El debate electoral es una fecha que todos los partidos marcan en rojo en el camino a una cita con las urnas y, ahora, está un paso más cerca de quedar regulado como obligatorio por ley. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la ley electoral por el que se establece que las cadenas públicas deberán celebrar, «al menos», un debate entre todos los candidatos en cada campaña electoral.
La reforma se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno puso en marcha en septiembre de 2024. Hasta ahora, no era obligatorio que las televisiones de titularidad pública celebrasen debates electorales y, en caso de que decidieran organizarlos, solo quedaba establecido que debían garantizar el «respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa».
Sin embargo, la hoja de ruta del Ejecutivo pasa ahora por hacer ley los debates en las cadenas públicas. Todas, las nacionales –RTVE– y las autonómicas, deberán organizar «al menos» uno por cada campaña electoral que se celebre en el territorio que les compete. Además, a dicha cita televisiva deberán acudir obligatoriamente los representantes de las fuerzas políticas que compiten en esos comicios. Los candidatos no podrán ausentarse «salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente».
Así, esta última cláusula impide que los aspirantes a gobernar puedan renunciar a asistir al debate organizado por las cadenas públicas, algo que ocurría con cierta frecuencia -por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo se ausentó del debate que RTVE organizó para las últimas elecciones generales-.
No es esta la única novedad que pretende introducir el Ejecutivo respecto a quienes pueden -o deben- participar en los debates. Hasta ahora, solo se autorizaba a concurrir a la cita televisiva a los candidatos de las formaciones que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes. Bajo este pretexto, partidos como Vox y Podemos quedaron fuera de varios debates cuando ya eran formaciones con cierto peso político, pues no se habían presentado a la cita electoral precedente.
Sobre esto, la reforma introduce una modificación. El Gobierno abre la puerta por ley a que puedan participar en el debate los representantes de los «grupos políticos significativos», que son aquellos partidos que, pese a no haber obtenido representación en los anteriores comicios equivalentes, en posteriores elecciones de ámbito territorial sí hayan obtenido más del 5% de los votos.
Solo los medios públicos quedan obligados a celebrar un debate electoral previo a cada cita con las urnas. Sin embargo, la reforma precisa que, si las cadenas privadas deciden organizar alguno, «deberán respetar los mismos principios que los medios públicos: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad».
También en el marco del Plan de Acción por la Democracia, el Gobierno introduce en el anteproyecto de reforma de la ley electoral una nueva regulación que afectará a la publicación de encuestas en campaña. Hasta ahora, cualquier sondeo debía ir acompañado de una ficha en la que se especificaran las características técnicas de la encuesta: cuándo se llevó a cabo, cómo, a cuántas personas se preguntó, qué se cuestionaba exactamente…
«. No uses formato HTML, escribe tu respuesta directa en formato de texto plano. Quiero que el titular sea breve y conciso.El debate electoral es una fecha que todos los partidos marcan en rojo en el camino a una cita con las urnas y, ahora, está un paso más cerca de quedar regulado como obligatorio por ley. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la ley electoral por el que se establece que las cadenas públicas deberán celebrar, «al menos», un debate entre todos los candidatos en cada campaña electoral.
La reforma se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno puso en marcha en septiembre de 2024. Hasta ahora, no era obligatorio que las televisiones de titularidad pública celebrasen debates electorales y, en caso de que decidieran organizarlos, solo quedaba establecido que debían garantizar el «respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa».
Sin embargo, la hoja de ruta del Ejecutivo pasa ahora por hacer ley los debates en las cadenas públicas. Todas, las nacionales –RTVE– y las autonómicas, deberán organizar «al menos» uno por cada campaña electoral que se celebre en el territorio que les compete. Además, a dicha cita televisiva deberán acudir obligatoriamente los representantes de las fuerzas políticas que compiten en esos comicios. Los candidatos no podrán ausentarse «salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente».
Así, esta última cláusula impide que los aspirantes a gobernar puedan renunciar a asistir al debate organizado por las cadenas públicas, algo que ocurría con cierta frecuencia -por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo se ausentó del debate que RTVE organizó para las últimas elecciones generales-.
No es esta la única novedad que pretende introducir el Ejecutivo respecto a quienes pueden -o deben- participar en los debates. Hasta ahora, solo se autorizaba a concurrir a la cita televisiva a los candidatos de las formaciones que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes. Bajo este pretexto, partidos como Vox y Podemos quedaron fuera de varios debates cuando ya eran formaciones con cierto peso político, pues no se habían presentado a la cita electoral precedente.
