La situación de desbordamiento en la red de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias es un problema que ha alcanzado límites preocupantes. Las autoridades canarias, encabezadas por el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, han denunciado la falta de acción por parte del Gobierno central y la Unión Europea en esta crisis humanitaria.
Con una red de acogida diseñada para 150 menores pero con 285 actualmente, la isla de El Hierro se encuentra en una situación crítica. La saturación es absoluta, y las ONG que se encargan de brindar apoyo a estos menores migrantes están siendo presionadas para aceptar más niños a pesar de no contar con capacidad para hacerlo.
Ante esta situación, el Gobierno canario ha decidido tomar cartas en el asunto y plantarse ante la inacción del Ejecutivo central. Se han anunciado medidas jurídicas que se detallarán en una reunión con los grupos parlamentarios para abordar el Pacto Canario por la Inmigración. La importancia de la unidad y el interés de los menores por encima de la crispación política es clave en este momento.
Es crucial que se encuentre una solución pronta y efectiva para esta crisis que afecta directamente a niños y adolescentes en una situación vulnerable. La colaboración entre el Gobierno canario, el Gobierno central y las ONG es fundamental para hacer frente a este desafío humanitario y proteger los derechos de estos menores migrantes no acompañados.
La situación de desbordamiento en la red de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias es alarmante y requiere de una acción inmediata por parte de las autoridades pertinentes. Es inaceptable que las ONG se vean presionadas para aceptar más niños de los que pueden atender, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de los menores. La falta de coordinación y respuesta por parte del Gobierno central y la Unión Europea es preocupante y exige una respuesta urgente y efectiva.
El anuncio de medidas jurídicas por parte del Gobierno canario es un paso en la dirección correcta, pero es necesario que estas acciones se traduzcan en soluciones reales y sostenibles para este problema. La protección de los derechos de los menores migrantes no acompañados debe ser una prioridad absoluta, por encima de cualquier disputa política. Es momento de actuar con solidaridad y responsabilidad para garantizar el bienestar de estos niños y adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.
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