Málaga, 22 de junio de 2025 – Tras un fin de semana de intensas negociaciones diplomáticas dignas de una película de espías, España ha logrado un acuerdo sin precedentes con la OTAN, que permitirá al país limitar su gasto militar al 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB). El anuncio, realizado esta tarde por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marca un hito en la relación de España con la Alianza Atlántica, consolidando su compromiso con la seguridad colectiva, pero preservando su soberanía económica. La noticia, que ha resonado con fuerza en los círculos políticos y económicos, llega justo antes de la crucial cumbre de la OTAN que comenzará este martes.
Lejos de sucumbir a las presiones para alcanzar el controvertido objetivo del 5% del PIB en gasto militar, el Gobierno español ha tejido una estrategia magistral que le permite cumplir con sus obligaciones dentro de la OTAN sin comprometer sus prioridades internas. El acuerdo, sellado mediante un intercambio epistolar entre Sánchez y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, concede a España la "flexibilidad para determinar su propia trayectoria soberana" hacia los objetivos de capacidad y recursos, según ha podido saber este periódico. En esencia, España podrá diseñar su propio plan anual de inversión, adaptándolo a sus necesidades específicas y a la evolución del panorama geopolítico.
Las negociaciones, que se intensificaron el pasado viernes, han sido un verdadero ejercicio de alta diplomacia. Mientras el presidente Sánchez mantenía conversaciones con sus homólogos europeos, su jefe de gabinete, Diego Rubio, ejercía de enlace directo con el equipo de Mark Rutte, desgranando cada detalle del acuerdo. El Gobierno español consideraba la cifra del 5% como un objetivo "desproporcionado e innecesario", cuestionando su justificación y pertinencia. La clave del éxito residió en la capacidad de España para demostrar que podía cumplir con sus compromisos de seguridad con una inversión menor, pero estratégicamente enfocada.
El acuerdo alcanzado entre España y la OTAN no es un punto final, sino más bien el inicio de una nueva etapa. En 2029, ambas partes se reunirán para revisar los términos del pacto y evaluar si el objetivo del 5% del PIB sigue siendo relevante a la luz de las amenazas y desafíos del momento. Esta cláusula de revisión garantiza que el gasto militar español se mantenga alineado con las necesidades reales de seguridad, evitando dispendios innecesarios y permitiendo una gestión responsable de los recursos públicos. España, con este acuerdo, no solo refuerza su posición en la OTAN, sino que también se consolida como un actor clave en la defensa de la paz y la estabilidad internacionales.
El «acuerdo histórico» con la OTAN, que limita el gasto militar al 2,1% del PIB a la vez que proclama una supuesta «flexibilidad soberana», se antoja, más que un triunfo diplomático, como un hábil ejercicio de escapismo político. Si bien la contención del gasto militar, frente al desorbitado objetivo del 5%, resulta a priori celebrable en un contexto socioeconómico aún marcado por las secuelas de la inflación y las necesidades apremiantes en sanidad y educación, no debemos caer en la ingenuidad de creer que esta «flexibilidad» es un cheque en blanco. La letra pequeña, que previsiblemente conoceremos con cuentagotas, determinará si realmente se priorizan las necesidades internas o si, tras la fachada de la soberanía, se esconden compromisos encubiertos que terminarán condicionando la política económica española.
La promesa de revisión del acuerdo en 2029, lejos de ser una garantía de adaptabilidad, puede convertirse en una espada de Damocles. La volatilidad del panorama geopolítico, con el auge de nuevas potencias y la persistencia de conflictos latentes, podría ser utilizada como argumento para revertir esta «flexibilidad» y exigir, en el futuro, un incremento del gasto militar bajo el pretexto de una mayor «seguridad colectiva». Urge, por tanto, una mayor transparencia y un debate público profundo sobre las implicaciones reales de este acuerdo, evitando que la seguridad nacional se convierta en coartada para decisiones que hipotequen el futuro de la sociedad malagueña y española en su conjunto.
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