El Gobierno se encuentra en una encrucijada con la situación de los menores migrantes en Canarias, sin encontrar una solución clara que cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas. La reforma de la ley de extranjería, que pretendía hacer obligatoria la acogida de estos menores por parte de las comunidades autónomas, fue rechazada en el Congreso, lo que ha generado tensiones y críticas entre el Ejecutivo y la oposición.
Las diferencias entre el Gobierno y la oposición se hacen evidentes, con acusaciones de hipocresía y cinismo por parte de la ministra de Seguridad Social y Migraciones hacia el líder de la oposición. Mientras tanto, en Canarias la presión aumenta, con amenazas de llevar al Gobierno a los tribunales por «dejación de funciones».
Ante la falta de un plan B, el Gobierno busca retener el apoyo de Coalición Canaria en el Congreso mediante un aumento de las partidas económicas destinadas a Canarias para la atención de menores migrantes. Sin embargo, las demandas del partido nacionalista canario ascienden a 160 millones de euros, una cifra que el Gobierno se compromete a superar para evitar que Canarias tenga que asumir el coste de forma solitaria.
La propuesta presentada por Feijóo y Clavijo plantea medidas urgentes como la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, la declaración de emergencia migratoria nacional y un refuerzo del control en las fronteras. Sin embargo, la falta de consenso político complica la implementación de estas medidas y deja en el aire el futuro de los menores migrantes en Canarias.
La situación de los menores migrantes en Canarias se ha convertido en un problema complejo y difícil de resolver, con el Gobierno enfrentándose a la oposición y a las demandas de Coalición Canaria. La falta de consenso político y la incapacidad para encontrar una solución clara y definitiva a este problema ponen de manifiesto la falta de compromiso y responsabilidad de todas las fuerzas políticas.
Es necesario que el Gobierno y la oposición dejen de lado sus diferencias y trabajen juntos para encontrar una solución a esta crisis humanitaria. La falta de un plan B y la incertidumbre sobre el futuro de estos menores migrantes en Canarias es inaceptable. Es responsabilidad de los líderes políticos tomar medidas urgentes y garantizar la protección y el bienestar de estos niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
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