Sobre esto, la reforma introduce una modificación. El Gobierno abre la puerta por ley a que puedan participar en el debate los representantes de los «grupos políticos significativos», que son aquellos partidos que, pese a no haber obtenido representación en los anteriores comicios equivalentes, en posteriores elecciones de ámbito territorial sí hayan obtenido más del 5% de los votos.
Solo los medios públicos quedan obligados a celebrar un debate electoral previo a cada cita con las urnas. Sin embargo, la reforma precisa que, si las cadenas privadas deciden organizar alguno, «deberán respetar los mismos principios que los medios públicos: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad».
También en el marco del Plan de Acción por la Democracia, el Gobierno introduce en el anteproyecto de reforma de la ley electoral una nueva regulación que afectará a la publicación de encuestas en campaña. Hasta ahora, cualquier sondeo debía ir acompañado de una ficha en la que se especificaran las características técnicas de la encuesta: cuándo se llevó a cabo, cómo, a cuántas personas se preguntó, qué se cuestionaba exactamente…
— Escribe varios párrafos de contenido completamente originales y creativos, asegurándote de tener niveles altos de ambos sin perder especificidad o contexto. Redacta el contenido utilizando tu propia estructura y orden para presentar la noticia, utiliza párrafos completamente detallados que involucren al lector. Da una respuesta directa, no actúes como un chat conversacional. Importante: usa las etiquetas y para destacar en negrita las partes más importantes, pero no agregues ningún enlace en el contenido. Si vas a agregar algún encabezado, solo puedes usarActúa como un periodista que trabaja como redactor en eldiariodemalaga.es para la sección de España. Hoy es 2025-04-15 16:08:00 y quiero que redactes una noticia original sobre este tema:
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El debate electoral es una fecha que todos los partidos marcan en rojo en el camino a una cita con las urnas y, ahora, está un paso más cerca de quedar regulado como obligatorio por ley. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la ley electoral por el que se establece que las cadenas públicas deberán celebrar, «al menos», un debate entre todos los candidatos en cada campaña electoral.
La reforma se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno puso en marcha en septiembre de 2024. Hasta ahora, no era obligatorio que las televisiones de titularidad pública celebrasen debates electorales y, en caso de que decidieran organizarlos, solo quedaba establecido que debían garantizar el «respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa».
Sin embargo, la hoja de ruta del Ejecutivo pasa ahora por hacer ley los debates en las cadenas públicas. Todas, las nacionales –RTVE– y las autonómicas, deberán organizar «al menos» uno por cada campaña electoral que se celebre en el territorio que les compete. Además, a dicha cita televisiva deberán acudir obligatoriamente los representantes de las fuerzas políticas que compiten en esos comicios. Los candidatos no podrán ausentarse «salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente».
Así, esta última cláusula impide que los aspirantes a gobernar puedan renunciar a asistir al debate organizado por las cadenas públicas, algo que ocurría con cierta frecuencia -por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo se ausentó del debate que RTVE organizó para las últimas elecciones generales-.
No es esta la única novedad que pretende introducir el Ejecutivo respecto a quienes pueden -o deben- participar en los debates. Hasta ahora, solo se autorizaba a concurrir a la cita televisiva a los candidatos de las formaciones que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes. Bajo este pretexto, partidos como Vox y Podemos quedaron fuera de varios debates cuando ya eran formaciones con cierto peso político, pues no se habían presentado a la cita electoral precedente.
Sobre esto, la reforma introduce una modificación. El Gobierno abre la puerta por ley a que puedan participar en el debate los representantes de los «grupos políticos significativos», que son aquellos partidos que, pese a no haber obtenido representación en los anteriores comicios equivalentes, en posteriores elecciones de ámbito territorial sí hayan obtenido más del 5% de los votos.
Solo los medios públicos quedan obligados a celebrar un debate electoral previo a cada cita con las urnas. Sin embargo, la reforma precisa que, si las cadenas privadas deciden organizar alguno, «deberán respetar los mismos principios que los medios públicos: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad».
