Son las principales conclusiones de un estudio que ha publicado este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizado a partir del informe PISA, el mayor banco de datos del mundo en torno a los alumnos de 15 años (690.000 estudiantes de 81 países) y que ofrece información no sólo de su rendimiento académico, sino de las expectativas profesionales de los adolescentes desde 2000 hasta 2022.

En este tiempo, «poco ha cambiado e incluso las cosas han ido a peor», según señala el estudio refiriéndose a los jóvenes del conjunto de países. «Las ambiciones educativas de los estudiantes se han incrementado en las dos últimas décadas, pero nunca habían sentido estos jóvenes tanta indefinición sobre su desarrollo profesional. Muchos exhiben gran ansiedad, inseguridad y confusión sobre la situación de su preparación profesional», advierte.

La primera edición del informe se presentó en 2020 el Foro Económico Mundial de Davos y ya entonces se detectó una «alta concentración de estudiantes planeando trabajar en sectores en un riesgo significativo de automatización«. «Desde entonces hasta ahora nos hemos enfrentado a una pandemia global, a inestabilidad económica e inflación, a una preocupación creciente sobre el cambio climático y a un cambio tecnológico muy intenso con la inteligencia artificial instalándose en la vida económica y educativa», analiza en el estudio Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE y padre de PISA. «Todos estos factores han contribuido a crear una gran inestabilidad en el mercado laboral, convirtiendo el desarrollo profesional en una cuestión más importante para los jóvenes».

Sin embargo, el porcentaje de los que no tiene claro su futuro «ha crecido sustancialmente desde 2018». Desde 2000, PISA ha venido preguntando a los adolescentes de 15 años en qué tipo de trabajo se ven con 30 años. En las series mundiales de 2000, 2003 y 2006, la proporción de adolescentes que decía no saber a qué se iba dedicar estaba por debajo del 15%. A partir de 2015 se supera esa barrera, que en 2018 casi llega hasta el 25% y en 2022 se sitúa por encima del 35%.

En España la situación no está mal y hay menos indefinición entre los adolescentes que en la media de países: alcanza sólo al 32%, en similar situación que Italia o Grecia y lejos de Finlandia y Dinamarca, donde más de la mitad de los jóvenes no tiene nada claro su futuro. La OCDE sostiene que «la indefinición profesional es mala para los jóvenes» porque «incrementa el riesgo» de que tengan «un empleo de peor calidad».

Lo que ve este organismo internacional es que «las expectativas laborales de los estudiantes han cambiado muy poco respecto a las que existían al comienzo de siglo y que muestran muy poca relación con las actuales tendencias que demanda el mercado laboral». Las carreras más populares para las chicas de la mayoría de países son, por este orden, Medicina, Magisterio,Derecho, Enfermería, Psicología y Diseño, las mismas que decían en 2000. Los chicos, por su parte, se ven como tecnólogos, deportistas, ingenieros, médicos, profesores, arquitectos, abogados, mecánicos o policías.

En España casi el 70% de los alumnos quiere emplearse en puestos de alta cualificación, pero sólo el 1,5% de las chicas frente el 13% de los chicos muestra algún interés en trabajos relacionados con el sector tecnológico, porcentajes similares a la media de la OCDE (1,5% para las chicas y 11% para los chicos), que son los que tienen mejores perspectivas de empleo.

La apuesta de Vox por reforzar sus lazos internacionales, que se remonta años atrás, parte de la convicción de que el ultraconservadurismo está en auge a nivel global y que precisamente esa es la mejor baza para Santiago Abascal. Sobre lo primero llevaban razón: hay una «ola» de extrema derecha ganando peso en las urnas de todo el mundo. Lo segundo, sin embargo, aún figura en la lista de pendientes de Vox. Su estrategia internacional iba orientada a que el crecimiento de los partidos ultraconservadores no les cogiera como espectadores, sino como protagonistas. Pero, mientras sus «socios» tiñen las cámaras parlamentarias de sus colores en cada convocatoria electoral, los de Abascal parecen quedarse atrás.

Chega, el partido homólogo a Vox en Portugal, ha sido el último en sumarse a la tendencia. Aglutinando más del 22,5% de los votos, su líder, André Ventura, estuvo el domingo al borde de arrebatar a los socialistas (23,4%) la segunda posición. Ya en los comicios del año pasado había disparado su resultado hasta el 18%, cifra que ahora consolida. Y, así, la extrema derecha portuguesa se mueve ya en los parámetros de aquellos a quien Vox mira como ejemplo. El 32% de Marine Le Pen (Francia), el 20% de Alice Weidel (Alemania) o el 26% de Giorgia Meloni (Italia) dan cuenta del auge que el ultraconservadurismo está cosechando por toda Europa, con Vox convertido en la excepción: Abascal nunca ha subido del 15% y, ahora, los pronósticos le sitúan en el 12,5% -según la última encuesta de Sigma Dos-.

