En un contexto donde la violencia de género continúa afectando gravemente a la sociedad española, solo 15 de los 52 centros de crisis 24 horas necesarios para atender a las víctimas de violencia sexual han sido abiertos hasta la fecha. La fecha límite para la apertura de estos centros, que estaban destinados a ser una herramienta fundamental para la protección y asistencia a las víctimas, es el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, el panorama actual deja mucho que desear, poniendo de manifiesto la urgencia de acelerar su implementación.
El Ministerio de Igualdad ha declarado que, a pesar de los retrasos, existe la expectativa de que los centros comiencen a funcionar dentro del plazo acordado. Actualmente, el País Vasco se posiciona como la comunidad autónoma más avanzada en este proceso, con tres centros operativos en Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Le siguen otras regiones que mantienen niveles de apertura variables, como la Comunidad de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, cada una con dos centros, y una serie de comunidades que solo han logrado abrir uno.
A pesar de estos esfuerzos, Andalucía, que ha sido escenario de un alarmante número de asesinatos de mujeres este año -con un 22,7% del total de casos en España-, aún no cuenta con ningún centro de crisis operativo. La pregunta que surge es: ¿por qué se ha tardado tanto en poner en marcha estos recursos esenciales ante una problemática tan urgente? Las comunidades han recibido más de 83 millones de euros desde 2021 para la creación de estos centros, financiados en parte por los fondos Next Generation de la UE, lo que debería haber facilitado una implementación más ágil y eficaz.
No obstante, la situación podría mejorar. La Junta de Andalucía ha indicado que los primeros centros de crisis en la comunidad estarán operativos a principio de 2024. Estos dispondrán de unidades móviles, a excepción de las provincias de Sevilla y Huelva, y estarán ubicados en el entorno de centros de salud para asegurar un acceso más inmediato y directo a las víctimas. Este sistema promete complementar la atención ya existente, que ha sido insuficiente ante la creciente cifra de víctimas.
Los nuevos centros de crisis 24 horas se alinean con la Ley de Libertad Sexual, también conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, que busca proporcionar una atención integral y libre de juicios a todas las mujeres mayores de 16 años que han sido víctimas de violencia sexual, sin necesidad de haber interpuesto una denuncia. Este enfoque focalizado en la víctima es esencial para garantizar que las mujeres se sientan seguras y apoyadas en el proceso de recuperación de sus experiencias traumáticas.
La creación y rápida operación de estos centros es imperativa en un país donde, desde 2003, se han registrado más de 1.288 asesinatos de mujeres a causa de violencia machista. Con la participación activa del Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, la expectativa es que en el futuro cercano se logren establecer todos los centros de crisis prometidos, brindando finalmente la atención que las víctimas de violencia sexual merecen.
Es inaceptable que en un país donde la violencia de género y sexual siguen siendo problemas tan acuciantes, solo se hayan abierto 15 de los 52 centros de crisis 24 horas prometidos. La falta de recursos y de una implementación ágil pone de manifiesto una falta de compromiso real hacia las víctimas. Con la fecha límite del 31 de diciembre de 2023 a la vuelta de la esquina, la inacción en comunidades como Andalucía, que ha sido escenario de un alarmante incremento de asesinatos de mujeres, destaca aún más la gravedad de la situación. Los 83 millones de euros destinados a la creación de estos centros, financiados por los fondos Next Generation de la UE, deberían haber facilitado un avance significativo. Sin embargo, la realidad revela que las víctimas siguen desprotegidas y abandonadas, en un contexto donde la urgencia es cada vez mayor.
La declaración del Ministerio de Igualdad sobre la posible apertura de los centros a inicios de 2024 es un consuelo insuficiente ante la magnitud del sufrimiento que continúan padeciendo las víctimas de violencia sexual en España. La implementación de estos centros, que ofrecen un enfoque integral y libre de juicios, debe ser prioritaria y no puede estar sujeta a retrasos burocráticos. La sociedad merece un compromiso real y efectivo que no solo hable del dolor de las víctimas, sino que traduzca ese dolor en acciones concretas y eficaces. Sin un sistema de asistencia robusto y operativo, cualquier intento de erradicar la violencia machista será mero ruido en un mar de promesas incumplidas.
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