El Tribunal Supremo ha emitido un contundente reproche hacia la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, quien ostenta un papel crucial en la causa que investiga a su superior, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. En un auto firmado por el magistrado Ángel Hurtado, se critica la postura de la representante del Ministerio Público, quien ha solicitado en múltiples ocasiones el archivo de las actuaciones, lo que, según el juez, pone en entredicho la labor de la Fiscalía en este caso cargado de controversia.
La situación se complica aún más para la fiscal Sánchez Conde con la aparición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que se ha personado en la causa con el fin de contribuir a la defensa de la profesionalidad del Ministerio Fiscal. El magistrado Hurtado ha elogiado la participación de esta asociación, considerándola esencial para esclarecer los hechos y elevar la reputación del cuerpo fiscal, en contraposición a los constantes intentos de la fiscalía para cerrar el caso. «La APIF puede ofrecer una aportación que podría echarse en falta», enfatiza Hurtado, sugiriendo que la actuación de Sánchez Conde no ha colmado las expectativas de un caso que atrae una atención mediática sin precedentes.
Un episodio que ha incrementado la tensión es la declaración del fiscal Salvador Viada, quien, al comparecer como testigo, advirtió sobre la cercanía y el comportamiento poco ortodoxo de la fiscal Sánchez Conde con el investigado García Ortiz durante un registro en su despacho. Viada subrayó que un fiscal no debe interactuar de manera informal con un investigado en medio de una diligencia, afirmando que este tipo de conductas contraviene las enseñanzas éticas que rigen la conducta de los fiscales.
El auto del magistrado Hurtado, notificado este lunes, busca esclarecer la confusión en torno a las acusaciones populares en este caso. Destacó que, aunque suele ser común agrupar a las acusaciones bajo una misma representación, cada caso debe ser evaluado cuidadosamente. A tal efecto, identificó que las dos acusaciones populares que representan al Colegio de Abogados de Madrid y a la APIF poseen intereses corporativos que no se alinean completamente con los de otras partes, como el sindicato Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, permitiendo a estas últimas continuar con su defensa por separado.
Este episodio no solo revela las tensiones internas dentro del sistema de justicia español, sino que también plantea preguntas críticas sobre la integridad y la ética en la actuación de los fiscales. Con el caso García Ortiz en el centro de la atención mediática, las implicaciones de estas decisiones serán observadas con atención en todo el país, generando un debate sobre la legitimidad y el futuro de la Fiscalía en España.
La reciente reprimenda del Tribunal Supremo a la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde es un reflejo preocupante de la crisis de credibilidad que acecha a la Fiscalía en España. La insistencia de Sánchez Conde en solicitar el archivo del caso que involucra a su superior, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, no solo debilita la confianza en las actuaciones del Ministerio Público, sino que también plantea serias dudas sobre la independencia y la ética dentro de esa institución. En un momento en que la sociedad demanda transparencia y compromiso con la justicia, tales actitudes parecen más alineadas con el encubrimiento que con la defensa de los principios que deben regir la acción del fiscal.
Además, la intervención de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) destaca una disyuntiva cruda pero necesaria: si la propia Fiscalía no es capaz de velar por su integridad, son estos mecanismos externos los que tienen que asumir el rol de defensores del estamento. La comparación de la participación de la APIF con los intentos de Sánchez Conde por cerrar el caso ilustra una lucha por la ética en la justicia que resulta visceralmente necesaria en este contexto. Es hora de que la Fiscalía se reinvente, revise sus cimientos y recupere su prestigio, porque la forma en que maneje este y otros casos determinará el futuro de su legitimidad ante una ciudadanía que no tolerará más sombras en su accionar.
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