El Tribunal Supremo ha asestado un duro golpe a la defensa de José Luis Ábalos y Koldo García, desestimando los recursos interpuestos contra el auto que ordena investigar a fondo las adjudicaciones bajo sospecha en el ‘Caso Koldo’. La Sala de Apelación, compuesta por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena y Antonio del Moral, respalda sin fisuras la decisión del instructor, Leopoldo Puente, de ahondar en el proceso de adjudicación de obras, especialmente aquellas resaltadas en fluorescente en la documentación aportada por el empresario Víctor de Aldama.
Este varapalo judicial llega en un momento crítico, con la trama de presunta corrupción salpicando cada vez más a figuras relevantes del panorama político. La insistencia de Ábalos y García en evitar determinadas líneas de investigación, calificadas por la defensa como "prospectivas", ha chocado frontalmente con la determinación del Supremo. Los magistrados han sido tajantes: "Avanzar en una investigación no exige poderosos indicios de criminalidad; la investigación se abre precisamente para buscar esos indicios".
La decisión del Supremo no solo ratifica la validez de las pesquisas impulsadas por el juez Puente, sino que también lanza un mensaje claro sobre la necesidad de esclarecer la trama en su totalidad. La investigación, ahora reforzada, se centra en la posible existencia de comisiones ilegales y amaños en contratos adjudicados por el Ministerio de Transportes, tal como denunció el empresario Víctor de Aldama, quien señaló directamente a Ábalos y a otros altos cargos, incluyendo al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La defensa de Ábalos y Koldo ha intentado, sin éxito, argumentar que la investigación en curso podría derivar en una "causa general", algo que está prohibido en el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, el Supremo ha desestimado este argumento, señalando que "indagar la veracidad de la información sobre comportamientos presuntamente delictivos puestos de manifiesto por un co-investigado y con visos de verosimilitud, no tiene nada que ver con lo que sería una repudiada causa general".
El auto del Supremo, contra el que no cabe recurso alguno, supone un espaldarazo a la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigar tanto la adjudicación de las obras como los rectificados o modificados que aparecían destacados en los documentos aportados por Aldama. La lupa está puesta sobre esos detalles, que podrían revelar la existencia de un entramado de corrupción mucho más extenso de lo que se había imaginado inicialmente.
El ‘Caso Koldo’ sigue así su curso, con el Supremo allanando el camino para una investigación exhaustiva que promete arrojar luz sobre uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos tiempos. La confirmación del auto de instrucción es un claro mensaje para aquellos que intentan obstaculizar la búsqueda de la verdad: la justicia, aunque lenta, sigue su curso implacable. El futuro de Ábalos, Koldo y otros implicados pende ahora de los resultados de esta investigación reforzada.
El blindaje judicial a la investigación del ‘Caso Koldo’ por parte del Supremo es, sin duda, una buena noticia para la salud democrática, aunque llega con el regusto amargo de la tardanza. La insistencia de Ábalos y su entorno en frenar el avance de la investigación, apelando a un supuesto riesgo de «causa general», no solo resulta pueril, sino que evidencia un tacticismo dilatorio que socava la confianza ciudadana en las instituciones. En un contexto de creciente crispación política, este tipo de maniobras solo alimentan la sospecha de que se busca proteger a alguien o algo más allá de la simple defensa legal. La pregunta que debemos hacernos no es si se está investigando demasiado, sino por qué ha sido necesario llegar a este punto para que la justicia actúe con la contundencia que requiere un caso de presunta corrupción de esta magnitud.
Sin embargo, el espaldarazo del Supremo no debe convertirse en una licencia para el linchamiento mediático ni en un juicio paralelo. Es crucial recordar que la presunción de inocencia es un pilar fundamental del Estado de Derecho, y que el proceso judicial debe seguir su curso con todas las garantías para los investigados. La investigación reforzada debe ser exhaustiva, pero también escrupulosamente respetuosa con los derechos individuales. Solo así podremos asegurar que, al final del camino, la verdad salga a la luz y se haga justicia, evitando que el ‘Caso Koldo’ se convierta en un nuevo ejemplo de cómo la política y la justicia, en ocasiones, bailan un tango demasiado lento y poco edificante.
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