El Tratado de Amistad entre España y Francia, firmado el 19 de enero de 2023 por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en la XXVII Cumbre bilateral celebrada en Barcelona, ha encontrado un inesperado obstáculo en su camino hacia la ratificación. A pesar de la buena voluntad de ambos líderes para consolidar las relaciones bilaterales, la complejidad jurídica del acuerdo ha generado una situación de incertidumbre que perjudica la confianza entre ambas naciones y pone en jaque la cooperación en un momento crucial para Europa.
Desde su firma, el Tratado ha estado en un limbo legislativo. A pesar de que el Gobierno francés ha avanzado en la tramitación y aprobación del texto, en España la situación ha sido bien distinta. El Consejo de Ministros no pudo remitir el Tratado a las Cortes durante los dos años siguientes debido a que ciertos párrafos resultan incompatibles con la ley española. Esta lenta respuesta está generando una sensación de inquietud en el Elíseo, que ha visto cómo sus expectativas de cooperación se dilatan, lo que no hace más que acentuar la necesidad de una reunión de Estado entre ambos países.
El último revés para el Tratado se produjo el pasado 28 de enero, cuando el Consejo de Ministros finalmente decidió remitir el texto al Parlamento, pidiendo su tramitación por el procedimiento de urgencia. No obstante, una semana después, la Mesa del Senado alertó sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 2.4, que establece que un miembro del Gobierno de cada país será invitado a participar en el Consejo de Ministros del otro país, al menos una vez cada tres meses. Este artículo ha despertado serias dudas sobre la naturaleza de la soberanía nacional y la desnaturalización de la función del Gobierno, planteando interrogantes sobre la participación de expositores extranjeros en decisiones relevantes para el Estado.
Ante esta situación, la Mesa del Senado ha propuesto requerir la opinión del Tribunal Constitucional para determinar si el artículo en cuestión contradice la Constitución española. La decisión se mantiene en suspenso mientras se espera el pronunciamiento del tribunal, lo que podría prolongar aún más la incertidumbre respecto a la ratificación del Tratado. Esta situación no solo afecta a nuestras relaciones con Francia, sino que también pone de manifiesto las tensiones internas y los desafíos que enfrenta el Gobierno español al intentar equilibrar su compromiso internacional con la normativa nacional.
En definitiva, el Tratado de Amistad España-Francia, que había sido concebido para fortalecer la colaboración entre ambos países en la era moderna, se encuentra en una encrucijada que podría requerir una revisión más profunda de los límites de la cooperación internacional y la legislación nacional. Con Macron programando un viaje de Estado a España que podría quedar en el aire, la necesidad de una pronta resolución se hace más urgente que nunca.
La reticencia del Gobierno español para avanzar en la ratificación del Tratado de Amistad con Francia pone de manifiesto un dilema inquietante en la relación entre las obligaciones internacionales y el marco jurídico nacional. Si bien es comprensible que se evalúen a fondo las implicaciones de un acuerdo que podría, según algunas interpretaciones, comprometer la soberanía nacional, no menos grave es la falta de agilidad en los procedimientos legislativos que podría favorecer una mayor colaboración bilateral. Esta situación no solo frena el desarrollo de la cooperación en diversas áreas —como la defensa, el medio ambiente y la economía—, sino que, además, pone una sombra de desconfianza sobre la seriedad con la que España asume sus compromisos en un contexto europeo que demanda unidad y colaboración cada vez más urgente.
La propuesta de consultar al Tribunal Constitucional sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 2.4 refleja un enfoque cauteloso, pero también revela las tensiones existentes dentro de nuestro sistema político. Esta incertidumbre podría ser interpretada como un signo de debilidad; sin embargo, tal vez lo más preocupante es que, en este tiempo de crisis, la falta de un consenso claro en torno a la cooperación internacional puede minar la credibilidad de España en el ámbito europeo. La necesidad de un diálogo sincero y constructivo sobre las barreras que imponen nuestros marcos legales y la forma en que estos interactúan con los tratados internacionales es más relevante que nunca. La política debe evolucionar para adaptarse a los tiempos; solo así podremos avanzar hacia un futuro donde la amistad y la colaboración internacional no encuentren más obstáculos que aquellos de origen práctico y no jurídico.
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