Tras el fracaso de la reforma de la ley de extranjería en el Congreso el pasado mes de julio, el Gobierno ha descartado por ahora volver a intentar modificarla. La iniciativa, que buscaba establecer un reparto obligatorio entre las comunidades de los menores migrantes no acompañados, fue rechazada por el PP y la mayoría de las autonomías gobernadas por este partido.
Sin embargo, en una reunión celebrada en la isla de La Palma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, llegaron a un acuerdo para desembolsar 50 millones de euros antes de fin de año. Esta ayuda pretende hacer frente a la «emergencia» que vive el archipiélago, donde actualmente residen 5.200 menores migrantes no acompañados, a pesar de que su capacidad de acogida es de solo 2.000.
El compromiso de Sánchez con Canarias se basa en una fórmula que ya se ha aplicado en años anteriores, pero que en esta ocasión no se había contemplado debido a la confianza del Gobierno en la aprobación de la reforma de la ley de extranjería. Sin embargo, la falta de consenso y apoyo político ha obligado a buscar soluciones alternativas para hacer frente a la creciente crisis migratoria en el país.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado la necesidad de una modificación legislativa para poder abordar de manera efectiva la situación de los menores migrantes no acompañados. Aunque el acuerdo alcanzado entre Sánchez y Clavijo supone un parche temporal, la solución definitiva requiere cambios a nivel legal que garanticen la protección y el bienestar de estos jóvenes vulnerables.
El fracaso de la reforma de la ley de extranjería en el Congreso y la falta de consenso político para abordar la crisis de los menores migrantes no acompañados en Canarias reflejan la incapacidad del Gobierno para encontrar soluciones a corto y medio plazo. La situación de emergencia en la que se encuentran estos jóvenes vulnerables exige medidas concretas y eficaces, que solo pueden lograrse a través de cambios legislativos profundos y consensuados.
El acuerdo entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo para desembolsar 50 millones de euros es encomiable como medida paliativa, pero no resuelve la raíz del problema. Es imperativo que el Gobierno asuma su responsabilidad y tome las medidas necesarias para garantizar la protección y el bienestar de estos menores, más allá de soluciones temporales que no abordan la complejidad de la crisis migratoria en España. La falta de voluntad política para llegar a un consenso y reformar la ley de extranjería es inaceptable y demuestra la falta de compromiso con los derechos humanos de quienes más lo necesitan en nuestra sociedad.
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