En la sede de la madrileña calle Bambú son conscientes de ello. Voces de la cúpula de Vox restan importancia a que el avance «patriota» no se esté replicando «todavía» en España y apuntan a que las circunstancias -históricas- son distintas. No pierden la confianza en que lograrán subirse a la ola, aunque reconocen, también públicamente, que todavía queda para eso. «Seremos los últimos, muy posiblemente, pero ocurrirá», afirmó ayer el portavoz del partido, José Antonio Fúster.

Sin embargo, a la vista de que la extrema derecha ya ha dado el salto en Portugal -el país más «parecido» a España-, en Vox no quieren resignarse esperar a que la inercia dé sus frutos y pretenden pasar a la acción. Tomar ejemplo. «En otros países han dado con la tecla adecuada para movilizar a su electorado», reconoció ayer Fúster, para señalar que en el partido «trabajan codo con codo» con sus «socios» para «aprender en cada elección». Así, su intención ahora pasa por «analizar con Chega su campaña electoral» con el objetivo de «sacar conclusiones para el futuro».

No se trata de copiar el modelo, pero sí de estudiar la fórmula que ha llevado a Ventura a «derrumbar el sistema bipartidista». Lemas, imágenes, actos, tiempos… y también resultados. En el cuartel general de Vox ya están analizando los entresijos del veredicto salido de las urnas y empiezan a sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, creen que sus «socios» de Chega han registrado mejores números allí donde el voto socialista era históricamente mayor, lo que supondría que Ventura no solo compite por el apoyo de la derecha, sino que también resta papeletas al otro lado. Hecha la lectura, quedará extrapolar la coyuntura al contexto nacional.

Aun así, y pese a la presión que podría suponer ver que el ideario que gana peso en otros países aún no repunta en España, en Vox insisten en ir sin prisa. En la cúpula sostienen que su estrategia está trazada a largo plazo y que puede que resten cinco o diez años -estiman- hasta que sus números se disparen a la altura de los de sus «socios». Hay un argumento en el que se apoyan para fundamentar su confianza: el voto joven está cada vez más inclinado a la derecha.

Según el último barómetro del CIS, Vox reúne ahora el 20% del apoyo de quienes tienen entre 18 y 24 años -a nivel general, solo aglutina el 10% del voto-. En los grupos de edad que comprenden a quienes tienen entre 25 y 44 años, Abascal también eleva su registro, que sin embargo cae en los siguientes. El resultado responde a la estrategia trazada desde Bambú, donde los más jóvenes se han convertido en el centro de buena parte de sus acciones.

Así, en Vox piensan ahora en analizar lo que hay detrás del crecimiento de sus «socios» para aplicarlo desde la base. El objetivo es desarrollarse a largo plazo, y por ello descartan que la fórmula maestra pase por un acercamiento al PP. Mantienen su ofensiva contra los populares, a los que acusan de pactar con el PSOE, y desconfían de cualquier posible aproximación que puedan iniciar en su congreso. Solo hay un horizonte a ojos de Vox: seguir a sus «socios» rumbo al fin del «bipartidismo».

A las 18.00 horas de este lunes estaba previsto que la Sala Clara Campoamor del Congreso acogiera el preestreno del documental Lo que nos ocultaron, a petición de Vox. Así figuraba esta mañana en la agenda de la Cámara Baja. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha decidido in extremis revocar la autorización y prohibir la proyección de la cinta, al considerar que esta imputa delitos a un grupo parlamentario y, con ello, «vulnera» los criterios fijados para este tipo de actividades.

La Mesa de la Cámara Baja, reunida el 8 de abril de este año, autorizó la proyección del documental dirigido por Carlos Saura y cuyo guion firman el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta; el presidente de la asociación Pie en Pared, Marcos de Quinto; y el director del grupo EDA TV, Javier García Isaac. Los cuatro iban a participar este lunes en la presentación del documental en el Congreso, un evento cuya autorización había sido solicitada por Pie en Pared y Vox.