También en el marco del Plan de Acción por la Democracia, el Gobierno introduce en el anteproyecto de reforma de la ley electoral una nueva regulación que afectará a la publicación de encuestas en campaña. Hasta ahora, cualquier sondeo debía ir acompañado de una ficha en la que se especificaran las características técnicas de la encuesta: cuándo se llevó a cabo, cómo, a cuántas personas se preguntó, qué se cuestionaba exactamente…
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Importante: usa las etiquetas y para destacar en negrita las partes más importantes, pero no agregues ningún enlace en el contenido. Si vas a agregar algún encabezado, solo puedes usar
El debate electoral es una fecha que todos los partidos marcan en rojo en el camino a una cita con las urnas y, ahora, está un paso más cerca de quedar regulado como obligatorio por ley. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la ley electoral por el que se establece que las cadenas públicas deberán celebrar, «al menos», un debate entre todos los candidatos en cada campaña electoral.
La reforma se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno puso en marcha en septiembre de 2024. Hasta ahora, no era obligatorio que las televisiones de titularidad pública celebrasen debates electorales y, en caso de que decidieran organizarlos, solo quedaba establecido que debían garantizar el «respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa».
Sin embargo, la hoja de ruta del Ejecutivo pasa ahora por hacer ley los debates en las cadenas públicas. Todas, las nacionales –RTVE– y las autonómicas, deberán organizar «al menos» uno por cada campaña electoral que se celebre en el territorio que les compete. Además, a dicha cita televisiva deberán acudir obligatoriamente los representantes de las fuerzas políticas que compiten en esos comicios. Los candidatos no podrán ausentarse «salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente».
Así, esta última cláusula impide que los aspirantes a gobernar puedan renunciar a asistir al debate organizado por las cadenas públicas, algo que ocurría con cierta frecuencia -por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo se ausentó del debate que RTVE organizó para las últimas elecciones generales-.
No es esta la única novedad que pretende introducir el Ejecutivo respecto a quienes pueden -o deben- participar en los debates. Hasta ahora, solo se autorizaba a concurrir a la cita televisiva a los candidatos de las formaciones que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes. Bajo este pretexto, partidos como Vox y Podemos quedaron fuera de varios debates cuando ya eran formaciones con cierto peso político, pues no se habían presentado a la cita electoral precedente.
Sobre esto, la reforma introduce una modificación. El Gobierno abre la puerta por ley a que puedan participar en el debate los representantes de los «grupos políticos significativos», que son aquellos partidos que, pese a no haber obtenido representación en los anteriores comicios equivalentes, en posteriores elecciones de ámbito territorial sí hayan obtenido más del 5% de los votos.
Solo los medios públicos quedan obligados a celebrar un debate electoral previo a cada cita con las urnas. Sin embargo, la reforma precisa que, si las cadenas privadas deciden organizar alguno, «deberán respetar los mismos principios que los medios públicos: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad».
También en el marco del Plan de Acción por la Democracia, el Gobierno introduce en el anteproyecto de reforma de la ley electoral una nueva regulación que afectará a la publicación de encuestas en campaña. Hasta ahora, cualquier sondeo debía ir acompañado de una ficha en la que se especificaran las características técnicas de la encuesta: cuándo se llevó a cabo, cómo, a cuántas personas se preguntó, qué se cuestionaba exactamente…
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. 6. Creatividad: Ofrece una visión única y original, evitando opiniones genéricas o superficiales.
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos, ha recibido también la información reclamada, vía comisión rogatoria, a la compañía Whatsapp sobre los móviles del máximo representante del Ministerio Público.
«Con fecha de ayer era recibido a través el Ministerio de Justicia el resultado de la ejecución de la solicitud realizada a las autoridades de EEUU mediante comisión rogatoria librada a dicho país, lo que, en principio, puede apuntar a haber obtenido la información que se interesaba, como primer paso de la diligencia acordada, mediante una documentación que se remite dos carpetas zip», explica en un auto Hurtado que ordena a la Guardia Civil realizar una prueba pericial en una pieza separada declarada secreta.
«. No uses formato HTML, escribe tu respuesta directa en formato de texto plano. Quiero que el titular sea breve y conciso.
Izquierda Unida, que tiene a Sira Rego en el Gobierno, amagó ayer con marcharse del Ejecutivo de coalición por tener una postura «radicalmente en contra» del plan de aumento del gasto militar impulsado por Pedro Sánchez. Los casi 10.500 millones de inyección para defensa y una compra de balas a Israel en pleno «genocidio en Gaza» son dos temas que han desatado la «mayor crisis» con el PSOE. Esto provocó que un destacado dirigente de IU como Enrique Santiago abriera la puerta a abandonar el Gobierno. Sin embargo, desde la dirección federal de IU enfriaron horas después esta posibilidad haciendo equilibrios para no desautorizar al líder del PCE.
