El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encendido la alarma en el ámbito político europeo, señalando que el Partido Popular Europeo (PPE) está profundamente preocupado por la «deriva antidemocrática» que, según sus palabras, practica el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una declaración desde Berlín, durante su participación en un encuentro de líderes europeos, Feijóo ha prometido que el PPE actuará si persiste la erosión de la calidad democrática en España, comparable a situaciones que se han vivido en Polonia y Hungría.
Feijóo ha subrayado que las acciones del Gobierno de Sánchez son incompatibles con los principios fundamentales del respeto a la separación de poderes y la libertad de expresión que garantizan los tratados europeos. Según el líder del PP, el Ejecutivo está llevando a España a una «fase agónica» en la que la Constitución y la democracia se ven amenazadas. A medida que se intensifican las críticas sobre la gestión del Gobierno, Feijóo ha instado a que la situación actual se convierta en un motivo de preocupación no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito europeo.
Además de las preocupaciones sobre la erosión democrática, Feijóo ha hecho hincapié en la corrupción que rodea al presidente, con numerosas preguntas de líderes europeos sobre las implicaciones de los escándalos que afectan a Sánchez y a su círculo cercano. La oposición crítica también ha centrado su atención en la Ley Begoña, propuesta por el PSOE, que Feijóo considera como un intento de «amnistía preventiva» para proteger a Sánchez y su familia de posibles cargos legales. Este contexto ha generado un ambiente de desconfianza y alerta dentro del tejido político español, donde cada movimiento del Gobierno es meticulosamente analizado.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha hecho eco de estas preocupaciones, denunciando que el Gobierno no solo intenta expandir su control sobre las instituciones públicas, sino que también se aventura en la colonización de empresas privadas. Gamarra ha puesto en el foco de la crítica el reciente relevo en la dirección de Telefónica, interpretándolo como un intento del Gobierno para afianzar su influencia en una compañía considerada un símbolo de prestigio nacional. A su juicio, el impacto de estas decisiones no se limita al ámbito corporativo, sino que también afecta a la imagen de España en el extranjero y a la salud del sector privado en el país.
La desesperanza expresada por Feijóo respecto a la situación del Gobierno de Sánchez sugiere que la crisis política en España se encuentra en un punto álgido. Con una legislatura que avanza hacia lo que califica como «una situación irreversible», el líder del PP invita a todos los grupos políticos y ciudadanos a reflexionar sobre el rumbo que está tomando la democracia en el país. El eco de sus palabras en la escena internacional podría ser el catalizador que varias figuras políticas y sociales necesitan para comenzar un diálogo abierto sobre el futuro democrático de España. En un momento donde la confianza en las instituciones se tambalea, la responsabilidad recae en todos los actores políticos para restaurar y mantener el respeto a la democracia y sus principios.
La advertencia del Partido Popular Europeo sobre la supuesto deterioro democrático en España, expresada por su líder Alberto Núñez Feijóo, nos sitúa en un escenario que invita a la reflexión. Si bien es pertinente que las instituciones europeas mantengan una vigilancia sobre el estado de la democracia en sus Estados miembros, la utilización política de tales afirmaciones puede desembocar en una mayor polarización en lugar de fomentar un diálogo constructivo. La calibración de la realidad política y social debe realizarse con una lupa crítica que no solo escudriñe las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que también evalúe las propias acciones y el legado del PP en contextos anteriores de crisis. La sensación de amenaza puede servir para galvanizar a la oposición, pero es necesario que este movimiento esté fundamentado en propuestas coherentes y no en meras denuncias, que al final logran más desconfianza que soluciones consensuadas.
Además, el hecho de que la discusión se centre en la Ley Begoña y en la posible corrupción del gobierno, llega a ocultar aspectos estructurales que realmente podrían contribuir a la restauración de la confianza ciudadana. La crítica a una supuesta colonización de empresas privadas, como se menciona en relación con Telefónica, lleva el debate a un terreno pantanoso donde es clave, más que señalar al adversario, buscar métodos que fortalezcan la independencia de las instituciones. En lugar de una lucha que se percibe como una contienda de intereses políticos, quizás sea el momento de forjar un compromiso real por parte de todos los actores para afianzar el respeto a los principios democráticos. En última instancia, el debate sobre la democracia en España debe trascender la retórica y centrarse en la creación de espacios de diálogo que permitan a la ciudadanía reconstruir su relación con el Estado y las instituciones que lo representan.
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