La Comisión de Venecia ha asestado un golpe contundente a la propuesta del Gobierno español para la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), concluyendo que el sistema, tal como está planteado, no cumple con los estándares europeos en materia de independencia judicial. Este dictamen, hecho público ayer, arroja serias dudas sobre la viabilidad de la reforma impulsada por el Ejecutivo y abre un nuevo frente en la ya de por sí tensa relación entre el Gobierno y la oposición.
El informe preliminar de la Comisión, cuyas conclusiones definitivas se esperan para el próximo lunes, ha generado un terremoto en los círculos políticos y judiciales. La principal objeción del organismo europeo reside en el hecho de que la propuesta gubernamental mantiene la votación final de los vocales de procedencia judicial en manos del Parlamento, lo que, según la Comisión, introduce un filtro político inaceptable y compromete la autonomía del poder judicial. En contraposición, la Comisión de Venecia valora positivamente el modelo alternativo, defendido por el Partido Popular y un sector del CGPJ, que aboga por la elección de los vocales judiciales por sus propios pares, considerándolo un mecanismo más eficaz para evitar la politización del órgano.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido a capa y espada la propuesta del Gobierno, argumentando que la participación del Parlamento otorga la necesaria legitimidad democrática al CGPJ. Sin embargo, la Comisión de Venecia ha rechazado este argumento, señalando que la legitimidad del poder judicial emana de la Constitución, del respeto a la ley y de la confianza ciudadana, y no de los acuerdos políticos sobre el nombramiento de sus miembros. Esta discrepancia fundamental pone de manifiesto la profunda brecha existente entre la visión del Gobierno y los estándares europeos en materia de independencia judicial.
Ante este panorama, el futuro del CGPJ se presenta incierto. La oposición, envalentonada por el respaldo de la Comisión de Venecia a su propuesta, ha intensificado sus críticas al Gobierno y exige una rectificación inmediata. Por su parte, el Ejecutivo se enfrenta a la difícil tesitura de tener que reconsiderar su estrategia o arriesgarse a un choque frontal con las instituciones europeas.
Este dictamen de la Comisión de Venecia se produce en un momento especialmente delicado para la justicia española, con el CGPJ en funciones desde hace años debido a la falta de acuerdo político para su renovación. La politización del órgano ha generado una creciente desconfianza en la ciudadanía y ha debilitado la imagen del poder judicial. La necesidad de encontrar una solución que garantice la independencia y el correcto funcionamiento del CGPJ es, por tanto, más urgente que nunca. El tiempo apremia y el futuro de la justicia española está en juego.
El varapalo de la Comisión de Venecia al sistema de elección del CGPJ no es, ni mucho menos, una sorpresa. La politización rampante de la justicia en España, visible en cada nombramiento y retraso estratégico en la renovación del Consejo, ha sido una herida abierta durante demasiado tiempo. El informe, más que un simple dictamen, es un espejo que refleja la incapacidad de nuestra clase política para anteponer el interés general a la pugna partidista. Argumentar, como hace el Gobierno, que la participación del Parlamento otorga legitimidad democrática ignora la esencia misma de la separación de poderes: un poder judicial independiente no puede estar sujeto a los vaivenes del juego político. Se ha priorizado el control sobre la confianza, la cuota sobre la calidad, y ahora cosechamos la desconfianza ciudadana y el señalamiento europeo.
Más allá de la refriega entre Gobierno y oposición, este episodio debería servir como catalizador para una reflexión profunda. No basta con acatar, a regañadientes, las directrices de la Comisión de Venecia; es imperativo **construir un sistema que blinde la independencia judicial desde sus cimientos, garantizando que los jueces sean elegidos por sus méritos y trayectoria profesional, no por su afinidad ideológica.** Quizás la solución no resida únicamente en el modelo de elección por pares, pero sin duda este enfoque, al menos, minimiza la injerencia política. En última instancia, el futuro de la justicia española depende de la voluntad real de nuestros representantes para anteponer la salud democrática del país a sus propios intereses, un acto de generosidad política que, a día de hoy, parece una utopía lejana.
El Diario de Málaga es el periódico digital dónde podrás seguir toda la actualidad malagueña al minuto.
Compartir en...
Completa el formulario o escríbenos a [email protected] y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