Fuentes de IU descartan un desenlace de ruptura, no obstante, la simple aparición de un debate así desde algunos sectores de la formación explicita hasta qué punto las políticas de Sánchez están poniendo en «contradicción» a Sumar y a algunos de los partidos que forman parte del socio minoritario. El caso más claro es IU, una formación con un ADN netamente antimilitarista y que nació al calor de las manifestaciones contra la OTAN, pero no es la única, pues Compromís o Chunta también tienen posiciones muy tajantes.
De hecho, la fortaleza de este ideario antibelicista en estas y otras fuerzas en el seno de la alianza y del grupo parlamentario han llevado a Díaz a tener un discurso más duro en contra del gasto militar, así como que Sumar haya reivindicado también la salida de España de la OTAN.
En este contexto, el plan de 10.500 millones, como aperitivo al proyecto de Presupuestos que pueda venir para 2026, plantea la pregunta de si es sostenible permanecer en el Gobierno y qué coste puede tener para Díaz y sus socios, cuando hay un Podemos dispuesto a hurgar en esas contradicciones. La situación desquicia a todos por diferentes razones, pues compromete sus votos a Sánchez en un escenario que es él o el dúo PP-Vox.
Como denunció ayer Santiago, el PSOE ha entrado en una «dinámica peligrosa» en la relación con Sumar al «imponer las decisiones de forma unilateral sistemáticamente». Que traducido significa que no está dando margen alguno para atemperarlas o rebajarlas. Es por esto que el líder de IU, Antonio Maíllo, cargó las tintas contra el presidente por «abrir una crisis de gobierno» con una decisión «unilateral» en el gasto militar y que le culpe de manejarse con «irresponsabilidad» en esta crisis.
Asimismo, fuentes de la dirección federal de IU remarcaron la gravedad del «incumplimiento» del PSOE con la compra de material bélico a Israel. «No es menor: debilita al Gobierno de coalición y supone un ataque al corazón del acuerdo de gobierno que lo sostiene», avisan.
A partir de ahí las consecuencias arrojan lecturas distintas. Santiago señaló que se baraja responder con «todos los escenarios», o sea, incluso con irse del Gobierno. Mientras que el coordinador federal evitó suscribir ese marco porque el foco, más que en salir, dijo en la cadena Ser, tiene que estar en los incumplimientos del PSOE y, en todo caso, «el que tiene que salir es Marlaska si no rectifica» el contrato de balas con Israel.
Otras fuentes de la dirección de IU subrayan que es evidente que no se puede estar en el Ejecutivo «a cualquier precio». No obstante, recelan de salirse de éste porque la crisis podría ser aprovechada por Sánchez para adelantar las elecciones y «cargar a IU el muerto» de que pone en bandeja gobierno a la derecha. Estas fuentes, que alejan esa ruptura, apuestan por presionar al PSOE para que «rectifique» y no por irse del Ejecutivo, porque «IU no es quien ha incumplido el acuerdo, sino que ha sido el PSOE». Apoyar externamente al Gobierno desde el grupo parlamentario, avisan, haría a Sánchez poner «el turbo para el adelanto» electoral.
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En La historia interminable, la nada avanza en el reino de Fantasía absorbiéndolo todo y amenazando la supervivencia de este reino de la imaginación. Hace un año, ese vacío que destruye la esperanza y el sentido de la vida se apoderó del PSOE. Shock. Parálisis. «Fue un golpe muy duro. Sobre todo por el silencio, la incertidumbre», recuerdan quienes vivieron de cerca lo sucedido hace un año.
A las 19.09 horas del 24 de abril de 2024, la nada entró en La Moncloa y en Ferraz. Pedro Sánchez publicó una «carta a la ciudadanía» en la que dejaba abierta la puerta a dejar la Presidencia del Gobierno. Se tomaba un periodo de reflexión de cinco días para decidir. Un movimiento que se producía sólo horas después de que saliera a la luz que un juez investigaba a su mujer por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Los cargos socialistas y las personas que vivieron de cerca ese aislamiento recuerdan el vacío, la nada a la que se enfrentaron. Sánchez sólo consultó con su esposa la carta. A su equipo se la entregó para que la hiciera pública. En el Gobierno y en el partido se enteraron de que su líder, cual Emperatriz Infantil de La historia interminable, se apagaba. «El estado de incertidumbre, el no saber qué pensaba, generó mucha tensión, preocupación e incertidumbre», consensúan cargos socialistas de primera línea.
