El fenómeno meteorológico conocido como DANA ha dejado una huella trágica en la Comunitat Valenciana, provocando la pérdida de al menos 155 vidas y un número preocupante de desaparecidos que se cuenta por «decenas y decenas». En respuesta a esta catástrofe, el Gobierno español ha decidido fortalecer su colaboración con la Generalitat valenciana para abordar de manera coordinada las necesidades de los afectados. Este viernes, los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se sumarán a las reuniones del comité de crisis gestionado por el presidente autonómico, Carlos Mazón, para desplegar recursos y estrategias que permitan mitigar el impacto devastador de este desastre natural.
En declaraciones recientes, Torres aseguró que la Generalitat puede contar desde el primer momento con «todos los recursos del Estado a su disposición». En este contexto, el Gobierno ha anunciado el envío inmediato de 500 militares adicionales, que se sumarán a los ya existentes 1.200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con la principal tarea de ayudar en el abastecimiento de víveres y en la búsqueda de las personas que aún permanecen desaparecidas. Este despliegue se produce en un momento crítico en el que las comunidades afectadas enfrentan no solo el desafío de la recuperación, sino también preocupaciones de seguridad tras el aumento de casos de robo en áreas desoladas.
La fuerte atención hacia la crisis ha llevado a la implementación de medidas de seguridad. Torres informó que sobre el terreno operan cerca de 1.800 policías nacionales y cerca de 1.000 guardias civiles que, junto con los miembros de la UME, aseguran no solo el abastecimiento, sino también la protección de los bienes y la integridad de los ciudadanos en estas zonas desoladas. «El momento es dramático y requiere de la colaboración entre todos los niveles de gobierno; se trata de una situación de emergencia nacional, pero con competencias claras que deben ser respetadas», afirmó el ministro.
El compromiso del Gobierno con la recuperación de los servicios básicos es igualmente urgente. Torres destacó que más de la mitad de las 150.000 personas que quedaron sin electricidad tras las inclemencias del tiempo ya han recuperado el suministro eléctrico, un paso fundamental en el proceso de normalización. Sin embargo, los equipos de rescate y reconstrucción trabajan incansablemente para restablecer el agua y garantizar seguridad y sustento a las personas que siguen aisladas en áreas de difícil acceso.
Las declaraciones de Torres, lejos de inclinarse hacia la crítica política, se enfocaron en transmitir un mensaje de unidad. «Los que suman son los que aportan y los que sobran son los que intentan dividir», subrayó, haciendo un llamado a la cohesión en tiempos de crisis. El panorama es complejo y, a medida que quienes han sobrevivido a la DANA lidian con sus repercusiones, la colaboración entre el Gobierno y la Generalitat se volverá más crucial que nunca para la recuperación efectiva y la reconstrucción del tejido social afectado. La batalla contra el tiempo y los estragos del clima continúa, y el esfuerzo conjunto se plantea como el único camino viable.
La grave crisis provocada por la DANA en la Comunitat Valenciana no solo pone de relieve la fragilidad de nuestro sistema de gestión de emergencias, sino que también abre la puerta a una reflexión profunda sobre la necesidad de una planificación preventiva más robusta. A pesar del esfuerzo innegable del Gobierno al desplegar más de 1.800 policías y 500 militares, así como la activación de todos los recursos a su disposición, es evidente que estas medidas son respuestas reactivas ante una tragedia ya consumada. ¿Por qué, a pesar de los reiterados avisos sobre el cambio climático y los fenómenos extremos, no se ha implementado un plan a largo plazo que prevenga estas catástrofes y garantice una infraestructura adecuada para la protección de vidas y bienes? La historia se repite y las víctimas son siempre las mismas: los ciudadanos que se ven desbordados por situaciones que podrían haber sido mitigadas con una planificación más consciente.
Además, el mensaje de unidad del ministro Torres parece un intento de despolitizar la situación, pero no puede ocultar la necesidad de una crítica constructiva y consciente. La colaboración es fundamental, pero debe ir acompañada de un análisis sobre cómo hemos llegado a esta situación. La recuperación no solo implica restablecer servicios básicos; también necesita una revisión integral de las políticas de urbanismo y medioambiente que permiten que nuestras ciudades sean cada vez más vulnerables a desastres naturales. La auténtica cohesión no solo se construye en tiempos de crisis, sino que se debe fomentar diariamente a través de decisiones responsables y sostenibles. Solo así podremos alejarnos de la mera reacción y comenzar a construir una sociedad verdaderamente resiliente.
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