Sin embargo, según recoge el partido de Santiago Abascal en un escrito que ha dirigido a la Mesa de la Cámara, a las 14.00 horas se les ha comunicado que la proyección de la cinta quedaba suspendida. Haciendo uso de su «potestad discrecional» para determinar las actividades extra parlamentarias que pueden desarrollarse en el Congreso, la Mesa ha considerado que el documental «vulnera» los criterios establecidos y ha anulado el evento.

El órgano parlamentario, con mayoría de PSOE y Sumar, ha tomado la decisión en una reunión celebrada este lunes, alegando que prohíbe la proyección «a la vista del título completo del documental». Desde Vox señalan que la Mesa del Congreso «conocía el título desde el día 10 de marzo» y denuncian que se trata de «una maniobra de censura y de limitación del derecho constitucional a la libertad de expresión».

Las alarmas saltaron en la Mesa de la Cámara Baja después de que Marcos de Quinto, uno de los guionistas del documental, apuntará en su cuenta de X que la cinta «trata sobre la oscura historia del PSOE». Utilizó De Quinto el término «criminal» para referirse al pasado de ese partido, lo que apunta a que el documental podría imputar delitos al PSOE.

«A los diputados socialistas les vamos a reservar las primeras filas para que no se pierdan ni un detalle de su verdadera y criminal historia», sostuvo el presidente de Pie en Pared, que añadió: «Si es necesario, contrataremos psicólogos para que les atiendan a la salida. Somos muy conscientes de que un choque, así, de repente, con la verdad, puede resultar traumático en personalidades débiles y poco formadas».

Para Vox, la cancelación del preestreno de este documental es «una prueba más» de lo que consideran una «deriva antidemocrática del Gobierno y de las instituciones que, como el Congreso, han asaltado». En un escrito firmado por la portavoz del grupo parlamentario, Pepa Millán, Vox solicita a la Mesa que permita la proyección de la cinta y acusa a la Cámara Baja de «adentrarse en la peligrosa espiral de la censura y la aniquilación del derecho a la libertad de expresión».

En su cuenta de X, Santiago Abascal ha señalado directamente a Pedro Sánchez como responsable de la prohibición de la emisión del documental. «El número uno de la corrupción, hombre de saunas, plagios, mentiras y mordidas a las libertades, no duda en utilizar sus modos golpistas para hacer del parlamento su cortijo», ha afirmado, juzgando que el presidente del Gobierno «no quiere que se sepa que está batiendo los récord de corrupción y criminalidad de toda la historia del PSOE».

Oriol Junqueras ha comparecido este lunes en la Comisión de Investigación sobre la denominada Operación Cataluña en una larga sesión de más de tres horas en la que ha revelado un detalle que no se sabía hasta ahora: que tuvo la «oportunidad» de impartir «clases variadas» a dos miembros del PP, el ex ministro Rodrigo Rato y el ex tesorero Luis Bárcenas, cuando coincidieron todos en la cárcel.

«A nivel personal, era gente encantadora, educada, amable…», ha detallado el ex vicepresidente de la Generalitat, que pasó tres años y medio en prisión por la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O. Además, ha detallado que tenía prohibido impartir Matemáticas, «porque pueden usarse para delinquir» según la «respuesta oficial» que se le dio, de Historia, «porque es una herramienta de manipulación masiva», y de Filosofía, porque «invita a cuestionar el orden vigente».

En cambio, en una conversación distendida con el diputado de su partido Gabriel Rufián, el líder de ERC ha apuntado que de Física, «curiosamente», sí que puedo dar clase. A lo que ha apostillado con sorna: «Se me ocurren más elementos susceptibles de alguna inspiración…».

Durante su intervención, Junqueras ha insistido en la teoría de la Operación Cataluña, que apunta a la supuesta persecución a los líderes independentistas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, a quien ha situado como «cerebro» de la misma. «Si no fue él sería muy extraño porque entiendo que un presidente no dejaría que alguien tomase una decisión como ésta sin su consentimiento», ha señalado agregando que lo que puede «constatar» es que «un ministro del Interior [Jorge Fernández Díaz] le daba instrucciones a un juez para que inventase».

Además, el político inhabilitado ha puesto como ejemplo a Bárcenas, que tenía «responsabilidades muy evidentes en la contabilidad del PP», y que recibía mensajes del propio jefe del Ejecutivo «diciéndole ‘Luis, sé fuerte’, y al mismo tiempo le fabricaban una investigación como la Kitchen«: «Si lo han hecho contra miembros de su partido cómo va a sorprendernos que lo hagan contra otras personas que no son de su partido».