Sánchez se recluyó en La Moncloa, sin hablar ni siquiera con sus colaboradores más cercanos. Los ministros con más peso político –María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar Puente, Pilar Alegría…- y su entonces jefe de Gabinete, Óscar López, se reunían en el complejo presidencial sin saber si Sánchez se iba o se quedaba, o qué pensaba. «No había ningún tipo de información. No hablaba ni con su núcleo duro. Fue un retiro total». Un país, un Gobierno, paralizado cinco días, algo inédito. «Todos a ciegas. La incertidumbre mataba a todo el mundo», recuerdan quienes estaban en primera línea.
Hasta ese momento, el melón de la sucesión en el PSOE no se había abierto. El hiperliderazgo de Sánchez no dejaba margen. Su decisión de seguir colapsó los movimientos subterráneos que se gestaron. Porque ante el abismo que se veía, haberlos, los hubo, aunque se cortaron de raíz. «El PSOE no estaba preparado para que hubiera dicho que se iba»; «No estábamos preparados para el relevo en aquel momento; ahora tampoco hay ninguna alternativa«, señalan las personas consultadas.
Un año después de la carta de Sánchez, el partido sigue sin plan b. Porque Sánchez pasó de amagar con irse, escudándose en una «máquina del fango» mediática, política y judicial, a estar convencido de volver a presentarse en las próximas elecciones. «En este momento no hay dudas de que va a ser el candidato«, constatan fuentes socialistas.
El melón sucesorio, en la nevera. El plan a sepulta el plan b. Será el resultado de las próximas generales el que determine si se abre o no.
Esos cinco días de abril de 2024 «fueron de sus peores momentos políticos». Varios miembros de la Ejecutiva del PSOE coinciden en que notaron a Sánchez «abatido» durante los meses posteriores a su decisión de mantenerse al frente de La Moncloa. «Fueron sus peores momentos personales». Coincidió en el tiempo con que el juez Juan Carlos Peinado amplió los delitos que imputaba a Begoña Gómez –apropiación indebida e intrusismo– y con la decisión de la Audiencia de Madrid de rechazar archivar la causa, aunque la acotó.
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El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos, ha dictado este miércoles una providencia en la que acuerda citar como testigo al querellante, Alberto González Amador, el próximo día 23 de mayo.
El magistrado instructor, el pasado mes de enero, denegó la petición formulada por las defensas de García Ortiz y Rodríguez para que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario González Amador, fuese citado como testigo previamente a la declaración de los dos fiscales investigados, que estaba prevista para finales de ese mes. Tanto García Ortiz como Rodríguez están imputados por un delito de revelación de secretos por la filtración de datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, el pasado 11 de abril, la Sala de Apelaciones estimó el recurso de las defensas y ordenó a Hurtado citar al empresario. Los jueces no apreciaron obstáculo alguno para que González Amador, pese a ser acusación particular en el procedimiento, pueda declarar como testigo en la causa.
En la misma providencia dictada este miércoles Hurtado cita también el día 16 de mayo a los peritos que firman el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el resultado del material intervenido en los registros realizados en el despacho de Pilar Rodríguez.
Por otro lado, el instructor también ha dictado un auto en el que abre una pieza separada, que declara secreta por el plazo de un mes, en la que incorpora la respuesta de las autoridades irlandesas a la comisión rogatoria librada a Google, en la que se reclamaban los datos de la cuenta de Gmail personal del fiscal general del Estado, así como las posibles copias de seguridad que acompañaran a la misma. En el auto, acuerda que la UCO realice un análisis pericial de inteligencia sobre la información procedente de dicha comisión rogatoria limitada a los hechos objeto de investigación y a los días 8 y 14 de marzo de 2024.
