El Gobierno ha dado un paso importante en la búsqueda de una solución para la crisis migratoria en Canarias al presentar una proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería. Esta propuesta, que cuenta con el respaldo de PSOE, Sumar y Coalición Canaria, busca establecer un reparto obligatorio de casi 3.000 menores extranjeros que actualmente se encuentran en el archipiélago. Ante la falta de capacidad en las instalaciones de acogida, es urgente encontrar una solución justa y solidaria para estos niños y niñas que han llegado a nuestras costas en busca de un futuro mejor.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado la urgencia de esta medida, señalando que se trata de una cuestión de emergencia y justicia para garantizar el bienestar de los menores. Sin embargo, el apoyo del PP es fundamental para que la ley pueda ser aprobada en el Congreso lo antes posible. Esta propuesta no solo busca aliviar la carga que Canarias está soportando de manera individual, sino también promover la solidaridad entre todas las comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes que necesitan protección y cuidado.
El reparto de menores extranjeros entre las diferentes regiones de España es una medida necesaria para garantizar una distribución equitativa de la responsabilidad en la acogida y cuidado de estos niños y niñas. A pesar de las críticas y dudas planteadas por algunas autonomías del PP, es importante recordar que se trata de una cuestión humanitaria que debe prevalecer por encima de cualquier interés partidista. Es momento de actuar con compromiso y solidaridad para garantizar un futuro seguro y digno para los menores migrantes que han llegado a nuestras costas en busca de esperanza y protección.
La propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Extranjería y el reparto de menores extranjeros en Canarias es un paso necesario y urgente para abordar la crisis migratoria en la que se encuentran estos menores. La falta de capacidad en las instalaciones de acogida en Canarias hace imprescindible buscar una solución justa y solidaria que garantice el bienestar de estos niños y niñas que han llegado a nuestras costas en condiciones difíciles.
Es fundamental que todas las comunidades autónomas, incluyendo aquellas gobernadas por el PP, se sumen a este esfuerzo de solidaridad y compromiso para garantizar un futuro seguro y digno a los menores migrantes. La cuestión humanitaria debe primar sobre intereses políticos y partidistas, y es responsabilidad de todas las administraciones trabajar de manera conjunta para garantizar la protección de estos menores que se encuentran en una situación vulnerable.
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