La creación de esta comisión de investigación fue aceptada por el PSOE dentro del pacto para la investidura de Pedro Sánchez suscrito con Junts para detectar posibles casos de «lawfare» o persecución judicial premeditada contra el independentismo. El socio minoritario de la coalición, Sumar, ha afirmado en la sesión de este lunes que Junqueras fue víctima de una «persecución injusta».

Por su parte, el PP ha denunciado que la izquierda ha «comprado el relato» de los secesionistas para «justificar la amnistía» y que no se busca «ni la verdad ni reconciliación, sino revancha» de quienes fueron procesados «con todas las garantías» y perdonados «no por justicia, sino por cálculo político». En Vox, a su vez, han incidido en que Junqueras «delinquió contra el orden constitucional y sufrió las consecuencias», aunque le reconocen la «hombría de bien» de quedarse en España «a cargar con las consecuencias», no como Carles Puigdemont o su compañera de ERC Marta Rovira.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, ha dictado este lunes una providencia donde da cuenta que ha recibido documentación procedente de la directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Belén Villar, sobre las salidas de fondos en 2018 y 2019 de la «Caja Pagadora Central» del Ministerio de Transportes por valor anual de 156.440,29 euros y 351.992,72 euros, respectivamente. En total, 508.433 euros que aparecían descritos de forma genérica como «rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen» en los datos tributarios del ex ministro José Luis Ábalos.

Según consta en la respuesta dada por el Ministerio de Transportes al Supremo, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, esos gastos se deben al cómputo de los viajes realizados «por todos los componentes de la delegación que acompaña al titular del departamento» pero que «se integran en un único expediente y son atribuidos al ministro».

El Ministerio que encabeza Óscar Puente explica el error cometido de la siguiente manera: «Tanto en 2018 como en 2019 se presentó un modelo 190 ante la Agencia Tributaria correspondiente al entonces ministro José Luis Ábalos en el que se le atribuían personalmente la totalidad de los gastos producidos por todos los viajes realizados por las delegaciones que él encabezó».

El Gobierno detalla ahora que cuando se elaboraron los documentos para el modelo 190 de Hacienda correspondientes a los ejercicios de 2018 y 2019 «no se realizó» una labor previa de depuración y revisión de los datos.

Según se desprende del informe enviado por Transportes al Supremo, los 156.440,29 euros de la mitad del año 2018 recogen 46 expedientes de viajes y 18 expedientes de órdenes de pago por la utilización de salas de autoridades. Por su parte, los 351.992,72 euros correspondientes al año 2019 contemplan 157 expedientes, todos ellos correspondientes a declaraciones de gastos de viajes , salas de autoridades, pago de taxis, manutenciones, etc, de las delegaciones que encabezó Ábalos.

Asimismo, el documento ministerial subraya que «no consta la realización de ninguna transferencia desde la Caja Pagadora Central a ninguna cuenta bancaria del ex ministro José Luis Ábalos».

En una providencia, el instructor del Alto Tribunal sostiene que esos datos son por lo tanto expresivos «del error por ellos padecido y rectificado ahora con relación a la información tributaria objeto del mismo».

En consecuencia, el juez acuerda hacer entrega de una copia del referido documento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al efecto de que, tomándolo en consideración, complete el informe económico relativo a Ábalos que le ha sido encomendado, es decir, la investigación patrimonial sobre el también ex secretario de Organización del PSOE.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha denegado en un acuerdo conocido este lunes la petición de los magistrados del sector conservador del órgano, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, para debatir sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de resolver el primer recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, según explican fuentes jurídicas.

Tras consultar a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, ponente del recurso de cabecera, Conde-Pumpido ha resuelto que no se estima procedente el señalamiento por prematuro del referido debate, separado de la deliberación principal sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la amnistía por el Partido Popular. El presidente del TC quiere señalar para mediados de junio la primera gran deliberación en el Pleno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley que borra los delitos del procés.

Tal y como adelantó EL MUNDO, estos tres magistrados defienden que la Ley de Amnistía puede contravenir el Derecho de la Unión Europea y, justificaron la paralización de la tramitación de la misma, ya que hay distintas cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE de contenido muy similar al recurso de inconstitucionalidad que prevé resolver el TC en las próximas semanas.

En total, se han presentado prejudiciales ante el TJUE cuatro órganos judiciales: el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y un juzgado de lo Penal de Vilanova i La Geltrú.

