La marea verde de la educación asturiana inundó este domingo las calles de Oviedo en una manifestación que clama por un cambio radical en las condiciones laborales y salariales del profesorado. A las puertas de una crucial reunión entre el Gobierno del Principado y los sindicatos, miles de docentes se unieron en una protesta que resonó con fuerza en la capital asturiana, evidenciando la profunda crisis que atraviesa la enseñanza pública en la región. El eco de los gritos «Ni un paso atrás» y «Barbón, escucha, la escuela está en la lucha» se sintió con especial intensidad tras la reciente dimisión de la Consejera de Educación, un claro síntoma del punto de ebullición al que ha llegado el conflicto.
Más allá de la exigencia de una equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas, los docentes han alzado la voz para denunciar una situación que consideran insostenible. La reducción de ratios en las aulas, la aplicación efectiva de la reducción horaria para los mayores de 55 años, la necesidad de un nuevo acuerdo de plantillas, la desburocratización «urgente» del trabajo y el reconocimiento del tiempo dedicado a coordinación, tutoría y tareas pedagógicas son solo algunas de las reivindicaciones que marcan la agenda de un colectivo exhausto y desmoralizado. La tensión se palpa en el ambiente, y la radicalización de las movilizaciones anunciada por los sindicatos a partir de mañana augura un panorama incierto para el futuro inmediato de la educación en Asturias.
La situación se agrava aún más con la dimisión en bloque de 85 directores de centros docentes, principalmente de educación primaria. Este gesto, sin precedentes en la región, pone de manifiesto el profundo malestar y la desesperación ante un bloqueo en la negociación que parece no tener fin. Estos profesionales, que se encuentran en la primera línea de la gestión educativa, han expresado su frustración por la falta de soluciones y la inacción del Gobierno, lo que les ha llevado a tomar una decisión drástica que tendrá consecuencias directas en el funcionamiento de los centros educativos.
El pulso entre el Gobierno y los sindicatos se recrudece, y la huelga indefinida en todas las etapas educativas no universitarias continúa paralizando la actividad escolar. La reunión de mañana se presenta como una última oportunidad para alcanzar un acuerdo que evite un conflicto aún mayor. Sin embargo, la desconfianza es palpable, y la brecha entre las posturas parece cada vez más difícil de salvar. ¿Será capaz el Gobierno de Barbón de dar un giro de timón y escuchar las demandas de un colectivo que se siente «ignorado, maltratado y precarizado»? El futuro de la educación asturiana está en juego.
La crisis en la educación asturiana, ejemplificada en la masiva manifestación y la dimisión de directores, no es un problema aislado, sino un síntoma preocupante de la desvalorización sistemática del profesorado en España. Más allá de la legítima reivindicación salarial –la equiparación con otras comunidades es una necesidad, no un capricho–, subyace un sentimiento de desamparo y una sobrecarga burocrática que asfixia la vocación docente. La dimisión de directores, un acto desesperado y sin precedentes, debería sonar como una alarma ensordecedora en los despachos del Principado, advirtiendo que la cuerda está a punto de romperse. No se trata únicamente de números y presupuestos; se trata del futuro de una generación y de la calidad de la enseñanza pública.
Si bien es comprensible la cautela del Gobierno ante las demandas económicas, la falta de diálogo y la percepción de inacción son imperdonables. La situación exige una respuesta política valiente, que priorice la inversión en capital humano y reconozca el papel fundamental del docente en la sociedad. No basta con promesas vacías o medidas paliativas; es necesaria una reforma profunda que desburocratice la labor del profesor, fomente su desarrollo profesional y le proporcione las herramientas necesarias para afrontar los retos del siglo XXI. La educación no es un gasto, sino la inversión más rentable que una sociedad puede realizar. Ignorar las voces de los docentes es hipotecar el futuro de Asturias y, por extensión, el de España.
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