eldiariodemalaga.es, 01 de diciembre de 2025 – Un terremoto político sacude Navarra tras revelarse presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra de ampliación del túnel de Belate, un proyecto de infraestructura clave valorado en 76 millones de euros. La empresa Servinabar, vinculada al empresario Cerdán y objeto de investigación por la Guardia Civil por presuntos cobros de comisiones ilegales, solicitó un aumento de 8,5 millones de euros en el presupuesto inicial de la obra.
La polémica se centra en la figura de Óscar Chivite, tío de la presidenta navarra María Chivite y responsable de obras públicas de la comunidad, quien compareció en el Senado para justificar la solicitud de incremento. Sin embargo, las declaraciones de Chivite han sido puestas en entredicho tras la revelación de un informe de la Intervención General, que contradice su versión y señala directamente a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Servinabar y Acciona como la solicitante del aumento, sin que existieran justificaciones de "necesidad" reales, sino más bien de "oportunidad".
La trama se complica aún más con la admisión de un funcionario del departamento de Industria de Navarra, quien desmintió que la solicitud de modificación del presupuesto proviniera de su sección, como había asegurado previamente el consejero. Este testimonio dejó perplejos a los miembros de la comisión de investigación regional, al tiempo que la Intervención General ha instado a no abonar el modificado, generando un bloqueo en los pagos a la UTE desde el pasado mes de junio.
El informe de la Intervención General desvela presuntas irregularidades en la justificación del aumento de costes, cuestionando la supuesta "imprevisibilidad" de las causas alegadas por la UTE. En particular, se señala que Servinabar y Acciona inicialmente se comprometieron a utilizar un tipo de explosivo fabricado in situ, lo que les permitía evitar la construcción de polvorines y presentar una oferta más competitiva. Sin embargo, la realidad fue diferente: se utilizó pólvora y la construcción de los polvorines corrió a cargo del erario público.
Asimismo, se investiga un cambio en el método de excavación del túnel, pasando de una técnica más económica a otra más costosa, sin que existieran razones técnicas que lo justificaran. La Intervención General alerta sobre una posible "variación del proyecto original" y sobre un incremento injustificado en el precio de las cerchas de sostenimiento del túnel, que podría suponer un desfalco de un millón de euros para la Hacienda navarra.
El escándalo ha provocado una fuerte reacción en la oposición navarra. Geroa Bai (marca navarra del PNV) y Bildu, socios del gobierno de María Chivite, exigen responsabilidades a los Chivite, a pesar de haber votado junto al PSN para evitar la comparecencia en la comisión de investigación del dueño del Grupo Noticias, cuyo hijo figura como accionista de Servinabar. La obra de Belate se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el gobierno navarro, poniendo en tela de juicio la transparencia y la gestión de los fondos públicos. La UCO y el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ya investigan el caso. El futuro político de la presidenta Chivite y su equipo pende de un hilo, mientras la ciudadanía exige explicaciones y transparencia en este turbio asunto.
El escándalo de Belate, lejos de ser un caso aislado, es un síntoma preocupante de una enfermedad endémica en nuestra administración pública: la opacidad y la connivencia entre intereses políticos y empresariales. La cascada de irregularidades, desde la solicitud injustificada de fondos adicionales hasta la sospechosa modificación de técnicas de construcción, apunta a una cultura de la impunidad donde el dinero público se considera una fuente de enriquecimiento fácil. La implicación del tío de la presidenta Chivite, aunque aún por demostrar judicialmente, erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad de las instituciones y alimenta la sensación de que los cargos públicos responden más a intereses familiares y partidistas que al bien común. Urge una investigación exhaustiva e independiente, no solo para depurar responsabilidades penales, sino también para implementar mecanismos de control más robustos y transparentes que prevengan futuros desmanes.
La reacción de la oposición navarra, si bien previsible, revela también las profundidades de la hipocresía política. Que Geroa Bai y Bildu, socios del gobierno, ahora exijan responsabilidades después de haber obstaculizado la comparecencia de figuras clave en la investigación, es un ejercicio de cinismo que insulta la inteligencia del electorado. Este caso debería servir como catalizador para una profunda reflexión sobre la necesidad de una ética pública más exigente, donde la transparencia y la rendición de cuentas sean principios inquebrantables, y donde los intereses particulares no prevalezcan sobre el interés general. De lo contrario, seguiremos asistiendo a espectáculos lamentables como este, que minan la credibilidad de la política y alejan a la ciudadanía de la participación democrática.
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