Asimismo, en el acuerdo, Conde-Pumpido deniega la suspensión solicitada subsidiariamente sobre la deliberación, votación y fallo del referido recurso mientras no se resuelvan las citadas cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE. El acuerdo del presidente del Alto Tribunal explica que la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el Tribunal Constitucional es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica. Todo ello, añade, sin perjuicio de que en el curso de la deliberación del proyecto de resolución del recurso se formulen las manifestaciones y proposiciones que los magistrados estimen procedentes.

El director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, ha negado que, en la noche de 15 de septiembre de 2020, cuando el entonces ministro José Luis Ábalos se alojó en el establecimiento, se produjera «ninguna fiesta, ningún destrozo y ninguna reunión» y ha afirmado que las denuncias hechas en este sentido por los trabajadores fueron «simples opiniones» e incluso en algún caso, «testimonios inducidos». Gutiérrez, pese a insistir en que no sucedió nada, ha responsabilizado del expediente que se abrió a los empleados por vulnerar la obligación de «confidencialidad» a la responsable de recursos humanos de la empresa pública dependiente de la «alta dirección», es decir, el equipo de Óscar López.

Gutiérrez ha explicado en el Senado que aquella noche fue él mismo quien recibió al ministro Ábalos, que llegó en su coche acompañado por Koldo García y que fue este quien le comunicó que el ministro llegaba cansado y que pediría la cena en su habitación. Anteriormente habían llegado al establecimiento el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, y la entonces delegada del Gobierno, Pilar Alegría. A la mañana siguiente, también despidió al ministro.

El director ha insistido a preguntas de los senadores de UPN y PP que, como consecuencia de la estancia de Ábalos, «no hubo ningún tipo de desperfecto, ni queja, ni nada de nada». «La noche fue absolutamente normal y si lo hubiera habido, el primero en enterarse habría sido yo», ha afirmado.

Gutiérrez ha explicado que para la delegación del ministro se hizo una reserva múltiple, a través de la agencia de El Corte Inglés, de «ocho habitaciones para ocho personas» -la habitación del ministro era una suite, la 101- y que, en cada una de ellas, sólo pueden reunirse, ahora y entonces, el número de personas para las que la habitación está habilitada. Es decir, en una doble, dos personas; en una individual, una persona. No obstante, en la suite que ocupaba Ábalos podían reunirse hasta seis personas.

El director del Parador ha añadido que habló con los empleados de los que partió la denuncia y ha asegurado que dos de los tres «no estaban trabajando aquel día» y el tercero explicó que «contestó sin pensar para quitarse de encima» a quienes le preguntaban. Sin embargo, públicamente ninguno de los tres trabajadores se ha retractado de lo que denunciaron.

También ha afirmado que el expediente que se abrió a los trabajadores como consecuencia de la visita del ministro por falta de confidencialidad, y la comunicación en la que incluso se les advertía de la posibilidad de despido, fue obra de la responsable de recursos humanos dependiente del departamento de alta dirección de la empresa pública.

En relación con la publicación del Diario de Teruel informado de facturas sobre los destrozos que se habrían girado al Ministerio, Gutiérrez ha asegurado que «no existen». No obstante, y pese a la falsedad que él asegura de las citadas facturas, el Parador ni pidió explicación ni tomó ninguna medida por considerar que sería «una batalla perdida de antemano» entrar en una disputa con un medio de comunicación. Una decisión de ese tipo, ha precisado, debería ser tomada por la alta dirección de Paradores.

La mitad norte de la Península Ibérica se prepara este lunes para una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. El desplazamiento de un sistema de bajas presiones de oeste a este dejará un total de diez provincias de siete comunidades autónomas con avisos amarillos por riesgo de lluvias y tormentas, tal y como refleja el parte emitido por la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET).

El pronóstico refleja la presencia de chubascos y tormentas que podrían ser considerablemente fuertes, acompañados de granizo y rachas de viento muy intensas, especialmente en amplias zonas del extremo norte peninsular.

Las provincias con avisos activos por tormentas y lluvias incluyen toda Aragón, Burgos (Castilla y León), Lérida y Tarragona (Cataluña), Navarra, Álava y Guipúzcoa (País Vasco), y La Rioja. Cantabria también anuncia aviso amarillo, solo por tormentas. Menorca resgistra una alerta por riesgos de risagas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso notable de las máximas en el área cantábrica, ambas mesetas, alto Ebro, sistema Ibérico y sierras del sureste. Por otro lado, habrá ascensos en la zona mediterránea peninsular y Baleares, con pocas variaciones en Canarias. Algunas zonas del bajo Ebro y la mitad sur del arco mediterráneo podrían alcanzar los 30 grados. Las temperaturas mínimas, en general, bajarán en la vertiente atlántica, subirán en el resto de la Península y Baleares, y se mantendrán sin cambios en Canarias.

