El fantasma de la DANA que asoló la costa mediterránea en octubre de 2024 vuelve a agitar las aguas políticas. A un año y siete meses de la devastadora catástrofe, la comisión de investigación parlamentaria se ha convertido en un campo de batalla donde PSOE y PP exhiben sus primeras líneas de fuego. Las listas de comparecientes, lejos de buscar la verdad y depurar responsabilidades, parecen diseñadas para desgastar al adversario, evidenciando una profunda polarización incluso ante una tragedia de tal magnitud.
El PSOE ha desatado la polémica al incluir en su lista a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, colocando el foco en la gestión de la crisis por parte de los populares. La inclusión de Maribel Vilaplana, la periodista que compartió mesa con Mazón el día de la DANA, añade un toque de morbo y alimenta las teorías de una supuesta desconexión del presidente valenciano con la gravedad de la situación en aquellos momentos críticos. Pero el verdadero golpe de efecto socialista es proponer que 13 víctimas de la DANA sean las primeras en declarar, una jugada maestra para humanizar la tragedia y presionar a la oposición.
El contraataque del PP no se ha hecho esperar. Los populares han solicitado la comparecencia de ocho ministros del gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo al propio presidente, en un intento de demostrar una supuesta negligencia o falta de previsión por parte del ejecutivo central. Nombres como Teresa Ribera, Sara Aagesen, Hugo Morán, Fernando Grande Marlaska, José Manuel Albares y Pilar Alegría figuran en la lista del PP, buscando implicar al máximo número de altos cargos gubernamentales en la gestión de la crisis. La petición de comparecencia de Ximo Puig, actual embajador ante la OCDE y expresidente de la Generalitat Valenciana, apunta directamente a la gestión anterior, buscando desviar la atención de las críticas hacia el actual gobierno valenciano.
Las listas de comparecientes, con nombres de alto perfil y víctimas anónimas, sugieren estrategias políticas más allá de la búsqueda de la verdad. ¿Es legítimo utilizar una tragedia de esta magnitud para obtener rédito político? ¿Se anteponen los intereses partidistas a la necesidad de esclarecer lo sucedido y evitar que se repita? La comisión de investigación sobre la DANA se enfrenta al reto de superar la polarización y el ruido político para ofrecer respuestas claras y responsables a las miles de personas afectadas por la devastación. Los próximos meses serán cruciales para determinar si la comisión cumplirá su función o se convertirá en otro episodio de la crispación política que atenaza España.
El triste espectáculo de la comisión de investigación sobre la DANA es, lamentablemente, un reflejo de la política española actual. La polarización exacerbada parece haber contaminado incluso el espacio donde debiera prevalecer la búsqueda de la verdad y la depuración de responsabilidades ante una tragedia que enlutó a la costa mediterránea. El baile de nombres, con ministros, presidentes autonómicos y hasta periodistas en la lista de comparecientes, revela una estrategia de desgaste mutuo donde la prioridad parece ser señalar al adversario en lugar de ofrecer respuestas concretas a las víctimas y garantizar que no se repitan los errores del pasado. La instrumentalización del dolor, incluso con la propuesta de que las víctimas sean las primeras en declarar, resulta cuando menos cuestionable si no se garantiza un proceso transparente y riguroso, libre de presiones políticas.
Es innegable que la gestión de la DANA debe ser analizada con lupa, pero el riesgo es que la comisión se convierta en un circo mediático donde las estrategias partidistas eclipsen el objetivo principal: **comprender qué falló en la prevención, la gestión de la emergencia y la respuesta posterior, y proponer medidas eficaces para proteger a la población ante futuros eventos climáticos extremos**. No se trata solo de buscar culpables, sino de aprender de los errores y fortalecer las instituciones. Si la comisión se limita a ser un campo de batalla político, se habrá perdido una oportunidad valiosa para honrar la memoria de las víctimas y construir un futuro más seguro para todos.
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