El instructor Hurtado explica que «con fecha de ayer era recibida de la delegación irlandesa, a través de la delegación española en Eurojust, documentación relativa a la ejecución de la comisión rogatoria en su día remitida a Irlanda, lo que, en principio, apunta a haber obtenido la información que se interesaba, como primer paso de la diligencia acordada, documentación que se remite en carpeta zip, e información que, por lo tanto, es preciso sea analizada mediante el correspondiente informe pericial, como se apuntaba que debía ser objeto, en los referidos autos de 20 de enero y 6 de marzo de 2025, caso de que fuera exitosa, como parece haber sido, la comisión rogatoria librada».
La información aportada por Google al procedimiento fue recibida ayer en el Alto Tribunal vía correo electrónico a las 13:16 horas, según consta en una diligencia de ordenación del TS. La primera decisión adoptada por el magistrado ha sido dar traslado de la «carpeta zip» para que sea la Guardia Civil la que proceda a abrir los archivos y los analice. Hurtado mandata que la UCO le informe «con una periodicidad que no exceda de cinco días» del resultado y avance del análisis pericial que se vaya realizando.
Junto a la rogatoria cursada a Google, el instructor de la Sala Segunda también se ha dirigido a Estados Unidos para que el proveedor de los servicios de WhatsApp entregue al Alto Tribunal los datos de los móviles del fiscal general del Estado. A través de esta petición de auxilio judicial, sobre la que el Supremo no ha obtenido todavía respuesta, Hurtado ha solicitado los «mensajes recibidos y enviados» en los dos números de teléfono móvil del fiscal general, las «copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles» de la aplicación de WhatsApp y el «registro de comunicaciones realizadas, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación» entre los días 8 y 14 de marzo de 2024.
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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido en el Congreso reuniones no incluidas ni en su agenda ni en la de la Cámara, con los representantes de PNV y EH Bildu y un contacto telefónico con el BNG para informarles de los avances en las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno para conseguir el reconocimiento de las lenguas cooficiales -gallego, euskera y catalán- en la Unión Europea.
La cita ha tenido como objetivo explicar el acuerdo de renovación firmado el pasado 7 de abril con el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en virtud del cual se permite extender el uso de estas lenguas a las intervenciones de sus miembros en las sesiones plenarias el organismo.
El uso de las lenguas cooficiales españolas en las instituciones comunitarias es una exigencia que partió del independentismo catalán -principalmente Junts- y fue asumida como prioridad por el Gobierno de Pedro Sánchez. El paso que se plantea el ejecutivo es el de lograr el pleno reconocimiento a fin de que estas lenguas logren la consideración de lenguas de trabajo en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo. La oficialidad plena del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea requiere del acuerdo unánime de los 27 Estados miembro. No obstante, podrían darse pasos intermedios para lograr su uso en el trabajo de la Eurocámara.
De los encuentros mantenidos hoy en la Cámara Baja con los representantes de las formaciones nacionalistas, a excepción de los dos grupos catalanes, ha dado cuenta EH Bildu representados en la cita por sus portavoces en el Congreso y en el Senado, Mertxe Aizpurua, y Gorka Elejabarrieta y, posteriormente, el PNV representado por su presidente Aitor Esteban. La formación abertzale ha calificado la reunión de «constructiva y cordial» y afirma, al igual que el PNV, haberse emplazado con la delegación de Exteriores ha seguir manteniendo los contactos para compartir los avances que se puedan dar a nivel comunitario para declarar oficial el euskara en la UE». Esteban además ha insistido en la «importancia» de que el euskera sea considerado idioma oficial en la UE para «garantizar su supervivencia».
EH Bildu por su parte ha anunciado que mantendrá a su vez reuniones en las próximas semanas con asociaciones y organizaciones que trabajan por la normalización del euskera y trasladarles el punto en el que se encuentran las gestiones para lograr la oficialidad de esta lengua en la Unión.
Los portavoces de EH Bildu han aprovechado además el encuentro con el titular de Exteriores para trasladarle ´su preocupación por el anuncio del ministro del Interior francés de prolongar durante seis meses más el cierre de los pasos transfronterizos del país vasco francés, una decisión que según la formación abertzale tiene «nefastas y dramáticas consecuencias» para los ciudadanos que viven a ambos lados del Bidasoa y «pone en riesgo la vida de las personas migrantes». EH Bildu ha reclamado a Albares abordar la actualización del convenio entre España y Francia.
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Nuevo impulso al caso Koldo. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de esta causa de corrupción, ha dictado un auto en el que acuerda remitir al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional las actuaciones relacionadas con la contratación de la amiga personal del ex ministro José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, en dos empresas públicas para que valore la existencia de posibles indicios de criminalidad en la actuación de la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en dichas contrataciones, y acuerde, en su caso, tomarle declaración como investigada, asumiendo la competencia de los hechos que se le atribuyen.
