Madrid – Una ceremonia que pretendía ser un gesto de reconciliación histórica se transformó en un estallido de furia y descontento este lunes en Madrid. La Iglesia Católica, con el respaldo de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había organizado un acto de petición de perdón a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, aquella institución franquista donde miles de jóvenes españolas sufrieron vejaciones y abusos desde 1941 hasta 1985. Sin embargo, lo que se esperaba como un momento de contrición y reparación se convirtió en un escenario de gritos, acusaciones y una palpable división ideológica.
Desde el inicio, la tensión era palpable en la Fundación Pablo VI. Tras las primeras palabras del presidente de la Confederación Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, las voces de las víctimas se alzaron, no en agradecimiento, sino en protesta. Decenas de mujeres, sobrevivientes de los horrores del Patronato, irrumpieron con consignas que denunciaban la insuficiencia del acto, la ocultación de crímenes aún más atroces, como el robo de niños, y la impunidad de los responsables. El eco de «¡Verdad, Justicia y Reparación!» resonó con fuerza, desdibujando el guion previsto y sumiendo el evento en el caos.
La figura central de la protesta fue, sin duda, la eurodiputada y ex ministra de Igualdad, Irene Montero. Ubicada en primera fila, a escasos metros de su sucesora, Montero alzó la voz y un cartel con un contundente «NO», liderando un coro de indignación que exigía una investigación exhaustiva y la entrega de todos los archivos relacionados con el Patronato. La periodista Cristina Fallarás acompañó a Montero en esta demostración de rabia y reivindicación.
La imagen de Ana Redondo, sentada a pocos metros de la protesta, imperturbable y silenciosa, contrastaba fuertemente con el fervor de Montero y las víctimas. El silencio de la actual ministra se interpretó como una muestra de la profunda brecha ideológica que separa a las dos figuras clave de la política de igualdad en España. La tensión entre ambas es conocida: Montero no ha dudado en criticar públicamente a Redondo, especialmente en lo referente a la lucha contra la violencia machista. La escena en la Fundación Pablo VI no hizo más que confirmar la fractura existente. Incapaz de contener la creciente ola de protestas, Redondo optó por abandonar el acto, que quedó inconcluso, sin siquiera una clausura formal.
Antes de la ceremonia, Montero había sido clara: «Gobierno e Iglesia deben entregar todos los archivos» relacionados con el Patronato de Protección a la Mujer. Anunció, además, que Podemos registrará una comisión de investigación parlamentaria para «esclarecer la verdad» de lo que vivieron las mujeres internadas en los centros del Patronato. La controversia generada por el fallido acto de perdón pone de manifiesto la necesidad urgente de arrojar luz sobre este oscuro capítulo de la historia española y de garantizar que las víctimas obtengan la justicia y la reparación que merecen. El grito de «¡Ni Olvido, Ni Perdón!» resuena como un compromiso ineludible con la memoria y la dignidad de quienes sufrieron bajo el yugo del Patronato de Protección a la Mujer.
El bochornoso espectáculo en la Fundación Pablo VI no es simplemente un fracaso de protocolo, sino un síntoma alarmante de la desconexión entre las instituciones y la realidad palpable de las víctimas. Pretender cerrar un capítulo tan oscuro con un mero acto de perdón, sin antes haber abordado de manera exhaustiva la investigación de los crímenes y la identificación de los responsables, es un insulto a la memoria y a la dignidad de miles de mujeres. La presencia de la ministra Redondo, muda y aparentemente ajena al clamor que la rodeaba, evidencia una falta de sensibilidad y una miopía política que resultan inaceptables. Este no es un asunto de gestos vacíos, sino de justicia real y reparación integral.
Más allá del oportunismo político que pueda atribuírsele a Irene Montero, su actitud, en contraste con la de Redondo, refleja una necesidad imperiosa de confrontar el pasado con valentía y transparencia. La exigencia de la entrega de archivos y la propuesta de una comisión de investigación parlamentaria son medidas imprescindibles para desenterrar la verdad y evitar que la impunidad siga amparando a los perpetradores. La huida de Redondo del acto no solo es una muestra de cobardía, sino también un mensaje desolador para las víctimas: el Estado parece más interesado en mantener un status quo incómodo que en garantizar la justicia y la reparación a quienes sufrieron las consecuencias de un régimen opresor. Es hora de que la política de igualdad deje de ser un campo de batalla ideológico y se convierta en un espacio de diálogo y acción conjunta en favor de las víctimas.
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