En el marco del complejo caso Hidrocarburos, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha autorizado la intervención de un perito informático para intentar recuperar archivos desaparecidos del móvil de Víctor de Aldama, comisionista vinculado a este escándalo que investiga un presunto fraude en el IVA. Esta decisión se produce tras el fallo de la herramienta informática previamente utilizada, que no logró acceder a la totalidad de los datos del terminal, intervenido durante la detención de Aldama en octubre del año pasado.
La recuperación de los archivos se llevará a cabo en presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), quienes supervisarán el proceso para garantizar la integridad de las evidencias. Sources jurídicas han indicado que la razón por la cual los documentos no aparecieron en el volcado inicial no es necesariamente indicativa de que hayan sido borrados, sino que se debe a las limitaciones tecnológicas de las herramientas empleadas en la primera extracción de datos.
En un intento por acceder a su propia información, De Aldama había solicitado anteriormente la devolución de su móvil, solicitud que fue denegada por el juez Pedraz, dada la naturaleza del dispositivo como pieza de convicción en el caso. Ante esta negativa, el comisionista propuso la inclusión de un perito informático, quien ahora se sumará al proceso bajo la supervisión judicial. Según De Aldama, los archivos que se intentan recuperar son fundamentales no solo para su defensa, sino también para arrojar luz sobre otros aspectos del caso Koldo, que están bajo investigación en distintos juzgados y el Tribunal Supremo.
El juez ha decidido abrir una pieza separada en el caso para poder expurgar los datos del volcado y eliminar aquellos que pueden no ser relevantes para la causa o que comprometan la privacidad de Aldama y sus contactos. Sin embargo, dado que aún no se ha completado el proceso de recuperación y expurgo de todos los archivos, el secreto de esta pieza ha sido prorrogado un mes más, lo que prolonga la incertidumbre en torno a uno de los casos de fraude fiscal más significativos del país, que se estima afecta a 231,7 millones de euros.
La continuación del proceso judicial y la búsqueda activa de los datos perdidos subrayan la complejidad del caso, que ha generado una notable atención mediática y pública. A medida que avanza la investigación, la habilidad del perito para recuperar los datos del móvil podría ser un factor crítico no solo en el desarrollo del juicio, sino también en el esclarecimiento de las redes implicadas en este entramado de fraude fiscal.
La reciente decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de autorizar la intervención de un perito informático en el caso Koldo representa un rayo de esperanza en un contexto judicial que mueve los cimientos de la credibilidad pública en la gestión de los grandes fraudes fiscales. Si bien la finalidad de recuperar datos del móvil de Víctor de Aldama busca esclarecer un entramado que podría afectar a 231,7 millones de euros, es alarmante observar cómo la tecnología, que debería ser un aliado en la búsqueda de la verdad, a menudo se convierte en un campo de batalla burocrático. La necesidad de una segunda intervención para acceder a la información fundamental no solo pone de relieve las limitaciones de las herramientas actuales, sino que también cuestiona la eficacia del aparato judicial para adaptarse a los retos que presenta la revolución digital. En un escenario tan complejo, es imperativo que las instituciones inviertan en formación y en recursos tecnológicos que permitan una respuesta más ágil y eficaz ante situaciones semejantes.
Sin embargo, la prorrogación del secreto de esta pieza hasta completar el proceso de recuperación y expurgo genera una atmósfera de incertidumbre que no solo perjudica a los actores del caso, sino que también alimenta la desconfianza de la ciudadanía en la administración de justicia. En este contexto, resulta esencial subrayar la importancia del equilibrio entre la protección de la privacidad de los implicados y la necesidad de transparencia pública, sobre todo cuando se trata de casos que involucran sumas tan escandalosas de dinero. Al final, el éxito de esta investigación no dependerá únicamente de la habilidad del perito informático, sino también de la voluntad del sistema judicial para abordar las complejidades inherentes a estos delitos, garantizando que el interés público prevalezca sobre las salvaguardias personales. La sociedad demanda respuestas y un compromiso decidido hacia la lucha contra la corrupción, que debe traducirse en acciones claras y efectivas desde el corazón del poder judicial.
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