En su auto, el instructor envía a la Audiencia Nacional los documentos elaborados por las entidades Ineco y Tragsatec en relación con estos dos contratos, así como parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la declaración que prestó como testigo Rodríguez ante el magistrado.
Según el magistrado, existen indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera «habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por Ábalos Meco, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa Koldo García Izaguirre, sin que, además, aquélla, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna. Resultan, en este sentido, particularmente reveladoras las comunicaciones mantenidas entre Isabel y Koldo con este motivo, cuya descripción se contiene en el referido informe de la UCO».
Además, el auto recuerda que las supuestas actividades profesionales de Jésica «eran de naturaleza administrativa y se desarrollaron quedando la trabajadora adscrita a la presidencia de Adif». En aquel momento, Isabel Pardo de Vera resultaba ser la presidenta de la citada empresa pública.
El instructor de la Sala Segunda recuerda la doctrina del Supremo sobre la competencia para investigar causas de aforados, que debe estar presidida por criterios particularmente restrictivos. Por ello, señala que el alcance de la competencia del Alto Tribunal solo deberá extenderse, además de a los hechos que se atribuyen directamente al aforado, cuando se aprecie una conexión material inescindible, en relación con los que pudieran haber llevado a término otras personas.
En el mismo auto, Leopoldo Puente ordena a la UCO que investigue la adjudicación de las obras y/o rectificados que aparecen destacados en fluorescente en los documentos aportadas por el empresario Víctor de Aldama y que identifique a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de esas obras y fiscalice el procedimiento de adjudicación de estas.
El ex director general de Carretera, Javier Herrero, ya declaró en el Supremo que el listado de obras que Aldama entregó con los supuestos amaños contenía una «mayoría» de adjudicaciones que se llevaron a cabo con el Gobierno del PSOE. En ese sentido, los investigadores sospechan que el posible cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública se habría producido a través de los denominados «modificados» de las mismas.
El magistrado adopta esta decisión a la luz del resultado del informe pericial caligráfico realizado sobre la prueba de escritura de Koldo García relacionada con los documentos aportados por Aldama.
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El Ministerio del Interior comprará munición israelí a pesar de haber anunciado hace seis meses que renunciaba a esta adquisición por la guerra de Gaza. De esta manera, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha licitado la compra de munición, un contrato valorado en 6.642.900 de euros para la compra de 15.300.000 balas del calibre 9mm.
Esta decisión de Interior de seguir adelante abre un nuevo conflicto dentro del Gobierno de coalición. Sumar ha denunciado que se está produciendo «una vulneración flagrante de los compromisos adquiridos en el seno del gobierno y ha exigido tanto la rescisión del contrato como la comparecencia del ministro, Fernando Grande-Marlaska, para «aclarar todo lo sucedido en relación a esta adquisición».
El giro del Ministerio se debe, según aclaran fuentes de Interior a este periódico, a una cuestión legal: el contrato estaba ya muy avanzado y no contemplaba una «decisión unilateral» para romperlo. Incluso, aseguran, la Abogacía del Estado lo «desaconsejó».
Las mismas fuentes han aclarado que el pasado 29 de octubre de 2024 se puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión del contrato. Tras este estudio, el Ministerio decidió atender a la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión en la fase de tramitación alcanzada, por lo que finalmente se ha formalizado el contrato.
Según ha avanzado la Cadena Ser, el departamento que dirige Grande-Marlaska estudió diferentes opciones, pero al final ha optado por no anular el contrato adjudicado a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel.
El contrato se cerró durante la pasada Semana Santa. En concreto, el pasado 16 de abril, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil formalizó la compra con la empresa israelí IMI SYSTEMS LTD -que figura como adjudicataria- y con la empresa israelí Guardian Homeland Security S.A. -que figura como representante-, aunque las dos compañías israelíes comparten NIF.
Dicha empresa ha conseguido llevarse dos de los tres lotes que se ofertaban. El primero, por 4.464.900 de euros para el suministro de balas 9×19 mm PB y el segundo, otros 2.178.000 de euros para cartuchería 9×19 mm semiblindada.
El 29 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior difundió una nota de prensa para informar que «iniciaba el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí».
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