Fue un acto casi instintivo. De reflejos apresurados. Coger el móvil y mirar los mensajes intercambiados con José Luis Ábalos. Lo hicieron más de uno, de dos, de tres, cuatro, cinco… en el Gobierno y en el PSOE en el momento en que este diario publicó la primera entrega de los mensajes entre Pedro Sánchez y el ex ministro de Transporte y ex secretario de Organización socialista. Desde entonces, el Ejecutivo se ha visto encadenado a una bola de hierro, con las conversaciones monopolizando la actualidad política.

Miembros del Gobierno consultados admiten que la revelación de estos mensajes «es un tema jodido. Nos condiciona la agenda y no deja hablar de otros temas», como la buena marcha de la economía. De ahí que La Moncloa, donde dicen hay «tranquilidad», quiera tratar de recuperar la iniciativa y marcar el día a día. En los próximos días habrá un impulso a temas vinculados a la regeneración democrática y se confía en la agenda internacional.

Salvo con su núcleo más cercano y durante unos minutos, ni en el Gobierno ni en el PSOE se han abordado las conversaciones desveladas por EL MUNDO. Los ministros sí lo han comentado entre ellos y con la prensa en momentos más informales, pero no con el presidente. «Es algo que no nos ocupa tiempo. No hablamos de ello», apunta un destacado miembro del Ejecutivo. A pesar de que la estrategia pasa por restar importancia a la información conocida, hay mucho malestar de Sánchez y en el Gobierno por lo que se quiere presentar como un intento de «derribar por tierra mal y aire» a los socialistas.

Pero lo cierto es que, de nuevo, y suele ser la tónica habitual esta legislatura, la sensación es que el Gobierno se mueve en los parámetros de la reacción y no de la acción. Una sensación que estos días hay entre los miembros del Ejecutivo. La conjura es tratar de revertirlo. Se apuesta por recuperar la agenda social, con el foco puesto en iniciativas y medidas relativas a la regeneración democrática, y en que la agenda internacional permita a Sánchez recuperar un perfil institucional.

El jefe del Ejecutivo inicia hoy la semana clausurando el acto de presentación del informe Los sectores culturales y creativos en España de la Fundación Cotec, presidirá el Consejo de Ministros, participará en la visita de Estado del sultán de Omán y viajará a Turquía, donde hay una reunión de la Internacional Socialista, de la que es presidente, y donde mantendrá un encuentro con Recep Tayyip Erdoan, presidente turco.

«Normalidad» es la palabra que más repiten los miembros del Gobierno. La alerta y preocupación que había ha bajado algunos decibelios en este flanco, y ahora esa «preocupación» se ha desplazado al flanco de la UCO y su informe que podría señalar a Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE. En el Ejecutivo esperan malas noticias, pero son cautos a la espera de lo que se conozca. «No sabemos qué va a salir y qué tienen», pero asumen que habrá conversaciones de Koldo y Ábalos con Cerdán, aunque dicen no saber la derivada.

Y es que en el PSOE hay desconcierto con Ábalos. Muchos muestran su «sorpresa» y «decepción» y ya desconfían de la imagen que tenían de él. Reconocen que el ex secretario de Organización y ex ministro está «enfadado» con el partido y sus dirigentes porque no le han «defendido» como él creía que debían haberlo hecho. Pero las fuentes consultadas en el partido o el Gobierno niegan sentirse chantajeados. «Si alguien quiere amenazarte te amenaza». En sectores del partido sí se admite que «siempre hay maneras de hacer llegar una amenaza».

A la espera de que se concrete ese nuevo informe de la UCO, en el Gobierno quieren trasladar con su actitud y su actividad que «nada de lo conocido, ninguno de los mensajes publicados nos dificultan el día a día». Que genera más desgaste no explicar qué causó el gran apagón o los incidentes ferroviarios. Los miembros del Gobierno dicen estar «tranquilos». También en La Moncloa. «Lo estamos porque no se ha hecho nada malo». E insisten en que Sánchez también está «tranquilo», que «no hay nada que pueda implicarle en nada delictivo. No hay ningún mensaje que le incrimine en algo ilícito».