había llevado a cabo ninguna actuación en más de seis meses . Posteriormente, y antes de su imputación, presentó un segundo escrito en el que argumentaba que su castigo se había adoptado de forma «arbitraria» por basarse en «una apreciación subjetiva» que no se ajusta a la realidad.
Desde su nuevo escaño el Grupo Mixto, Ábalos ha seguido hasta ahora la disciplina de voto del PSOE, partido por el que concurrió a las elecciones generales de 2023 como número dosen la lista por Valencia. La última vez lo hizo el pasado 8 de mayo, en la convalidación del decreto antiaranceles, cuando su sí además podía haber resultado decisivo ya que el Gobierno no tenía asegurado al 100% el respaldo de Junts.
Esta semana, sin embargo, el ex ministro no ha acudido al hemiciclo ni tampoco ha solicitado poder intervenir en los plenos de forma telemática coincidiendo con la publicación de los mensajes con Sánchez tanto antes de que dejara de ser su hombre fuerte en 2021 como después. A través de su cuenta de X, ha explicado que EL MUNDO se puso en contacto con él para preguntarle por unos mensajes de 2023 y que no se opuso a su publicación: «Esto no quiere decir que yo haya filtrado nada, solo contrasto una información que me llega».
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