Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional, ha redoblado su ofensiva para retrasar el fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, generando una profunda división en el seno del órgano. A través de una nueva misiva dirigida al presidente Cándido Conde-Pumpido, Arnaldo ha expresado su "preocupación" por lo que considera un "apresuramiento" injustificado en la deliberación y votación de una ley que, a su juicio, marcará un antes y un después en la historia del Tribunal. La insistencia del magistrado llega en un momento crucial, justo cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se prepara para celebrar una vista clave el próximo 15 de julio sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas español en relación con la amnistía.
La sombra de la desconfianza planea sobre el debate. Arnaldo denuncia una "falta de auténtica deliberación" en el Tribunal, acusando a algunos de sus miembros de convertir el proceso en una mera formalidad previa a la votación. En su carta, el magistrado conservador clama por un debate que vaya más allá de la "pura sucesión de intervenciones que se cruzan, pero no se encuentran", buscando un espacio donde las "razones, ideas y argumentos" puedan confluir para enriquecer la propuesta inicial y alcanzar una posición común. Esta crítica velada a la metodología empleada por la mayoría progresista del TC ha encendido aún más los ánimos en un ambiente ya de por sí crispado.
La respuesta de Conde-Pumpido no se ha hecho esperar. El presidente ha habilitado el Pleno de la próxima semana, desde el lunes hasta el viernes, con el objetivo de deliberar y votar sobre la amnistía, una medida que, según Arnaldo, "traslada un mensaje" claro a la sociedad: la sentencia debe estar lista antes de que termine la semana. Esta decisión, interpretada por algunos como una muestra de firmeza y por otros como una imposición, ha exacerbado las tensiones internas y ha alimentado las acusaciones de falta de transparencia y de ceder a presiones políticas.
En un intento por calmar las aguas, Conde-Pumpido ha informado de que la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, favorable a la constitucionalidad de la ley, incluirá un apartado sobre la propuesta de plantear una cuestión prejudicial al TJUE. Sin embargo, esta concesión no ha sido suficiente para apaciguar a los magistrados conservadores, quienes ven en esta medida una mera formalidad destinada a legitimar una decisión ya tomada. La batalla por la Ley de Amnistía ha llegado a su punto álgido, y el Tribunal Constitucional se enfrenta a una de las decisiones más trascendentales de su historia, con el fantasma de la división y la desconfianza acechando en cada esquina. El futuro de la convivencia política en España pende de un hilo, y la decisión final del TC podría tener consecuencias impredecibles.
La crispación en el Tribunal Constitucional ante la Ley de Amnistía no es, ni mucho menos, una sorpresa. Sin embargo, la insistencia de Arnaldo en dilatar el proceso revela una profunda fractura que va más allá de las diferencias ideológicas. **Su denuncia de una «falta de auténtica deliberación» es un golpe directo a la credibilidad del TC**, sugiriendo que las decisiones se toman más por afinidad política que por un riguroso análisis jurídico. Es preocupante que un magistrado cuestione abiertamente la integridad del debate interno, y aunque Conde-Pumpido intente ofrecer garantías de imparcialidad, la sombra de la politización se alarga sobre el Alto Tribunal. La ciudadanía, con razón, se pregunta si el futuro de la convivencia política está realmente en manos de juristas independientes o de marionetas al servicio de intereses partidistas.
En este contexto, la habilitación del Pleno por parte de Conde-Pumpido, aunque justificada en aras de la celeridad, puede ser contraproducente. **La percepción de que se busca una sentencia «antes de que termine la semana» alimenta las acusaciones de presión política**, dando alas a quienes ven en la Ley de Amnistía un peligro para el Estado de Derecho. Quizás, un proceso más pausado y transparente, aunque más largo, habría servido para fortalecer la legitimidad del TC y para mitigar la polarización social. La cuestión prejudicial al TJUE, aunque un gesto en la dirección correcta, corre el riesgo de ser percibida como un mero trámite para legitimar una decisión ya tomada. Al final, lo que está en juego no es solo la constitucionalidad de una ley, sino la confianza de la sociedad en sus instituciones.
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