El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a la vía penal en el caso de la devastadora DANA que asoló Valencia en octubre de 2024. Tras meses de expectación y debates, el Alto Tribunal ha decidido archivar las querellas y denuncias presentadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y seis de sus ministros, desestimando la acusación de inactividad ante la catástrofe que dejó una cicatriz imborrable en la región. La decisión, comunicada esta mañana, ha generado reacciones encontradas entre los afectados y la clase política.
El auto del Tribunal Supremo es contundente: «La toma de decisiones discrecionales de un presidente del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal porque se considere que la opción escogida no era la más adecuada o la más eficaz para la obtención de los objetivos programados». En otras palabras, el Supremo deja claro que la gestión política, por discutible que sea, no es sinónimo de delito penal. Esta argumentación blinda a los aforados, pero abre la puerta a que la investigación continúe en instancias inferiores.
La decisión del Supremo no implica que el caso esté cerrado por completo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja sigue adelante con su propia investigación sobre los hechos. Si este juzgado encontrase indicios de delito por parte de los aforados, deberá remitir una exposición motivada al Supremo para que este retome el caso. Mientras tanto, las miradas se centran ahora en la investigación local, donde se intentará esclarecer si hubo negligencia o errores en la gestión de la emergencia que pudieran ser constitutivos de delito.
La DANA de Valencia dejó un saldo trágico: más de 200 fallecidos e incontables daños materiales. La tragedia desató una ola de indignación y críticas hacia la gestión de la crisis. Los colectivos de afectados, que ahora ven cómo se archivan las querellas contra los aforados, han manifestado su decepción y su intención de seguir buscando responsabilidades por otras vías. «Esto no acaba aquí», declaraba hace unas horas la portavoz de una de las asociaciones de víctimas, anunciando nuevas acciones legales para depurar responsabilidades.
Más allá de las responsabilidades penales individuales, el caso de la DANA de Valencia ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión de riesgos climáticos en España. La intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos están aumentando debido al cambio climático, lo que exige una mayor preparación y coordinación entre las diferentes administraciones. El debate sobre la necesidad de invertir en infraestructuras de prevención y en sistemas de alerta temprana se ha intensificado en los últimos meses, y se espera que sea uno de los temas centrales de la agenda política en los próximos años. La tragedia de Valencia debe servir como un catalizador para impulsar una política integral de gestión de riesgos climáticos que proteja a la población y al territorio frente a los efectos cada vez más devastadores del cambio climático.
El archivo de las querellas contra el Gobierno central por la DANA de Valencia, aunque previsible, deja un sabor amargo y agudiza la desconfianza ciudadana hacia la clase política. Si bien el Supremo se ampara en la distinción entre decisiones políticas y delitos, la argumentación resulta peligrosamente permisiva. ¿Dónde se sitúa la línea que separa la «discrecionalidad» legítima de la negligencia culpable, especialmente cuando esa negligencia se traduce en centenares de vidas perdidas? El auto del Tribunal Supremo, al blindar a los aforados, parece enviar un mensaje inquietante: que las decisiones gubernamentales, por erróneas o insuficientes que sean, quedan exentas de escrutinio penal. Este vacío legal percibido, sumado a la impunidad que a menudo rodea al poder, alimenta la sensación de que los responsables últimos de las políticas de prevención y gestión de riesgos climáticos no rinden cuentas por sus errores, dejando a la ciudadanía desprotegida frente a futuras catástrofes.
La DANA de Valencia no fue simplemente un desastre natural; fue la cristalización de años de desidia y falta de inversión en infraestructuras resilientes. Celebrar ahora que «las decisiones políticas no son delitos» es un eufemismo que ignora el verdadero debate: la necesidad urgente de establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas para quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población. La investigación a nivel local es un consuelo pobre para las familias que perdieron a sus seres queridos. Es imperativo que se exploren otras vías legales para depurar responsabilidades, tal como anuncian los colectivos de víctimas. Más allá de las querellas individuales, se requiere una auditoría exhaustiva de las políticas de gestión de riesgos climáticos, que arroje luz sobre las deficiencias y errores que condujeron a la tragedia. Solo así, transformando el dolor en acción, podremos evitar que la historia se repita.
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