La tranquilidad de las viviendas aisladas en la Serranía de Ronda y la Comarca de Antequera, antaño refugio de paz, se había visto perturbada por una sombra esquiva. Pero esa sombra, tejida con la astucia del ladrón y la planificación del criminal, ha sido disipada por la operación ‘Alambrados-Cepa-Gratus’, un golpe maestro de la Guardia Civil que ha puesto fin a la carrera delictiva de una organización experta en robos con fuerza. Los agentes han logrado la detención de doce individuos, desentrañando una madeja de más de 150 delitos que sembraron el pánico en múltiples provincias.
La investigación, que tuvo su germen en las denuncias procedentes de Málaga y Córdoba, pronto reveló un patrón inquietante. Los robos se concentraban en fines de semana y días festivos, momentos en que la presencia policial se diluye entre eventos y celebraciones. Los ‘Alambrados’, como se conocía internamente a la banda, aprovechaban estas brechas en la seguridad para perpetrar sus fechorías, dejando tras de sí un reguero de víctimas y una sensación de vulnerabilidad que calaba hondo en la comunidad.
La banda no era un grupo de improvisados. Su modus operandi, revelado tras meses de pesquisas, demostraba una sofisticación preocupante. Utilizaban vehículos de alquiler para sus desplazamientos, desdibujando su rastro entre el flujo constante de turistas y visitantes. Un equipo de ‘ojeadores’ se encargaba de seleccionar los objetivos, eligiendo viviendas aisladas y con aparentes signos de riqueza. Su sigilo era tal, que llegaban a camuflarse con el entorno, utilizando senderos poco transitados y áreas rurales para aproximarse a sus víctimas.
Una vez elegida la vivienda, entraban en acción los ‘ejecutores’. Con una destreza que evidenciaba años de práctica, cortaban vallas metálicas y forzaban rejas y puertas con herramientas de alta precisión. Una vez dentro, su objetivo principal eran el dinero en efectivo, las joyas y los relojes de alta gama, botín fácilmente transportable y con gran valor en el mercado negro. No dudaban tampoco en llevarse dispositivos electrónicos y, si la ocasión lo permitía, abrían cajas fuertes con la pericia de un cerrajero profesional.
La operación culminó con la ejecución de tres registros domiciliarios en varias localidades de la provincia de Murcia. En estas viviendas, convertidas en auténticos búnkeres, la Guardia Civil halló un arsenal de pruebas incriminatorias: herramientas especializadas para forzar cerraduras y cajas fuertes, documentación falsa utilizada para el alquiler de vehículos y, lo más importante, una importante cantidad de joyas y dinero en efectivo (12.400 euros), cuidadosamente escondidos en oquedades ocultas en las paredes.
El golpe asestado a ‘Los Alambrados’ no solo representa una victoria para la Guardia Civil, sino un alivio para miles de personas que vivían con el temor constante de ser la próxima víctima. La investigación, que se ha extendido a lo largo de varias provincias españolas, ha puesto al descubierto una red criminal organizada y con una capacidad operativa sorprendente. Los detenidos, puestos a disposición judicial, deberán responder ahora por sus actos ante la justicia. La Serranía de Ronda y la Comarca de Antequera, por fin, pueden respirar tranquilas.
La desarticulación de «Los Alambrados» es, sin duda, una buena noticia para la Serranía de Ronda y la Comarca de Antequera. Sin embargo, el hecho de que esta banda haya podido operar con tal sofisticación y durante tanto tiempo plantea interrogantes inquietantes sobre la eficacia de los recursos policiales en zonas rurales. Si bien la Guardia Civil merece reconocimiento por su labor, es crucial analizar si la distribución de efectivos y la dotación tecnológica actual son suficientes para hacer frente a la creciente profesionalización del crimen en áreas remotas. Celebrar la detención no debe cegarnos ante la necesidad de invertir en prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de amenazas, que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y generan una sensación de inseguridad muy perjudicial para el tejido social y económico de estas comarcas.
Más allá del éxito policial puntual, esta operación debe servir como catalizador para un debate más amplio sobre la desigualdad en la seguridad ciudadana. Es evidente que la concentración de recursos en los grandes núcleos urbanos deja a las zonas rurales más vulnerables, convirtiéndolas en un caldo de cultivo para bandas criminales como «Los Alambrados». ¿Estamos realmente protegiendo a todos los ciudadanos por igual, o estamos permitiendo que se cree una doble vara de medir en función del lugar de residencia? Urge un replanteamiento estratégico que priorice la equidad en la distribución de recursos y garantice que la seguridad no sea un privilegio urbano, sino un derecho universal accesible para todos, independientemente de si viven en un piso en el centro de Málaga o en una casa aislada en la Serranía de Ronda.
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