El primer Pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial ha sido testigo de una profunda división entre bloques que ha impedido la aprobación de una propuesta para amparar al Tribunal Supremo. Con 112 acuerdos sobre asuntos urgentes de gestión de la carrera judicial, la reunión ha dejado en evidencia las diferencias ideológicas que existen en el seno de este órgano de gobierno de los jueces.
La mayoría progresista, compuesta por diez votos, ha decidido excluir la propuesta de amparo al Tribunal Supremo del orden del día al considerar que no era un asunto urgente, ya que el juez instructor del procés, Pablo Llarena, no ha solicitado dicho amparo. Este bloque ha dejado claro que la unidad de criterio es fundamental para incluir un tema en el orden del día, y la propuesta no ha cumplido con este requisito.
Por otro lado, la cuestión de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial sigue sin resolverse, aunque existe consenso entre los vocales en intentar llegar a un candidato de consenso de la lista de magistrados del Tribunal Supremo. Aunque algunas voces comienzan a discrepar con esta postura, por el momento siguen siendo minoritarias. La esperanza es llegar a un acuerdo antes de la apertura del Año Judicial, prevista para el 5 de septiembre.
En cuanto a la queja presentada por la defensa del expresident Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena, esta no fue tratada en el Pleno. La defensa acusa al juez de retrasar la aplicación de la amnistía a Puigdemont al no haber resuelto los recursos de reforma presentados contra su decisión de no considerarle amparado por dicha ley. Sin embargo, este tema aún no ha sido abordado y queda pendiente para futuras reuniones del Consejo General del Poder Judicial.
El primer Pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial ha dejado al descubierto las profundas divisiones ideológicas que existen en este órgano de gobierno de los jueces. La negativa de la mayoría progresista a incluir en el orden del día una propuesta de amparo al Tribunal Supremo evidencia la falta de unidad y consenso en temas cruciales para la justicia en España. Es preocupante que las diferencias políticas sigan primando sobre la necesidad de garantizar la independencia y eficacia del sistema judicial.
La falta de resolución sobre la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, así como la postergación de la queja presentada por la defensa de Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena, demuestran la complejidad y los desafíos que enfrenta el sistema judicial en España. Es fundamental que los jueces de este órgano encuentren vías de diálogo y consenso para poder abordar de manera adecuada los temas que afectan a la justicia en el país. La ciudadanía espera y merece una administración de justicia que actúe de forma imparcial y eficiente, y es responsabilidad de los vocales del Consejo trabajar en esa dirección.
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