Madrid, 12 de julio de 2025. En una jugada que ha sacudido los cimientos del periodismo parlamentario, el Congreso de los Diputados se prepara para aprobar, antes de que el sol veraniego apacigüe la actividad política, un nuevo código de conducta para la prensa acreditada. La medida, presentada como un escudo para salvaguardar la integridad del debate político y la labor informativa legítima, ha desatado una tormenta de opiniones y abre un debate crucial sobre los límites de la libertad de prensa en el corazón del poder legislativo.
El proyecto, que busca regular el comportamiento de los periodistas dentro de la Cámara Baja, ha encontrado el respaldo de la mayoría de las formaciones políticas, pero choca frontalmente con la oposición de PP y Vox, quienes ven en él un intento velado de controlar la información y limitar la capacidad de fiscalización de la prensa. La Asociación de Periodistas Parlamentarios, sin embargo, ha dado su visto bueno al código, argumentando que es necesario para combatir las prácticas de un "falso periodismo activista y ultra" que, según denuncian, ha enturbiado el clima de trabajo en el Congreso.
El nuevo código de conducta, que se integrará en el Reglamento del Congreso, establece una serie de normas básicas de comportamiento y cortesía parlamentaria. Entre ellas, se incluyen prohibiciones de intimidar, faltar al respeto o dificultar la labor de otros periodistas. Las sanciones por incumplimiento de estas normas oscilarán entre el simple apercibimiento y la retirada definitiva de la acreditación. Pero el punto más controvertido es la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación, integrado por representantes de los grupos parlamentarios y de los colectivos de periodistas. Este consejo será el encargado de analizar cualquier incidente y proponer sanciones, aunque la decisión final recaerá en la Mesa de la Cámara.
La oposición, liderada por PP y Vox, ha criticado duramente la medida, argumentando que otorga a la Mesa del Congreso un poder excesivo para regular el trabajo de la prensa. Los populares han presentado una enmienda al texto, que fue rechazada, en la que defendían que el mantenimiento del orden en el Congreso es una función exclusiva de la Presidencia. Vox, por su parte, ha rechazado de plano cualquier regulación del trabajo informativo y ha propuesto una reforma más amplia del Reglamento del Congreso. El debate está servido. ¿Es el nuevo código de conducta una herramienta necesaria para proteger el periodismo parlamentario o un intento de silenciar a la prensa crítica? La votación final, prevista para el próximo 22 de julio, promete ser un momento clave para el futuro de la relación entre el poder político y los medios de comunicación en España.
El endurecimiento de las normas para la prensa en el Congreso, presentado bajo el manto protector del «periodismo parlamentario», huele demasiado a intento de control. Si bien la necesidad de combatir el sensacionalismo y la desinformación es innegable, la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación, con participación directa de los grupos parlamentarios, abre la puerta a la injerencia política en la labor informativa. Es ingenuo pensar que un órgano con tales características priorizará la transparencia y el derecho a la información por encima de los intereses partidistas. ¿Quién vigilará a los vigilantes, cuando los propios vigilantes son parte interesada?
La paradoja de esta medida es evidente: **pretende proteger la «integridad del debate político» limitando precisamente uno de los pilares fundamentales de ese debate, que es la libertad de prensa**. Si el objetivo es desterrar las «malas prácticas» periodísticas, existen mecanismos legales y deontológicos ya establecidos que podrían fortalecerse. En lugar de ello, se opta por una solución que otorga un poder discrecional a la Mesa del Congreso, convirtiéndola en juez y parte en la evaluación del trabajo informativo. Esta deriva regulatoria, aplaudida por una Asociación de Periodistas Parlamentarios que parece más preocupada por su comodidad que por la defensa de los derechos de sus representados, sienta un peligroso precedente que podría silenciar las voces más críticas y disidentes en la cobertura del poder legislativo.
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