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Díaz planta cara al PSOE por la nuclear: Prorrogar las centrales rompería el pacto de Gobierno.

El Gobierno en la cuerda floja: Yolanda Díaz planta cara al PSOE por la energía nuclear y amenaza con romper el pacto de coalición.

Tensión en el Gobierno: Díaz advierte al PSOE sobre la prórroga nuclear

La sombra de la crisis planea sobre el Gobierno de coalición. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, ha lanzado una dura advertencia al PSOE respecto a la posible prórroga de la vida útil de las centrales nucleares españolas. En una entrevista concedida esta mañana a RNE, Díaz ha sido tajante: «Si el PSOE hace esto estaría vulnerando directamente el acuerdo de Gobierno y no lo vamos a permitir«. Sus declaraciones llegan tras la reciente derrota del decreto antiapagones en el Congreso, un revés que ha desatado nuevas tensiones internas y ha reavivado el debate sobre el futuro energético del país.

¿Ruptura a la vista? Díaz no aclara el futuro de la coalición

Si bien la vicepresidenta ha expresado su firme oposición a cualquier modificación del calendario de cierre nuclear pactado, ha evitado aclarar si una prórroga unilateral por parte del PSOE precipitaría la ruptura del Gobierno. Ante la insistencia de los periodistas, Díaz se ha limitado a calificar tal escenario como «gravísimo en términos democráticos», insistiendo en que «por tanto, no se puede producir». Esta ambigüedad alimenta la incertidumbre sobre la estabilidad de la coalición, especialmente en un contexto marcado por la polarización política y la fragilidad parlamentaria. La ciudadanía malagueña, como el resto del país, observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, consciente de las implicaciones que las decisiones en materia energética tendrán en su día a día.

El fantasma del oligopolio energético y el desafío de la descarbonización

La postura de Díaz se sustenta en una visión clara: la energía nuclear es «disfuncional, absolutamente peligrosa y carísima». La líder de Sumar defiende un modelo energético basado en las renovables, el autoconsumo y la lucha contra el oligopolio energético. En este sentido, ha lamentado la caída del decreto antiapagones, acusando a sus detractores de «apostar por las energías fósiles, más caras, contaminantes y por supuesto avanzar darle fuerza todavía más al monopolio energético». La defensa a ultranza de la descarbonización, pilar fundamental del acuerdo de gobierno, choca frontalmente con las voces que abogan por la prórroga nuclear como solución para garantizar el suministro energético y evitar una subida de los precios. La negociación se presenta ardua y el futuro del Gobierno pende de un hilo.

La contundencia con la que Yolanda Díaz se planta frente a la posible prórroga nuclear no solo revela una profunda fisura en el seno del Gobierno de coalición, sino que también pone de manifiesto una miopía estratégica preocupante. Si bien la apuesta por las energías renovables es incuestionable y necesaria para Málaga, una provincia con un potencial solar envidiable, cerrar la puerta a la energía nuclear de manera tan dogmática ignora la realidad de un sistema energético aún dependiente de fuentes volátiles y sujetos a fluctuaciones geopolíticas. La descarbonización es un objetivo loable, pero la transición debe ser gradual y sensata, evitando decisiones impulsivas que puedan poner en jaque el suministro y encarecer la factura para los malagueños. ¿No sería más inteligente explorar un modelo híbrido que combine las virtudes de las renovables con la estabilidad que aún puede ofrecer la energía nuclear, al menos hasta que la tecnología de almacenamiento avance significativamente?

La advertencia de Díaz, más allá de defender un principio ideológico, suena a pulso en una partida de ajedrez donde la ciudadanía, y especialmente los más vulnerables, son los peones sacrificables. La amenaza velada de ruptura, si bien comprensible desde la óptica de la coherencia política, demuestra una falta de altura de miras y una preocupante prevalencia del tacticismo sobre el pragmatismo. El debate sobre la energía nuclear no es un capricho, sino una cuestión de seguridad nacional y económica. Reducirlo a una lucha contra el «oligopolio energético» es simplificar un problema complejo que requiere de un diálogo sosegado y basado en datos, no en consignas. Urge, por tanto, un replanteamiento estratégico que ponga los intereses de España y de los malagueños por encima de las ambiciones partidistas, buscando un consenso que garantice un futuro energético sostenible, asequible y seguro.

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