El martes, el Congreso de los Diputados podría pasar a la historia, no por las leyes que promulga, sino por su propio nombre. Una reforma del Reglamento de la Cámara, impulsada por el Grupo Socialista y Sumar, está a punto de convertir al solemne «Congreso de los Diputados» en el conciso y, según sus defensores, más inclusivo «Congreso». La votación final, prevista para el último pleno del actual período de sesiones, promete ser un hito en la búsqueda de un lenguaje parlamentario que refleje la diversidad de la sociedad española.
La propuesta, que ya superó el filtro de la Comisión del ramo, ha desatado un intenso debate. Mientras que los partidos proponentes defienden la necesidad de un lenguaje que no perpetúe el masculino genérico, PP, Vox y UPN denuncian una medida «innecesaria», «equívoca» y «farragosa». Más allá de la supresión del «de los Diputados», la reforma busca desdoblar en los dos géneros todas las expresiones referidas a los parlamentarios, una práctica que, según sus detractores, recarga innecesariamente el lenguaje parlamentario. ¿Estamos ante un cambio meramente cosmético o ante un paso firme hacia una representación más justa e inclusiva en el seno del poder legislativo? La respuesta, como tantas veces, reside en la interpretación de los símbolos.
La reforma del Reglamento no se limita a la cuestión del lenguaje. El pleno del martes también abordará otras dos iniciativas de gran calado. Por un lado, se ampliarán los supuestos en los que los diputados podrán recurrir al voto telemático, incluyendo situaciones de fallecimiento o necesidad de cuidados familiares. Esta medida, aplaudida por la mayoría de los grupos parlamentarios, busca facilitar la conciliación de la vida familiar y la actividad política, un reto que afecta a muchos representantes electos. Por otro lado, la creación de un Consejo Consultivo para regular la acreditación de prensa y sancionar a periodistas que incumplan las normas ha generado controversia. Si bien se busca garantizar el respeto y el orden en la cobertura informativa, algunos sectores temen que esta medida pueda suponer un ataque a la libertad de prensa y una limitación del derecho a la información. El pleno del martes se presenta, por tanto, como una jornada decisiva para el futuro del Congreso, un día en el que se decidirá mucho más que un simple cambio de nombre.
El debate sobre el cambio de nombre del Congreso de los Diputados destila, en esencia, una preocupante incapacidad para abordar los problemas de fondo con la seriedad que merecen. Mientras las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía, como la precariedad laboral, el acceso a la vivienda o la crisis climática, siguen esperando soluciones efectivas, nuestros representantes se enfrascan en una disputa semántica que, si bien puede tener un valor simbólico, resulta irrisoria ante la magnitud de los desafíos que enfrentamos. La búsqueda de la inclusividad, loable en principio, no debería convertirse en un cortafuegos para evitar abordar las desigualdades reales que persisten en nuestra sociedad. ¿De verdad creemos que cambiar el nombre de una institución va a resolver los problemas de representación o a mejorar la vida de las mujeres y otros colectivos vulnerables? Me temo que no.
Más allá de la anécdota del nombre, la reforma del Reglamento sí plantea cuestiones de mayor calado, especialmente en lo que respecta a la regulación de la acreditación de prensa. Si bien es comprensible la necesidad de garantizar el respeto y la veracidad en la cobertura informativa, la creación de un Consejo Consultivo con potestad para sancionar a periodistas abre la puerta a posibles interpretaciones arbitrarias y, lo que es más preocupante, a una sutil forma de censura. La libertad de prensa, pilar fundamental de cualquier democracia, no puede estar sujeta al escrutinio de un órgano político que, por definición, está expuesto a presiones e intereses partidistas. En lugar de controlar a los medios, el Congreso debería centrarse en garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, facilitando el acceso a la información y fomentando un debate público plural y abierto. La verdadera inclusividad, al fin y al cabo, pasa por garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas, sin temor a represalias.
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